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Si meses atrás había dudas sobre el compromiso de América latina con el sistema interamericano de derechos humanos, que está en plena reforma, con la Comisión y con la Corte que dependen de la Organización de Estados Americanos, el presente no parece mostrar recelos.

–¿Cómo es la relación de la Argentina con todo el sistema interamericano de los derechos humanos? ¿Buena, mala, regular...?

–Paradigmática. La Argentina representa un modelo paradigmático de relación con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y no hablo sólo antes de la dictadura, durante y poco después de ella. Hablo de que el vínculo es exhaustivo. Los Estados no sólo deben asumir las reglas. También forman parte del sistema. La Argentina no solamente asume, sino que forma parte. Por eso digo que es un paradigma. Es el país que más autoridad tiene en términos del proceso de contribución del sistema a la consolidación democrática y de la consolidación democrática al sistema interamericano.

–Está la visita de la CIDH en plena dictadura, que la fisuró.

–Sí, y el informe emblemático posterior a esa visita, en 1979. Marcó un hito en la Argentina y más allá de la Argentina. Pero luego, una vez recuperada la democracia, la colaboración ayudó a reformar las leyes argentinas. Pasó con el caso Verbitsky.

–Usted habla del caso que redundó en la eliminación de la figura de desacato.

–Claro. ¿Y sabe qué es lo importante cuando suceden esos fenómenos? Que se generó atención sobre la causa, sobre el tema de fondo. Es ahí cuando el sistema interamericano ayuda a consolidar la democracia. También entonces se sentaron criterios y jurisprudencias para toda la región.

–¿Un caso puede convertirse en política pública?

–Puede ayudar a nuevas políticas públicas. Si un país tiene autoridad moral en este diálogo, esta mancuerna, este binomio democracia-derechos humanos, ese país es la Argentina. Ahora ya no estamos en dictadura. El desafío, entonces, a partir de los logros, no es sólo para la Comisión. Es un desafío para las democracias y los Estados. Las elecciones son una base de la normalidad democrática. No son toda la democracia. ¿Cómo enfrentamos, en democracia, los problemas de siempre y los problemas nuevos? Hay asuntos pendientes. Hay agendas que vienen de herencias e inercias de un viejo pasado. Se corporizan en leyes, en resabios, en poderes fácticos establecidos. Por otro lado tenemos por delante el dilema de una gestión pública con diferencias y deficiencias estructurales. De tipo económico, por afectación de derechos sociales. Y también problemas derivados de la afectación de otros derechos y que resultan en machismo, misoginia, lesbofobia, homofobia, vulneración de derechos sobre la base de la edad o el sexo, privación de derechos a niños y niñas o a cualquier otro sector que por el solo hecho de serlo sea objeto de violencia. Igual, yo prefiero no hablar de sectores vulnerables.

–¿Y cómo los llama?

–No es una simple cuestión de palabras. Las relaciones sociales son las que hacen vulnerables a unos u otros sectores. El grupo no tiene la culpa. Están vulnerabilizados. Viven en situación de vulnerabilidad. Si no, hablar de que son vulnerables por sí mismos implica reconocer una lógica paternalista o culpabilizar a las víctimas. Por citar algunos ejemplos, los migrantes, las víctimas de trata o los pueblos originarios son parte de estos grupos de población. Y también creo que hay nuevos temas de agenda. Uno es el desafío que representa el diálogo entre seguridad y derechos. Nuestra región tiene problemas y desafíos importantes al respecto.

–¿Cuando usted dice diálogo alude a una convivencia?

