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Producción: Tomás Lukin

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Cobrarán más y más rápido

Por Juan González Gaviola *

Al proyecto de ley de Reparación de los Daños Derivados de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales que se está debatiendo en el Congreso se lo intenta llevar a un debate entre resarcimiento versus prevención. En la práctica, esto no es así. Preocupación. A esta sensación suelen apelar quienes intentan instalar que se está dejando de lado el capítulo sobre la prevención. Y lo traen como si fuera un tema del cual no nos estuviéramos ocupando. Este gobierno, dentro de sus políticas de trabajo decente, no está esperando una nueva ley para tratar la prevención. Lo viene haciendo y con resultados positivos.

Desde 2003, se modificaron criterios emergentes de la ley y se aplicaron políticas preventivas, acompañadas con una mejora sustancial en los índices de siniestralidad. En el trienio 2008-2010 la caída del índice de mortalidad fue de un 30 por ciento y la de accidentes comunes alrededor de un 22 por ciento, en un contexto de incorporación de millones de nuevos puestos de trabajo y crecimiento económico a tasas superiores al 8 por ciento. La política de prevención está basada en tres pilares fundamentales: formación, reglamentación e inspección. El primero de carácter formativo, para generar conciencia sobre la necesidad de tener empleos seguros que no perjudiquen la salud del trabajador, a través de campañas de capacitación promovidas y efectuadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo en el ámbito sindical, empresarial y técnico.

El segundo pilar es el reglamentario, a partir del programa de prevención secundaria. Todos los años se calcula la siniestralidad promedio de determinadas actividades, diferenciados por un clasificador internacional. A las empresas que exceden el promedio de la actividad se las ubica en una especie de régimen de terapia intensiva con una mayor cantidad de presencias de los organismos de fiscalización y la ART. A estos debemos agregarles una nueva etapa más ambiciosa: el avance en materia de prevención primaria que va al riesgo en su fuente, trata de minimizarlo o eliminarlo y no espera que se provoque un accidente.

A partir de 2009 es obligatorio por parte del empleador la realización de un mapa de riesgo que implica la detección de todos los riesgos potenciales de cada establecimiento, acompañado de un plan de mejoramiento. Esta responsabilidad que, en primera instancia es del empleador, debe ser supervisada por la ART. En caso de incumplimiento por parte del empleador, se debe denunciar a la SRT y a través de ella a las provincias para que procedan de acuerdo con sus facultades. Hoy, toda esta tarea se desarrolla por vía electrónica y en forma automática. Además, anualmente se realizan más de 700.000 visitas a establecimientos y se denuncian más de 810.000 puntos de infracción a las 535.000 empresas que hoy están registradas en el sistema.

Una tarea pendiente es diagnosticar mejor aún las enfermedades profesionales. Hoy en la práctica están subregistradas y subdiagnosticadas, pero estamos mejorando los seguimientos de los exámenes preocupacionales y los exámenes periódicos, habiéndose incrementado la cantidad en los últimos años.

La tercera parte en la política de prevención es el fortalecimiento del sistema inspectivo. Desde 2008 se han cuadruplicado los inspectores en materia de higiene y seguridad. Se niveló su capacitación, y se les dio acceso a bases de datos y netbooks que permiten orientar su acción en forma programada. Esto produjo un crecimiento en más de diez veces la cantidad de inspecciones anuales. En 2007 se coordinaban 2700 inspecciones, en 2012 vamos a terminar con más de 29.000. Pero esto no nos conforma. Estamos convencidos de que se puede hacer más. No es menor que en un período acotado y en el medio de un crecimiento económico explosivo, hayamos logrado tener menos accidentes con más gente trabajando. En la actualidad, Argentina tienen indicadores comparables a los de muchos países desarrollados.

Otro tema sustancial es el capítulo de recuperación de la salud. Se atienden anualmente cerca de 650.000 accidentes. Con un promedio de 30 días de cobertura, en los cuales el 90 por ciento de los accidentados recupera su salud en forma integral sin ningún tipo de incapacidad definitiva. Hoy todos los prestadores están registrados y auditados por médicos de la SRT en sus establecimientos.

Frente al proyecto que la Presidenta envió al Congreso, llama la atención que algunos planteen como retroceso que un trabajador cobre más y más rápido, en pago único con actualizaciones semestrales. Es otro paso en las mejoras implementadas en el mundo del trabajo. Desde 2003, hay más empleo, más registro, mayor participación del salario en la renta y un incremento en la seguridad con un menor índice de accidentes y muertes. A su vez esta ley brindará mejores indemnizaciones y más rápidas. Lo opuesto al texto y al espíritu de la ley 24.557. Los cambios laborales son permanentes. Y progresivos. La protección a los trabajadores va a continuar exigiendo mejoras. El Gobierno, como siempre, las va a encarar en la misma dirección que viene llevando, con gestión y acciones concretas. Y a través de leyes, decretos, resoluciones o de las normas que sean necesarias para alcanzar el empleo seguro.

