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“El hecho de que Estados Unidos siga sin restringir la tenencia de armas de fuego, pese a estas masacres recurrentes, responde a un modelo de sociedad individualista y centrado en la defensa de la propiedad, que ve en el otro un potencial enemigo y no un posible colaborador”, señaló Darío Kosovsky, miembro fundador de la Red Argentina para el Desarme, para mostrar que “cada modelo de control de armas remite a un tipo de sociedad”. Estados Unidos es el país del mundo con más armas en manos de civiles, y en el estado de Connecticut, donde ayer se produjo el tiroteo, cualquiera puede comprar armas sin control ni registro. “En estas masacres las víctimas pueden ser niños o maestras pero, todos los días en Estados Unidos, la mayoría de los muertos por armas de fuego son jóvenes y pobres –recordó Kosovsky–, y esto también sucede en la Argentina.” Claro que en la Argentina hay una legislación restrictiva de la posesión de armas y un plan de desarme por el cual más de cien mil armas salieron de circulación. Sin embargo, “el Plan de Entrega de Armas, ejemplo para el mundo, perdió presencia en los últimos años”, advirtió Kosovsky, quien además observó que “muchos jueces, legisladores y funcionarios, pese a ser las personas más protegidas del país, poseen armas: ellos también deberían entregarlas”.

“La investigadora española Roser Martínez Quirante distinguió, en relación con el control de armas, entre dos modelos de sociedad. Uno es el ‘individuocéntrico’, propio de la tradición estadounidense, en la cual todos los vecinos se arman para ayudar al sheriff ante una amenaza. Se le contrapone el modelo ‘administratocéntrico’, centrado en el monopolio de la violencia por el Estado, propio de muchos países europeos y latinoamericanos, como la Argentina”, explicó Kosovsky, miembro del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), e insistió en que “la definición de un modelo de control de armas remite al tipo de sociedad que queremos construir”.

En el estado de Connecticut, donde tuvo lugar la masacre de ayer, no se exige ningún permiso para poseer armas, y se puede comprar escopetas o rifles sin ninguna restricción; tampoco existe registro de las armas en poder de civiles. En todo Estados Unidos, la Segunda Enmienda de la Constitución establece el derecho a la tenencia de armas y la Corte Suprema siempre falló contra los intentos de algunos estados y ciudades por limitarlo. Estados Unidos es el país del mundo con más armas en manos de civiles: entre 270 y 300 millones. Según una encuesta de Gallup efectuada a fines del año pasado, sólo el 26 por ciento de los estadounidenses estaba de acuerdo con prohibir la posesión de armas de fuego a particulares, lo cual marcaría un retroceso respecto de veinte años atrás, cuando la opinión favorable a la prohibición había llegado al 41 por ciento.

“La adopción de una legislación restrictiva en materia de armas va aparejada con un discurso hacia la ciudadanía que desaliente el uso de la violencia para gestionar conflictos interpersonales –advirtió Kosovsky–. La libre disponibilidad de armas responde a una visión individualista, que ve en el otro un potencial enemigo y nunca un potencial cooperador en la construcción de un cambio social.”

“Y, en Estados Unidos como en la Argentina –destacó el investigador argentino–, los que más mueren por armas de fuego son los más pobres: cuando estallan estas masacres, claro, los muertos pueden ser niños o maestras pero estadísticamente son jóvenes, pobres y negros o latinos.”

Cierto que “en la Argentina la venta y tenencia de armas está restringida, y en 2007 se puso en marcha el plan de desarme, que empezó por la decisión del presidente Néstor Kirchner de sacar el Registro Nacional de Armas (ReNAr) de la órbita de Defensa y pasarlo a la órbita civil. Y se lanzó el Plan Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, que en los primeros dos años, apoyado por una fuerte campaña estatal en todos los medios de comunicación y por una buena cobertura periodística, logró la entrega de 107 mil armas desde la población. Si consideramos que hay 1.100.000 armas registradas legalmente y se estima otro millón en circulación ilegal, el total de armas bajó un cinco por ciento, lo cual es mucho”, señaló el representante de la Red Argentina para el Desarme.

Kosovsky destacó que “el Plan de Desarme se prorrogó año a año en el Congreso, por unanimidad de todas las fuerzas políticas. Es uno de los planes más exitosos del mundo: la cantidad de armas recibidas, en proporción a la población, es de las más altas. Sin embargo –advirtió–, su implementación ha perdido fuerza. En los últimos dos años se recibieron sólo 35 mil armas (que el Estado remunera con 600 pesos cada una) y el tema está prácticamente ausente del imaginario colectivo. Sin embargo, cuando un puesto móvil va a recibir armas al interior, en cualquier localidad se reciben centenares de armas de fuego”.

Kosovsky deploró también que “en la Argentina, muchos jueces, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo tienen armas, pese a que son las personas más protegidas del país. Por ejemplo, en el caso de Carlos Soria –gobernador de Río Negro muerto por su esposa a principios de este año–, pasó desapercibido el hecho de que él tenía un arma en su mesa de luz, pese a que estaba con custodia permanente, con seguridad garantizada por el Estado las 24 horas. Si ellos no dan el ejemplo, tampoco pueden exigirle a la población que deje sus armas”.