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“¿Ustedes en Economía se manejan con el horario de Greenwich?”, fue la recepción irónica que le dedicó el senador Raúl Baglini a Leonardo Madcur, funcionario elegido por el ministro Roberto Lavagna para defender el proyecto de modificación de la carta orgánica del Banco Central. La frase era un mal comienzo para el funcionario, que les había regalado a los senadores de la Comisión de Economía unos cuarenta minutos de espera, arribando cuando ya los legisladores se disponían a levantar la reunión. La ironía de Baglini fue poco en relación a los fuertes cruces que los senadores hicieron al proyecto. Uno de los puntos más cuestionados de la iniciativa es la no aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo para los empleados bancarios de entidades transferidas. “Así como está, esto no pasa”, le aclaró el titular de la comisión, el santafesino Oscar Lamberto, a Madcur. “Así lo había entendido”, se limitó a responder el funcionario.
La iniciativa también modifica aspectos de la Ley de Entidades Financieras. Una puesta al día sobre las transferencias bancarias que se avecinan y sobre la que el Fondo Monetario parece tener posición tomada. Los memoriosos recordaban ayer que en 2002, en los primeros días de Eduardo Duhalde en la Casa Rosada, Anoop Singh, del FMI, le había reclamado a Lamberto, en ese entonces al frente de la Secretaría de Hacienda, “la reducción de 120 mil empleados estatales y de 10 mil bancarios”. El santafesino defendió la estabilidad de los estatales y sobre la masa de bancarios no respondió nada, por tratarse de una competencia del sector privado. Lo que el FMI no obtuvo en aquella oportunidad podría lograrlo ahora si la norma sortea el Congreso. Algo que ayer parecía altamente improbable.
Las siguientes son algunas de las consecuencias que la norma produciría sobre los empleados bancarios, según entiende la comisión:
u El trabajador no conserva la antigüedad en el caso de que continúe su relación laboral en la nueva entidad.
u No se transmiten al adquirente las obligaciones emergentes que se tienen con el trabajador al momento de la transferencia.
u El trabajador no podrá considerarse despedido con justa causa por motivo de la transferencia, ya sea transitoria o por arrendamiento.
u En los casos en los que se ceda personal independientemente de la cesión, no se requiere la aceptación expresa y por escrito del trabajador.
–No disfracemos las medidas, digamos las cosas como son. Si ustedes quieren seguir manteniendo el sistema financiero a costa de los trabajadores, díganlo –acometió la puntana Liliana Negre.
–Nuestra experiencia nos dice que, en los casos de quiebra, las nuevas firmas pagaron las indemnizaciones y retuvieron a casi el 90 por ciento del personal –dijo el secretario de coordinación de Economía.
–No es cierto –retrucó Negre, que de paso insistió en que la iniciativa se alineaba con las mismas que se levantaron en ocasión de las reformas a la Ley de Quiebras realizadas en el año ‘95. “En ese momento se privilegió lo peor del capitalismo salvaje en contra de los trabajadores”, redondeó. Antes había planteado que como peronista era una cuestión doctrinaria “defender los derechos de los trabajadores”.
Las posiciones estaban claras. El funcionario no se corrió de la defensa técnica del proyecto y Lamberto saldó la cuestión diciendo que “ésta es una discusión política y no técnica, discusión que deberá darse en los respectivos bloques”. En buen romance, le estaba advirtiendo al funcionario que, aunque él no avanzará sobre el tema, también se alineaba con sus colegas.
Era el final de una reunión que tuvo varios puntos calientes. Uno de ellos fue cuando Baglini criticó los excesivos poderes que se le estaba otorgando a la Superintendencia de Entidades Financieras y los nuevos sistemas de privilegio. Aquí recordó los tiempos de Pedro Pou y losescándalos que les siguieron a las quiebras del Banco República y el Banco Mayo. Demasiados cachetazos para un solo funcionario, en apenas hora y veinte de reunión.