Sábado, 3 de noviembre de 2012 | Hoy
ECONOMíA › EL GOBIERNO LES PEDIRA A LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS QUE DESTINEN RECURSOS PARA LA EXPANSION DE YPF
Dentro del plan para que las aseguradoras destinen hasta el 10 por ciento de su cartera a inversiones productivas, el Gobierno pretende que una porción de esos recursos vaya a YPF. También se prepara un instrumento para financiar a las pymes.
Por Javier Lewkowicz
El Gobierno quiere dirigir el ahorro nacional que manejan las aseguradoras hacia la inversión productiva y en infraestructura, en particular hacia YPF, aunque también para pymes, a través de instrumentos que se están delineando. El Plan Nacional Estratégico del Seguro elaborado por la Superintendencia de Seguros junto a distintos actores del sector preveía el financiamiento a la producción como un plan a mediano plazo, pero los tiempos políticos y la necesidad de profundizar la acción contracíclica determinó que la exigencia para las firmas se volviera más estricta. Antes del 31 de marzo de 2013, unos 3500 millones de pesos deberán destinarse a la producción; y en junio, unos 7 mil millones. Las empresas tienen invertido en ese concepto por ahora sólo 88 millones de pesos.
El crecimiento que debe mostrar la cartera de créditos para inversión productiva es muy grande. YPF es capaz de absorber esa masa de recursos, algo que está en línea con las necesidades de la firma estatal y con la intención del Gobierno, que busca incentivar la exploración, extracción y producción de hidrocarburos. Antes de la publicación de la resolución que exige a las empresas invertir en la producción, el Gobierno sugirió a las aseguradoras que participen de la emisión de obligaciones negociables de YPF a mediados de octubre. De los 423 millones de pesos que obtuvo la petrolera, las aseguradoras aportaron entre 80 y 100 millones, indican fuentes del mercado. En el nuevo lanzamiento de YPF no hubo pedido oficial hacia el sector.
El primer paso para modificar la lógica de inversión de las aseguradoras fue la obligación que el Gobierno introdujo en octubre del año pasado para que repatríen 1800 millones de dólares invertidos en el extranjero. El stock total de recursos es ahora de 64 mil millones de pesos, de los cuales el 43 por ciento está invertido en títulos públicos, el 26 por ciento en plazos fijos y el resto en fideicomisos financieros y obligaciones negociables. La Superintendencia calcula que sólo el 0,16 por ciento, unos 88 millones, están en inversiones productivas.
La exigencia oficial es que el 5 por ciento de la cartera total de activos se dedique en marzo al financiamiento de la producción e infraestructura, para llegar al 10 por ciento en junio (unos 7 mil millones de pesos) y al 20 por ciento más adelante. El problema, admiten en el Gobierno, es que escasean los instrumentos. Por eso un comité conformado por la Secretaría de Política Económica, Comercio Interior, Finanzas e Industria, que se reuniría la semana que viene, definirá los instrumentos a disposición de las aseguradoras. Industria presentaría un instrumento para financiar a las pymes. Un factor a tener en cuenta es de qué activos se desprenderán las firmas, aunque la Secretaría de Finanzas no puso mayores objeciones para que vendan títulos públicos. Se creará un consejo consultivo con actores del sector para analizar la implementación.
Un inconveniente que se presenta es el tipo de negocio que llevan a cabo las aseguradoras, donde los seguros patrimoniales, el auto y la ART concentran el 80 por ciento del mercado, que tienen plazos más cortos. El resto son seguros personales, como de vida y retiro, que podrían aportar recursos de largo plazo. Por esta situación, la exigencia para financiar la producción es menor para las ART que para el ramo vida y retiro, y éstas, a su vez, menor que en seguros generales y reaseguradoras.
El Plan 2020 del sector también prevé un crecimiento de la producción de seguros. Una opción que se está estudiando en Agricultura y Economía es el seguro agrícola multirriesgo para la próxima campaña, contra inundaciones y sequía. Se trataría de un seguro no obligatorio, aunque el productor, de no contratarlo, no podría acceder a los subsidios oficiales. Por ahora está vigente el seguro contra granizo, aunque cubre sólo un 10 por ciento de las pérdidas que, por cuestiones climáticas, ocurren en el campo.
En la actualidad funcionan en el mercado 181 aseguradoras y 28 reaseguradores. Es un sector que opera de manera competitiva y que depende de la marcha del mercado interno, especialmente de la creación de empleo, por las ART, y del consumo de autos. Junto a la fuga de capitales, los recursos que acumulaban las AFJP y el ahorro que los bancos retacean a la producción, los activos en manos de las aseguradoras forman parte del ahorro nacional que no se canalizaba, y en algunos casos tampoco lo hace ahora, hacia la inversión productiva.
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