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Argentina declaró la cesación de pagos más grande de la era moderna en 2001. También concretó el canje de deuda más exitoso por el porcentaje de quita de capital, extensión del plazo de pago y baja de la tasa de interés de los bonos que reemplazaron a los del default. Consiguió una aceptación muy elevada a la propuesta del trueque de papeles alcanzando el 93 por ciento del total de acreedores en dos operaciones, realizadas en 2005 y 2010. A partir del cierre del primer canje, el kirchnerismo se ha convertido en el período político que más deuda ha pagado en forma neta desde el regreso de la democracia. Hasta involucró montos considerables de reservas en dólares del Banco Central en la constitución de fondos de desendeudamiento para cancelar en fecha cada uno de los vencimientos de capital e intereses. Quienes entendieron las motivaciones político-económicas de este ciclo y no quedaron atrapados de la lógica de la ortodoxia, eludiendo diagnósticos y pronósticos alarmistas sobre la economía local, ganaron y están ganando mucho dinero con la deuda argentina. No es el caso de los dueños de títulos de deuda que rechazaron dos veces la oferta argentina. Los denominados fondos buitre, inversores multimillonarios estadounidenses, con sede en paraísos fiscales, son muy poderosos pero, en este caso, en términos de retorno financiero sobre el capital acumulan diez años de una pésima inversión manteniendo los bonos del default. En el total de su patrimonio, ese quebranto les resulta insignificante y, pese al deseo de analistas y financistas locales, los buitres todavía no contabilizaron un triunfo monetario, aunque sí simbólico, como el embargo de la Fragata Libertad o el insólito fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Por ahora la pelea entre la Argentina-David y el fondo buitre más famoso del mundo-Goliat no la está ganando el más grande, pese a la hinchada a favor que reúne en sectores locales minoritarios e influyentes.

Con la capacidad de presión de un patrimonio de miles de millones de dólares, el fondo buitre manejado por Paul Singer ha forzado la interpretación del principio jurídico pari passu (con igual paso, en latín). En concursos de acreedores, como fue el default y la posterior convocatoria al canje de bonos de Argentina, se aplica ese criterio que define que todos los acreedores son iguales, sin importar el monto reclamado, y que la distribución del capital entre ellos no debe tener preferencias. Así fue con los bonistas que aceptaron las condiciones de las dos oportunidades del canje de títulos. Los fondos buitre optaron por judicializar la posibilidad de cobro de la deuda, reclamando el ciento por ciento más intereses del capital de los bonos en default.

El aspecto extravagante del reclamo es que invocando el pari passu piden cobrar más que los acreedores que aceptaron el canje, porque pretenden el ciento por ciento del capital más intereses sin la quita, extensión del plazo y disminución de la tasa. La aceptación del criterio de los buitres viola, precisamente, el pari passu, puesto que los colocaría en una situación de preferencia sobre el resto. Ellos argumentan que el Estado argentino cuenta con fondos para abonar a los tenedores de los nuevos bonos, y entonces debería repartir esos recursos para pagarles también a ellos. Es cierto que Argentina tiene los dólares para abonar a los bonistas, pero los fondos buitre no participaron de las dos rondas del canje y exigen que se les reconozca el ciento por ciento de sus tenencias en default.

El Fondo Elliot, uno de los buitres de Singer, se había comprometido, en 2003, ante el juez Thomas Griesa a no utilizar ese recurso “en cualquier momento en el futuro cercano o lejano”. Así lo expresaron a partir de un pedido de aclaración de los abogados de la Argentina teniendo en cuenta el antecedente de los efectos negativos contra Perú en una operación de canje de deuda del 2000 donde intervino un fondo de Singer. Griesa demandó precisiones al Fondo Elliot y recibió el compromiso mencionado. El incumplimiento de esa promesa revela el fracaso de los buitres en cobrar la deuda comprada a precio ganga durante el default. No lo lograron con 28 intentos de embargos a activos argentinos, y por eso ahora apelan al atropello del pari passu. Esta postura, a la vez, es una prueba para el juez Griesa de demostrar si se siente cómodo de haber sido engañado por los abogados de Singer.

El antecedente de Perú es ilustrativo de la capacidad de los fondos buitre para conseguir fallos favorables en tribunales débiles, como el de Accra, Ghana, para retener la Fragata Libertad violando tratados de inmunidad internacionales. En el caso de la reestructuración de la deuda peruana, Singer se valió del concurso de un juez belga que aceptó la interpretación forzada del criterio pari passu obligando al Estado peruano a aceptar usurarias pretensiones bajo el riesgo de hacerle fracasar toda la operación. El valor nominal de las tenencias de Singer era por 20 millones de dólares, aunque las obtuvo por 5 millones en 1995. Finalmente, obtuvo un fallo por 58 millones de dólares, que Perú decidió pagar para poder continuar con la operación de canje. Con esa referencia, ante el reclamo de los abogados argentinos, Griesa había pedido una aclaración, que el fondo de Singer brindó, pero luego de varios años sin éxitos hoy rescata el pari passu buitre como último recurso para cobrar, prueba de las pérdidas financieras contabilizadas por no aceptar las dos ofertas de canje de Argentina.

Interpretar esta jugada de los fondos buitre como fortaleza e incluso especular con un fallo judicial favorable que discriminaría al 93 por ciento de los acreedores, cuando el mínimo sentido común jurídico lo evaluaría absurdo, sólo es posible en la pretensión de castigar a la Argentina por parte de algunos grupos de intereses. Esto no implica necesariamente una resolución positiva para el país porque no hay que desestimar la capacidad financiera e influencia política de los fondos buitre. Sólo esos atributos explican la permanencia de su vuelo sobre las finanzas globales sin una intervención firme de las potencias mundiales del G-20 para limitar su acción, para neutralizar los paraísos fiscales donde tienen sus guaridas y regular la intervención de las calificadoras de riesgo.

El recorrido de la deuda, el default, la posterior renegociación, los juicios e intentos de embargos sobre activos argentinos de fondos buitre exponen en forma implacable los elevados costos de la cesión de soberanía jurídica, ya sea por los Tratados Bilaterales de Inversión o por las condiciones de emisión de títulos de la deuda. Los fondos buitre pueden hacer juicios contra Argentina porque los bonos fueron emitidos bajo jurisdicción de Estados Unidos, con el argumento de que así se obtendría una mayor aceptación motivada a partir del concepto gaseoso de “seguridad jurídica”, para el acreedor. En realidad, era una trampa de la que ahora el país trata de librarse defendiéndose en tribunales de Nueva York con una cuenta costosa de estudios de abogados.

El litigio prolongado con los buitres y los desarrollados en el Ciadi, tribunal parcial del Banco Mundial a favor de las multinacionales, son antecedentes categóricos para empezar a diseñar una estructura legal y operativa nacional para recuperar plenamente la soberanía jurídica.

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