–¡Es que la seguridad y los derechos no se oponen! Hay que aproximarse con paradigmas no autoritarios para construir una fórmula con seguridad y con derechos. Lo contrario es fabricar un dilema falso, cuando más bien la seguridad es en sí misma un derecho. Por eso hay que enfrentar las tendencias autoritarias, como el reclamo por la baja de imputabilidad, como los intentos de querer contener la desigualdad o la seguridad a punta de codigazos, como la tentación de modificar las leyes para satisfacer el supuesto clamor de una opinión publica que se siente expuesta. Estamos en una dinámica regional diferente. El contexto es distinto. El sistema interamericano de derechos humanos en su conjunto debe ser analizado. Es una nueva etapa para las democracias. Hay dilemas no tan nuevos, como la violencia contra las mujeres. O las agresiones a los defensores de los derechos humanos y su desaparición, tema que por suerte ya no es más actual en la Argentina.

–Dígame por favor qué sí tiene pendiente la Argentina.

–Por ejemplo, cómo enfrentar el abuso de la prisión preventiva. Es un desafío que conviene asumir sin copiar otras experiencias. Los Estados Unidos tienen un abuso de la prisión: el 25 por ciento de los encarcelados del mundo están allí. Claro, además el 73 por ciento de los presos en los Estados Unidos está compuesto por afros o latinos. Y en muchos estados hay pena de muerte. La Argentina sabe de costos porque todavía enfrenta su herencia. Hay heridas en el tejido social. Están los reclamos de las Madres.

–Usted se reunió con la Presidenta. ¿De qué hablaron?

–Me transmitió el respaldo muy fuerte de la Argentina al sistema interamericano de derechos humanos y yo le señalé la importancia de la Argentina tal como lo venimos hablando en esta entrevista. Es un respaldo doblemente importante, porque la Comisión se está reformando y porque la Argentina tiene autoridad moral: es uno de los siete países de los 35 del sistema interamericano que firmó todos los documentos de derechos humanos. Todos. El sistema generó una relación muy virtuosa con la Argentina. Ese hecho fue subrayado por la Presidenta. Hombre, claro que nuestras democracias tienen asuntos pendientes, pero lo importante es la voluntad de asumir una gestión pública con fundamento en los derechos humanos. Un dilema que en países federales y grandes como la Argentina no constituye un tema sólo del gobierno nacional. Es igual que en México y Brasil, donde las provincias o los estados tienen peso específico.

–La Argentina está en un momento de debate sobre la aplicación de artículos pendientes de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

–Estoy al tanto, y le recuerdo algo. La relatora de libertad de expresión de la CIDH, Catalina Botero, señaló su importancia. La ley sirve para la construcción de una mayor normalidad democrática. El tema tiene que ver con el avance en el ejercicio de la profesión de periodista y a la vez con el avance normativo para defender el derecho a comunicar. También estuvieron puestos en el debate la descriminalización de las calumnias e injurias por parte de la Argentina y las limitaciones a figuras como el desacato y las presuntas desobediencias. Herencias autoritarias.

–Casi monárquicas.

–Claro, se vienen arrastrando código tras código. Son una espada de Damocles para quienes ejercen la libertad de expresión. Que es, conviene recordarlo, un derecho colectivo. No sólo lo ejerce el periodista. Tiene una conjugación colectiva porque beneficia a los demás derechos.

–Honduras es el caso de mayor riesgo de vida para los periodistas junto con México, ¿no es cierto?

–Es un tema crítico. Muy crítico. Debemos erradicarlo.

–La CIDH está discutiendo su reestructuración. ¿Es porque no da abasto?

–Tenemos un sistema de casos y peticiones que posee cada vez más casos. Terminaremos este año con dos mil denuncias. Es el mayor número en la historia reciente. Avanza la apuesta democrática de promover, accesibilizar, construir. Antes, si presentabas una denuncia te desaparecían. Ahora la gente se puede presentar. Es un logro que se debe aquilatar. Y para la Comisión es un desafío de gestión. Tenemos más Estados miembro que abogados. Los tiempos de respuesta, entonces, se extienden. Eso no beneficia a nadie. También trabajamos con un sistema de cautelares. Son un dispositivo de primeros auxilios en casos extremos. Se está avanzando en una mayor regulación y en cautelares colectivas. Cada tanto los peticionarios o el Estado piden la revisión y se analiza si las condiciones que generaron la emisión cambiaron.

