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En estos días de inestabilidad climática y altas temperaturas hubo un gran apagón, episodio bajo investigación judicial por sospecha de sabotaje, y decenas de cortes en diferentes manzanas en el área metropolitana. Muchas interrupciones del servicio de energía eléctrica se prolongaron por días, incluso no pocas aún se mantienen provocando la reacción de vecinos que a la noche salen a cortar calles encendiendo fogatas para reclamar la recuperación de una prestación esencial. A veces son bastantes; en otras ocasiones, unos pocos. Las protestas exponen la debilidad del eslabón distribución en la cadena energética, mejorada sustancialmente en generación y transporte con planificación y fuertes inversiones públicas. La potencia eléctrica aumentó de 17.900 a 26.627 megavatios (+49 por ciento) y el tendido de líneas de transmisión de 500 kilovoltios subió de 9083 a 13.327 kilómetros (+47 por ciento). La expansión en la base del sistema eléctrico más el incremento de la capacidad de transporte de gas (+23 por ciento) involucraron inversiones totales por 84.389 millones de pesos en 2003-2012. La distribución de energía eléctrica bajo control de empresas privadas, o sea la prestación del servicio a hogares, comercio e industrias, no registró inversiones de envergadura ni en la Capital ni en los principales centros urbanos. Por eso exhibe fragilidad e inestabilidad debido a que opera sin margen. Esto significa que, ante cualquier episodio traumático (inundación, pico de calor o de frío o una avería imprevista en la infraestructura), el resultado es el corte del suministro.

La falta de inversiones para abastecer el avance de la demanda es explicada por las compañías privatizadas en la demora del Gobierno en disponer aumentos de tarifas y en mayores costos, especialmente salarios. Durante el extenso ciclo de crecimiento de la economía, la industria y el comercio han incrementado la demanda energética. La mejora del poder adquisitivo de la población también ha provocado una modificación de la pauta de consumo, cada vez más dependiente de la energía eléctrica: millones de nuevos aires acondicionados incorporados a los hogares y más electrodomésticos, a lo que se agregaron nuevas edificaciones con instalaciones exclusivamente eléctricas porque los constructores desistieron del gas para abaratar costos. Esto derivó en un alza sostenida de la demanda doméstica que alcanza sus máximos en las semanas de más calor en verano y más frío en invierno. Esto último tiene su origen en que los nuevos aires acondicionados vienen preparados para frío/calor, lo que ha provocado un importante cambio de la pauta de consumo energético, desplazando la electricidad al gas como fuente calórica en invierno. Desde 2003 además se sumaron 3 millones de hogares al servicio eléctrico. El crecimiento de la demanda de energía fue desde entonces el 70 por ciento en la zona Norte del país, el 49 en el Centro-Litoral, el 46 en el Cuyo, el 41 por ciento en Comahue-Patagonia, el 40 por ciento en Capital y Gran Buenos Aires, y el 39 por ciento en el interior de Buenos Aires.

Para atender esas variaciones de la demanda por crecimiento económico, mejora del ingreso y cambios en la pauta de consumo se requerían fuertes inversiones en la red de distribución. Como no las hubo, hay cortes. Las empresas privadas se defienden con que no las hicieron porque no hubo aumentos de tarifas; y el Gobierno afirma que los privados son responsables por no hacerlas porque tienen la obligación, por contrato de concesión, asegurar el acceso y la calidad del servicio a la población. En los eslabones de generación y transporte, en cambio, el Estado destinó millonarios recursos no contemplados, por razones de escala, recursos involucrados y rentabilidad esperada, en los planes de los grupos privados operadores de esa porción de la red. La distribución quedó entonces como el eslabón débil de la estrategia oficial de recuperación del sistema energético.

Especialistas del sector informan que la red de distribución se construye con “margen de redundancia”. Esto es tener una capacidad de atención más elevada que la demanda potencial. Ponen de ejemplo el mercado francés, que tiene un margen de redundancia del 50 por ciento, lo que implica que la red no sufre alteraciones aunque tuviera dos averías (episodios críticos) en simultáneo. La infraestructura del sistema argentino está diseñada para enfrentar una sola, y en la actualidad, además, está funcionando al límite.

Los hogares atendidos por Edenor y Edesur pagan mucho menos por igual consumo que, por ejemplo, los de Córdoba, Santa Fe e interior de Buenos Aires. En los primeros años del ciclo de crecimiento económico, las empresas privadas esperaban el aumento de tarifas realizando inversiones mínimas sin realizar desembolsos de magnitud en ampliar la red de infraestructura para evitar los actuales problemas. Las compañías evaluaron que no era rentable invertir para la expansión y modernización de la red de distribución del sistema eléctrico. Esa decisión tuvo su lógica desde el punto de vista de la tasa de retorno de una inversión con tarifas congeladas, no de acuerdo con la obligación de asegurar un servicio básico a la población comprometida en el contrato de concesión. Para las empresas no era rentable destinar varias decenas de millones de dólares en ampliar la capacidad de transporte y estaciones transformadoras para cubrir la demanda incremental. Así, los cortes en algunos casos fueron por factores climáticos y en otros deliberados, para preservar la fragilidad de las instalaciones, aunque nunca lo reconocerán porque estarían incumpliendo condiciones contractuales.

La sucesión de cortes en los últimos meses fue el alerta a empresas privatizadas sin planes de inversión y al Estado sin vocación de modificar tarifas. El desenlace probable era el descalabro por colapso del eslabón final de la cadena energética. La resolución del Gobierno fue similar a la que implementó en generación y transporte: inversión planificada por el Estado utilizando recursos públicos y disponiendo cargos específicos sobre el sector privado. En el caso de la electricidad, los cargos de montos fijos serán abonados por los hogares de 4 a 150 pesos por bimestre (por el nivel de consumo, el 72 por ciento del total no pagará más de 10 pesos) y comercios de 45 a 300 pesos por bimestre. El monto a recaudar es de 1000 millones de pesos en el año, y será destinado a diez subestaciones y ampliaciones en el sur del Gran Buenos Aires, once en la zona norte más una estación transformadora de 500 kilovatios, y cuatro en la Ciudad que beneficiará a La Boca, Barracas, Caballito, Flores, Devoto, Floresta, Once y Almagro. Estas inversiones buscan recomponer la red eléctrica con más subestaciones. La renovación y nueva infraestructura en el tendido de la red no fue incluida en el plan, y las empresas privatizadas no informaron si lo tienen previsto.

Los cortes de estos días tienen su origen en un esquema de negocios privatizado que tal como está definido no obliga ni alienta a realizar inversiones necesarias para evitarlos por parte de las empresas. Frente a la urgencia, como en otras situaciones en frentes diversos, el kirchnerismo ha actuado para reparar legados de los noventa, aunque en este caso consolidando un sistema eléctrico híbrido, de administración privada y planificación e inversión estatal, de resultado incierto.

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