El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, confirmó que el Gobierno estaría dispuesto a enviar una iniciativa al Congreso para reabrir el canje de deuda y que ingresen los fondos buitre que litigan contra el país en Nueva York y rechazaron participar del proceso de reestructuración, tal como informó ayer Página/12. “La fórmula de pago que propuso el juez Thomas Griesa es contraria a las leyes argentinas. Una propuesta que traslade a los bonistas que no entraron a la reestructuración las condiciones del canje de 2010 tendría visos de razonabilidad que permitirían un debate legislativo”, sostuvo ayer el titular del Palacio de Hacienda en declaraciones radiales.

El lunes el estudio de abogados que representa al país ante la Justicia de Nueva York solicitó a la Cámara de Apelaciones que suspenda la decisión del juez Griesa que ordenó pagarles a los fondos buitre el ciento por ciento de sus bonos y los intereses acumulados hasta que se resuelva el proceso de apelación. La presentación cuestiona la orden del magistrado y sostiene que, si hubiera dispuesto una fórmula de pago “equitativa”, “el Poder Ejecutivo de Argentina hubiera propuesto tratar a los demandantes [N.d.R.: los fondos buitre] de la misma forma que a los participantes del canje de 2010, pero esto tomaría tiempo y estaría sujeto a la aprobación del Congreso”. En ese sentido, el escrito oficial reitera a los camaristas que “el Poder Ejecutivo de Argentina podría recurrir al Congreso para ofrecer un tratamiento equitativo a los demandantes y el resto de los bonistas”.

Las afirmaciones vertidas en la presentación y precisadas por Lorenzino no implican una inmediata reapertura del canje. De hecho, la naturaleza de los buitres es no aceptar las ofertas de reestructuración y reclamar por el ciento por ciento de sus acreencias. Argentina hizo dos operaciones, en 2005 y 2010, donde participó el 92 por ciento del total de los tenedores de bonos aceptando una quita cercana al 70 por ciento, una reducción de los intereses y la extensión de los plazos de pago hasta 2038. Los buitres encabezados por los fondos especulativos NML Capital y Dart, propiedad de Paul Singer y Kenneth Dart, respectivamente, rechazaron ambas convocatorias y optaron por reclamar ante la Justicia y trabar embargos alrededor del mundo.

El equipo económico considera que el Gobierno “abrió una puerta” para destrabar el conflicto. La incorporación de ese “guiño” fue debatida extensamente al interior del Gobierno durante el fin de semana ya que, hasta la semana pasada, sostenía una posición muy dura contra el reclamo de los buitres. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y Lorenzino habían asegurado que “Argentina no va a pagarles ni un dólar a los fondos buitre”.

En la presentación se afirma que si Griesa hubiera dispuesto una fórmula de pago que tratara a los buitres y a los bonistas que ingresaron a la reestructuración en los mismos términos que Argentina ofreció durante el segundo canje en 2010, “hubiera sido un remedio consistente con los antecedentes amparados por la ley argentina y podría ser una propuesta que el Congreso argentino podría debatir”. Esa afirmación ofrece una alternativa a los tres jueces de la Cámara de Apelaciones para que reconsideren la decisión de primera instancia y propongan una nueva forma de pago. Si la Cámara opta por escuchar la “propuesta” argentina e indica a los buitres que ingresen a un nuevo canje para recibir una compensación, el Congreso debería suspender la Ley Cerrojo para volver a hacer una nueva oferta. El ministro de Economía afirmó ayer que “no hay una fecha” para que eso suceda. Se trata de un escenario improbable, reconocen en el equipo económico, ya que la participación en una nueva operación de canje implicaría la renuncia a futuras demandas, pero “ahora la pelota está del otro lado”, deslizan optimistas.

La presentación

El pedido de suspensión de las decisiones de Griesa presentado el lunes afirma que esa medida es necesaria para evitar “daños irreparables para Argentina y numerosas terceras partes”, en referencia a los distintos actores del sistema financiero de Nueva York que serían lesionados si se lleva a la práctica la decisión del magistrado. Además de ordenar pagarles a los fondos buitre el ciento por ciento de sus bonos y los intereses acumulados, Griesa determinó que el país debe depositar en una cuenta de custodia 1330 millones de dólares a la espera de la sentencia firme. Ese depósito debe realizarse antes del 15 de diciembre y, en caso de no efectuarse, el magistrado indicó al Banco de Nueva York, agente de pago de la deuda, que no transfiera los fondos a las cuentas de los acreedores.

“Esperamos tener una respuesta de la Cámara en los próximos dos o tres días”, afirmó ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Esa medida permitiría hacer frente a los vencimientos de deuda de diciembre sin inconvenientes y evitaría que las calificadoras de riesgo puedan considerar en default técnico la deuda soberana argentina.

La posición oficial también considera que la medida viola la soberanía argentina y que aplicar la fórmula de Griesa “inyectará más confusión e incertidumbre al sistema de pagos de Nueva York y a futuras reestructuraciones de deuda”. Por eso remarca que suspender la orden “protege la continuidad operativa del sistema financiero de Nueva York y a sus agentes financieros, al igual que a los tenedores de deuda soberana en general”.