–¿Cómo está la Argentina en ese ranking?

–No es ni de lejos el mayor destinatario. Los que más cautelares recibieron fueron Honduras y los Estados Unidos. En el caso de Honduras por el golpe de 2009 y por las condiciones de los reclusorios. En el caso de los Estados Unidos, por personas privadas de libertad o por condenados a muerte.

–¿Cómo hará la Comisión para gestionar las nuevas demandas?

–Estamos monitoreando en la reforma que ayude a que la Comisión y la Corte como partes del sistema puedan responder a este nuevo contexto y puedan crearse las condiciones para la generación de políticas públicas, de aceleración de los procesos y de intercambio de buenas prácticas. Se pueden tomar ejemplos de Colombia, de México, de la Argentina. Hay países con retraso en adhesión a los instrumentos. También sigue siendo un desafío el financiamiento. Es vergonzoso que los Estados miembro no se hagan cargo. La Comisión en 2011 tuvo un presupuesto de nueve millones y medio de dólares. Pero un tercio de esa suma vino de países europeos. ¿Cómo puede ser? Uno les agradece, pero en la reforma eso tiene que estar sobre la mesa. No se puede seguir con tal precariedad presupuestaria. El sistema interamericano de derechos humanos no es una competencia de la sociedad civil. En el consejo de la OEA hay cinco miembros del G-20...

–La Argentina, Brasil, México, los Estados Unidos, Canadá.

–... y seguimos dependiendo de Europa. Hay una contradicción entre el discurso de la identidad regional y la dependencia económica. La Comisión y la Corte no llegan al diez por ciento del presupuesto de la OEA. Recién se aumentó, en un gesto político importante, porque el presupuesto de la OEA se redujo. O sea que el gesto fue doblemente valioso: en sí mismo y por la reducción.

–¿Qué política se fijará la Comisión para los derechos sociales?

–En el terreno de los derechos económicos, sociales y culturales es donde se reflejó la práctica de las políticas neoliberales. Se desmontaron las pensiones, los sistemas de salud, de educación... Ahí se están discutiendo ahora los temas más importantes. La Comisión participa en un grupo de trabajo que está tratando de medir de otra manera cómo avanzan los países miembro y cómo podemos garantizar el ejercicio de derechos. América latina es la región más desigual del mundo. La condición de pobreza sigue afectando a países como México y Brasil. Una parte de su población sigue estando dentro de las líneas de pobreza. En Brasil se están reduciendo los niveles de extrema pobreza. En México no. Generalmente al sistema interamericano llegan más los temas civiles y políticos, pero los sociales y económicos están llegando de manera indirecta, cuando se discuten pensiones o afectaciones a derechos. Siempre, naturalmente, para poder acudir al sistema tiene que darse antes un agotamiento de los recursos internos dentro de cada país. Pero cada caso sirve para evaluar el estado de estos derechos, que también son colectivos. Se pueden buscar criterios para casos específicos que, a la vez, tengan carácter paradigmático, que busquen impacto bajo el principio de no repetición. Es lo que se llama ajuste razonable. Es difícil la aplicación inmediata de, por caso, una convención sobre discapacidad. ¿En cuánto tiempo se atenderá el problema? Contestarlo supone un ajuste razonable. ¿En cuánto hacer accesibles las estaciones de metro de la ciudad de México? Por eso tiene que haber planes nacionales de derechos humanos de los países. Falta que esos planes se trasladen a los Estados y las provincias. Ese tema es uno de los grandes desafíos ya no sólo de los casos sino de las causas, a través de asistencia técnica y promoción. Podría hacerse un espacio de sinergia con universidades y con los propios Estados. Hay mucho por construir.

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