* Superintendente de Riesgos del Trabajo.

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El lobo y las gallinas

Por Luis Enrique Ramírez *

Cómo se imagina que puede funcionar un sistema en el que existe un operador que debe brindar protección a un grupo de personas, cuando el primero tiene intereses opuestos y contradictorios con los de éstas? Seguramente mal. ¿Y si además la correlación de fuerzas entre ellos es absolutamente desigual? Peor aún. Eso sucede con las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que son sociedades comerciales que lucran con el sistema, y las víctimas de siniestros laborales. Entre ambas partes siempre se plantea un juego de suma cero: lo que una gana la otra lo pierde, y en este partido siempre pierden los más débiles.

El objeto social de una ART es ganar dinero, ya que para eso la crearon sus accionistas. Lógicamente, cuanto menos costosa sea la cobertura que brinda a los trabajadores, mayor será su nivel de ganancias. Como contrapartida, las víctimas legítimamente aspiran a la mejor y mayor protección. El choque de intereses es natural e inevitable. Al campo de batalla concurre la aseguradora con todo su arsenal económico y sus batallones de asesores y profesionales. ¿Y el trabajador? Generalmente solo e indefenso.

Las ART, primas hermanas de las desaparecidas AFJP, son un subproducto de la privatización de la Seguridad Social que despiadadamente realizó el menemismo. Parida por la matriz ideológica del neoliberalismo de los ’90, la Ley de Riesgos del Trabajo agoniza, fulminada por varios misiles disparados por la Corte Suprema de Justicia en 2004. Por esto es que hace 8 años que estamos aguardando una nueva ley, que se lleve bien con la Constitución y que ponga el eje en la protección de la vida y la salud de los trabajadores, y no en el negocio de algunos grupos económicos y financieros. El Gobierno impulsa un proyecto que denominaron una ley “corta”, que sólo se ocupa de la cuestión de la reparación de los daños que sufre el trabajador y que se olvida totalmente de la prevención de los siniestros laborales, además de otras graves cuestiones observadas por la Corte Suprema. Una ley “corta” y con una lamentable técnica legislativa, que seguramente aumentará la temida “litigiosidad” que tanto obsesiona al sector empresario.

El problema, parece ser, está en la “industria del juicio” y no en los centenares de miles de accidentes y enfermedades laborales que ocurren por año, y que, en palabras de la OIT, en su inmensa mayoría son evitables. Pero si son evitables entonces no son “accidentes”, nombre que no deja de ser una concesión nada neutral del lenguaje. Si el accidente se pudo evitar, entonces tenemos que hablar de lesiones u homicidios culposos, en el mejor de los casos para los responsables. Pero, aparentemente, el problema que hay que solucionar urgente es el de la “litigiosidad”, lo demás puede seguir esperando.

Creer que la litigiosidad se terminará simplemente porque se mejoran las indemnizaciones es desconocer por dónde falla el sistema. Porque se deja intacto el problema principal, que son las enfermedades de origen laboral, que las ART sistemáticamente rechazan. Si para la OIT cerca del 38 por ciento del total de siniestros laborales son enfermedades profesionales, en nuestro país no llegan al 3 por ciento, no como consecuencia de un milagro argentino, sino por la actitud refractaria de las ART. Prácticamente no se registran casos de cáncer laboral, y las patologías del sistema osteomuscular –las más comunes en la era industrial– son una rareza en nuestro país, al igual que las enfermedades respiratorias y el estrés laboral. Ni hablar de los llamados trastornos mentales y del comportamiento, incluidos por la OIT en su actual listado de enfermedades profesionales, pero totalmente desconocidos en nuestro sistema de riesgos del trabajo.

El verdadero problema no radica en cómo dejamos satisfechos con la reparación que reciben a los trabajadores que están dentro del sistema, sino qué hacemos para que esa inmensa mayoría que queda afuera –para garantizar la tasa de ganancia de las ART– reciba el amparo que merecen y necesitan. Mientras esperamos una ley “larga”, el lobo se sigue comiendo a las gallinas, aunque la culpa no es del lobo, que responde a su naturaleza, sino de los que le abrieron el gallinero. O de los que, pudiendo sacarlo, miran para otro lado mientras se da el festín.

* Vicepresidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.