El Gobierno realizará una presentación ante la Justicia para evitar que las provincias apliquen impuestos al consumo de nafta, como hizo Córdoba y quieren hacer la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. “Es incompatible desde el punto de vista impositivo y en términos políticos es un claro desaliento al consumo. Nosotros no estamos buscando eso. Vamos a hacer la presentación en la Comisión Federal de Impuestos en primer lugar y también haremos los recursos judiciales que sean pertinentes en defensa del consumo de los argentinos. No corresponde aplicar tal aumento porque hay superposición impositiva”, explicó ayer el ministro de Planificación, Julio De Vido, luego de su disertación en la Convención Anual de la UIA. También se manifestaron en contra del aumento el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el titular de Interior y Transporte, Florencio Randazzo.

Luego de asumir la responsabilidad del subte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Mauricio Macri anunció que para financiar el mantenimiento y la expansión de la red buscará introducir un impuesto a la nafta. Según explicó la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal, serían 40 centavos por litro de nafta especial, 30 centavos por litro en el resto de las naftas y 20 centavos para gasoil. El proyecto, que también contempla subas de peajes y del impuesto a las patentes, debe ser aprobado por la Legislatura porteña.

El gobierno cordobés de José Manuel de la Sota eligió aplicarle un aumento a la nafta para financiar obras de infraestructura. La Legislatura de esa provincia aprobó a comienzos de septiembre un proyecto que elevó 40 centavos el litro de nafta premium, 30 centavos la nafta súper, 20 centavos el gasoil común y 15 centavos el metro cúbico de gas comprimido. Por último, el gobierno de Daniel Scioli está evaluando aplicarle un impuesto al consumo de nafta para financiar un plan de mejoramiento integral de las rutas de la provincia. El ministro de Infraestructura bonaerense, Alejandro Arlía, afirmó que el monto del gravamen podría ser de 10 centavos por cada litro de combustible, de modo de recaudar unos 720 millones de pesos por año.

“El aumento a las naftas es contrario a la política económica y de inclusión social del gobierno nacional. Creemos que no soluciona el problema, sino que lo agrava, porque seguramente habrá menos tránsito y menos consumo. Es una medida de tipo restrictiva, de ajuste. Nosotros hemos hecho el 80 por ciento de la red caminera nacional y no hemos aplicado ningún impuesto a los combustibles extra”, señaló De Vido. “Al haber una inconstitucionalidad manifiesta en una norma, el camino que debe recorrerse es el de la Justicia. El absurdo es tal que sólo podría compararse con una decisión del gobierno nacional de decidir cobrar el impuesto a las patentes o el inmobiliario urbano o rural que perciben las provincias”, criticó, por su parte, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino.

El Gobierno va a recurrir a la Justicia y a la Comisión Federal de Impuestos para frenar esos aumentos. “No se puede generar un esquema de subsidio cruzado o simplemente mejorar los ingresos públicos a través de gravar el consumo de los combustibles, como lo que pretenden hacer varios distritos. En el último año hubo una recuperación del precio del combustible y nosotros consideramos que es el valor adecuado y que no puede ser distorsionado por ninguna tasa o impuesto”, completó De Vido. Por su parte, Carlos Acuña, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Estaciones de Servicio, advirtió que de gravarse el combustible para recaudación provincial “los dueños de pequeña y media empresa se van a transformar en agente de retención” y “los recaudadores de ellos serían los trabajadores”.

En el sector petrolero también manifestaron su preocupación. Fuentes de la industria afirmaron a este diario que “en momentos en que la energía necesita más que nunca incentivos para la inversión, resulta contraproducente y desatinado que estos gobernadores quieran hacerse de fondos para obras propias con los recursos de los combustibles”. Temen que afecte los ingresos de las empresas, en momentos de máxima necesidad para frenar la importación y producir más.