La primera jornada de la 18ª Conferencia Industrial Argentina de la UIA se llevó a cabo ayer en medio de la preocupación que generó el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa en favor de los fondos buitre. Los empresarios respaldaron la posición del Gobierno y se mostraron sumamente críticos respecto de lo actuado por Griesa, quien dispuso que el país deberá pagar el ciento por ciento –de contado y en un solo pago– del valor nominal de las tenencias de esos fondos especulativos. Los hombres de negocios temen que un eventual default técnico incremente el costo de financiamiento para las empresas. De todos modos, confían en que la Cámara de Apelaciones deje en suspenso la decisión de Griesa.

La convención, que termina hoy con la presencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su par brasileña Dilma Rousseff, se llevó a cabo en el hotel Sofitel de Los Cardales. Según cifras de la organización, hubo 800 inscriptos para la jornada de ayer y 1200 para hoy. El precio de la inscripción rondó los 1200 pesos, sin incluir los almuerzos, a los cuales se accede por invitación, según el aporte de la empresa. Los paneles trataron la integración y el desarrollo de los mercados entre Argentina y Brasil, mientras que los pasillos se convirtieron en la caja de resonancia para una pregunta ineludible: “¿Qué opina del fallo de Griesa?”

“Espero que se revierta un fallo tan exagerado, como el que dispuso Griesa en favor de los fondos buitre”, sostuvo el presidente de la Conferencia Industrial, José Urtubey. El empresario, hermano del gobernador salteño Juan Manuel, expresó a Página/12 su confianza en un vuelco de la causa, debido a que “el país presentará metas claras en las distintas instancias judiciales”. En igual sentido se manifestó el director ejecutivo de la Asociación de Fábricas de Automotores, Fernando Rodríguez Canedo, y de la Unión Industrial, Martín Etchegoyen. “Esperemos que se obtenga un fallo favorable en la Cámara de Apelaciones, pero, además, que sea rápido. Porque si se demora mucho, puede haber un impacto negativo en el financiamiento a las empresas”, consideró Etchegoyen. El lunes el Gobierno envió un recurso a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, en respuesta al fallo de Griesa (ver página 9), argumentando el riesgo sistémico que genera la decisión del magistrado y el mal precedente para futuras reestructuraciones de deuda.

“Si se sostiene el fallo de Griesa, se abre la puerta a que el resto venga por la diferencia”, sostuvo Alberto Sellaro, titular de la Cámara de la Industria del Calzado. El empresario hizo referencia a la posibilidad de que los bonistas que ingresaron al canje, el 92,4 por ciento del total de tenedores, podrían litigar contra el país, para obtener, al igual que los buitres, el ciento por ciento de su deuda. “Es un tema que hay que resolver respetando las instituciones jurídicas. El visto bueno de los acreedores y de los organismos internacionales debe ser la regla aplicable para estos fondos y no entrar por la ventana. Lo que obtengan no puede ser ni mejor ni peor que lo que aceptaron los bonistas que ingresaron al canje”, señaló a Página/12 Daniel Funes de Rioja, vicepresidente de la UIA. “Tenemos que romper con una supuesta lógica de que la Argentina no quiere pagar. La Argentina está pagando, pero, de ninguna manera, mediante una acción judicial se puede cobrar el ciento por ciento”, agregó el asesor legal de la entidad fabril.

“No se merecen la menor consideración”, señaló a este diario el ex ministro de Economía Miguel Peirano, quien calificó al fallo de Griesa de desmesurado, demostrando “el actual desorden económico y financiero mundial”. “Es un fallo que no se puede aplicar”, sostuvo. Consideró que una alternativa posible sería reabrir el canje, como señal política de voluntad de pago. “Lo más negativo sería pagar, aunque el default técnico es también una complicación”, reconoció Peirano. La misma solución fue la respuesta de Alfredo Chiaradía, ex secretario de Relaciones Económicas de Cancillería: “El tema es reemplazar la ley cerrojo por una llave. El objetivo es invitar a quien quiera canjear sus bonos a que lo haga cuando lo desee. Pero tampoco que pretendan cobrar 100 centavos por dólar”. El senador Ernesto Sanz, ex presidente del bloque radical, dijo que el radicalismo “acompañaría con su voto” la suspensión de la ley cerrojo, porque es una cuestión de Estado, aunque “nunca dando mejoras en las condiciones a estos fondos”.