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Los organismos de derechos humanos se reunieron anoche con Néstor Kirchner para llevarle las preocupaciones que consideran prioritarias en el área. Uno de los temas planteados durante la charla fue el recambio de los miembros de la Corte Suprema (ver página 5) y en ese marco el Presidente les dijo que no descartaba la idea de llamar a un plebiscito para resolver la cuestión. El diálogo fue revelado al término del encuentro en la sala de conferencias de la Casa Rosada. Los integrantes de los organismos dijeron que se llevaban de allí tres compromisos para que no se repitieran hechos de represión contra la protesta social: que las Fuerzas Armadas no van a hacer seguridad interior, que antes de ascender policías van a consultar con ellos sus antecedentes y que los operativos de seguridad en las manifestaciones se van a modificar, “para que no vuelvan a ocurrir nuevos hechos de represión como pasó en Brukman”. En cambio, no hubo anuncios sobre el pedido de anulación de las leyes de impunidad.
“Fue una reunión importante. Vemos actitudes que apuntan hacia la transformación del país”, dijo el obispo metodista Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, al hablar en nombre de los participantes.
Los dirigentes se encontraron con Kirchner, el secretario del área Eduardo Luis Duhalde y el secretario general Oscar Parrilli durante cerca de dos horas.
A las ocho de la noche, cuando llegaron, la Casa Rosada estaba silenciosa, semivacía. Solamente un granadero con uniforme camuflado y ametralladora colgada al hombro daba vueltas en el patio de las palmeras. Tampoco había nadie en el primer pasillo de la planta baja, donde el salón Colón tenía sus puertas abiertas. Imposible no mirar lo que había dentro; incluso desde varios metros antes de llegar a la entrada se veía una gran imagen de Kirchner del fotógrafo Víctor Buggé tomada inmediatamente después del golpe que le dejó el chichón y los dos puntos sobre la frente. La foto llama la atención aunque uno no lo quiera pero más si uno se acerca, porque en realidad se trata de dos escenas montadas como si fueran una publicidad de “antes” y “después”. La primera con el Presidente recibiendo el apretujón de los manifestantes en la calle el día de la jura, la segunda mostrando los efectos del golpe. Adentro, sobre una pared más oculta, se ve a Fernando de la Rúa la noche de la fatídica visita a “Video Match”, cara a cara con el personaje que lo imitaba. Y un poco más al fondo hay una imagen de una madre de Plaza de Mayo con Raúl Alfonsín, en aquella visita que fue histórica, como tal vez lo sea la de ayer, y que se realizó como ésta en tiempos de expectativas, mucho antes de que el gobierno radical inventara la Obediencia Debida y el Punto Final para frenar los juicios a los militares que violaron los derechos humanos.
El tema volvió a estar en la reunión de ayer con Kirchner, a quien los organismos le pidieron que envíe al Congreso un proyecto que anule las leyes de impunidad.
“El Presidente ha hecho un compás de espera con respecto a este tema. Quiere ver qué pasa en la Corte Suprema y en ese sentido no ha expresado un compromiso concreto para enviar ese proyecto, aunque no lo descartó para el futuro”, dijo Mabel Gutiérrez, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, al salir de la cita.
Participaron las Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Familiares, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y el Servicio de Paz y Justicia.
Estela Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel, el pastor José De Luca, Rosa Roinsimblit y Gustavo Palmieri fueron algunos de sus representantes.
Los ocho organismos habían hecho reuniones previas para acordar qué planteos llevarían a la presidencia. Identificaron así una serie de preocupaciones que volcaron a un documento. En él figuran, además de los temas mencionados, los siguientes:
- Que el Estado Nacional no firme con Estados Unidos los acuerdos de impunidad que ese país viene impulsando para excluir a sus ciudadanos del Tribunal Penal Internacional.
- Derogación del decreto que dispuso el rechazo de todos los pedidos de extradición de militares acusados por tribunales extranjeros.
- Rechazo al proyecto de ley antiterrorista promovido por el senador Miguel Angel Pichetto, que habilita a los militares a hacer seguridad interior, abriendo así la puerta para que repriman el conflicto y la protesta social con la excusa de la guerra al terrorismo. (Sobre este punto Kirchner garantizó que las Fuerzas Armadas no harán tareas de policía).
- Los organismos expresaron su preocupación por la reiteración de prácticas militares conjuntas –mayoritariamente de fuerzas norteamericanas– en la Argentina.
“También hablamos de la situación por las inundaciones en Santa Fe y del aumento de la pobreza y la indigencia”, apuntó Carlotto.
La desigualdad económica, la desocupación y la violencia del Estado contra los que se organizan fueron temas centrales.
“(Kirchner) nos dio un compromiso de avanzar en una transformación humanitaria y real de las fuerzas armadas y de seguridad en su conjunto. Queremos tener garantías de que no vamos a seguir siendo violentados por los que tienen uniforme y armas”, consideró la titular de Abuelas.
Sobre la represión, los dirigentes contrastaron la marcha del 20 de diciembre pasado, en el aniversario de la caída del gobierno de De la Rúa, en la que se tomaron medidas para evitar los gases y las balas, con el operativo en Brukman, “donde aquellos criterios se dejaron de cumplir con los resultados que todos conocemos”.
Sobre la policía, trabajaron en la idea de hacer públicos los legajos de ascenso y a la vez chequear la historia de los postulantes con los archivos de los organismos.
¿Y la Corte? La amenaza del plebiscito surgió en respuesta a un planteo de Pérez Esquivel, cuando el grupo le daba vueltas al problema de la renovación de la Justicia. El Premio Nobel de la Paz dijo más tarde que el tema de fondo fue el proceso que desembocará en cambios en todas las instituciones. El obispo Etchegoyen, en nombre de los ocho organismos, manifestó el total acuerdo de todos en “la necesidad de la renuncia de los miembros de la Suprema Corte. “Este”, dijo, “es el acuerdo tácito que hemos compartido con el Presidente”.