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Con cánticos y consignas exigiendo el levantamiento del estado de emergencia y la solución a los reclamos salariales de los maestros en huelga, y de otros gremios laborales, como los de salud y justicia, miles de trabajadores marcharon por el centro de Lima, desafiando la suspensión de las garantías decretada por el gobierno hace una semana y la prohibición de realizar manifestaciones. A pesar de la tensión que rodeó el inicio de la protesta y de los violentos choques de los días anteriores entre manifestantes antigubernamentales y fuerzas de seguridad, que dejaron un muerto y decenas de heridos, la multitudinaria marcha de ayer fue pacífica. No se reportaron heridos, ni detenidos. Las protestas se repitieron en las principales ciudades del país. Prácticamente los 24 departamentos de Perú fueron escenario de multitudinarias manifestaciones contra el estado de emergencia.
La jornada de protesta fue convocada por la Central General de Trabajadores de Perú (CGTP) –la principal central sindical del país, ligada al Partido Comunista (ex pro moscovita)– y tuvo en primera fila a los maestros –en huelga hace 23 días–, un total de 280 mil en todo el país agrupados en el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación Peruana (Sutep) de orientación maoísta. La multitud, que cubría varias cuadras, marchó compacta a lo largo de las principales avenidas y calles de la capital peruana, partiendo de la Plaza Dos de Mayo, escenario histórico de las manifestaciones laborales y donde se ubica el local central de la CGTP, hasta el Congreso de la República. En diálogo con Página/12 Joaquín Gutiérrez, secretario general adjunto de la CGTP, aseguró que en Lima habían participado “unos 40 mil trabajadores” en la protesta que calificó como “un éxito, que esperemos sirva de lección al gobierno para que reflexione y modere su actual actitud”.
Un fuerte contingente policial –armado con escudos, palos, gases lacrimógenos y fusiles– siguió durante todo el trayecto a los manifestantes, pero se mantuvo a la expectativa sin llegar a intervenir. Con el fantasma de lo ocurrido en Puno, ciudad del Altiplano en la que murió un estudiante de un balazo disparado por un miembro del Ejército y más de 30 quedaron heridos, como una amenaza latente, el gobierno optó a último momento por ordenar el repliegue de las fuerzas armadas, que custodiaban la ciudad desde que se decretó el estado de emergencia. Incluso fueron retiradas las tanquetas que habían tomado el control de la plaza Dos de Mayo. Los organizadores de la marcha estuvieron muy activos de controlar cualquier posible amago de violencia entre los manifestantes.
Una delegación de los dirigentes sindicales logró ingresar al Congreso y se reunió con un grupo de parlamentarios, a quienes entregaron un memorial con sus demandas contra el estado de emergencia y la exigencia de que solucione la huelga de los maestros.
La extensión de las marchas en todo el territorio nacional y su magnitud, sumado al hecho que se hayan producido cuando éstas habían sido prohibidas por el estado de emergencia, han constituido una dura derrota política para el gobierno de Alejandro Toledo.