“Se terminan las cautelares y ahora hay que aplicar la ley”, sentenció ayer Martín Sabbatella, al conocerse el fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso, que rechaza el planteo de inconstitucionalidad de la ley de medios presentado por el Grupo Clarín. A través de su web, el multimedios anticipó que apelará la medida, por lo que la Sala I de la Cámara Civil y Comercial deberá decidir si acepta la apelación y si le otorga o no efectos suspensivos. Mientras tanto, desde la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual adelantaron a Página/12 que avanzarán con el proceso de adecuación de oficio de acuerdo con lo establecido en el reglamento de transferencia de oficio, al menos hasta que haya una nueva decisión judicial en contrario.

Ayer por la tarde el titular de la Afsca se reunió en la Casa Rosada con el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, y luego con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el secretario de Comunicación Pública, Alfredo Scoccimarro. Más temprano, había conversado telefónicamente con la presidenta Cristina Fernández. En el oficialismo estaban contentos con la decisión judicial y evaluaron anoche los pasos a seguir. “Estamos planificando los pasos a dar por la aplicación integral de la ley”, aseguró Sabbatella poco tiempo después de conocer el fallo.

Fuentes de la autoridad de aplicación reconocieron que no esperaban encontrarse con un fallo “tan bueno”. No confiaban en que el juez le rechazaría al Grupo Clarín todos sus cuestionamientos, sobre los cuatro artículos –41, 45, 48 y 161– de la ley aprobada hace ya tres años. Si bien mantenían la satisfacción por la decisión judicial sobre la cuestión de fondo, reconocían que la disputa judicial todavía tiene varios capítulos por delante.

“Las dos opiniones judiciales en relación con la cuestión de fondo son la del fiscal y el juez. Son las dos únicas opiniones judiciales hasta ahora y las dos dicen claramente que la ley es constitucional”, remarcó Sabbatella en diálogo con este diario. Para el titular del organismo, “si ya antes había que partir de la presunción de constitucionalidad de una ley aprobada por el Congreso, más aún hoy con la sentencia a favor de un juez no se debería frenar su aplicación con una medida cautelar”.

Sabbatella ratificó que, en virtud del fallo de la Corte Suprema del 22 de mayo, considera “todos los plazos vencidos”, por lo que no corresponde que empiece a correr el plazo de un año que pretende Clarín para presentar su plan de adecuación.

En este contexto, la Afsca dispararía el lunes el proceso de adecuación de oficio, siguiendo los pasos fijados en el reglamento aprobado el 3 de diciembre. “Lo que antes iba a ser el 7D, es el 14D y lo que iba a ser el 10D, es el 17D. Todo 7 días más tarde”, explicaron con sentido del humor en la autoridad de aplicación. Por su parte, Sabbatella insistió: “Vamos a aplicar integralmente la ley. Todos los grupos menos Clarín presentaron su adecuación voluntaria, que se está evaluando según los plazos establecidos. Y como el Grupo Clarín no presentó su plan, corresponde la adecuación de oficio”.

Según el texto que lo reglamenta, el proceso de transferencia de oficio “propende a la protección de las licencias y los bienes imprescindibles afectados a ellas, para garantizar y resguardar la prestación del servicio y preservar las fuentes de trabajo, contemplando en su regulación un mecanismo de transferencia mediante concurso, con el objeto de generar de forma transparente la más amplia participación de oferentes”.

El primer paso es la tasación por parte del Tribunal de Tasación de la Nación, luego la conformación de los pliegos de las licencias que van a llamarse a concurso, posteriormente el proceso de adjudicación y de traspaso de la licencia al nuevo propietario.

Este proceso podría detenerse en el caso de que la Cámara otorgue efectos suspensivos a la apelación, para lo que el Gobierno utilizaría la herramienta del per saltum para llegar a la Corte Suprema. También podría verse obstaculizado si el multimedios realiza una nueva presentación judicial objetando los distintos pasos de la ejecución. En este sentido, hay una medida cautelar dispuesta, en otra causa, por el juez Roberto Torti, que impide a la Afsca avanzar sobre la estructura de Fibertel, proveedora de Internet propiedad del Grupo Clarín. Torti estuvo temporalmente a cargo de la causa que resolvió Alfonso, aunque finalmente se revirtió el procedimiento irregular de designación de jueces utilizado hasta el momento y el magistrado volvió a quedar en su juzgado, el Nº 3.

Más allá de la batalla judicial, el fallo fue considerado para el oficialismo como una victoria política que tendrá efectos al interior del propio grupo. La decisión de Alfonso refuerza la postura del empresario mexicano-estadounidense David Martínez, que a través del fondo Fintech Advisory es propietario del 40 por ciento del paquete accionario de Cablevisión.

Unas 48 horas antes del 7D, cuando todavía la Cámara no había repuesto la medida cautelar, Martínez se presentó por su cuenta en la Afsca para hacer una “consulta de propuesta de adecuación”. En el texto reconocía la vigencia de la ley, la autoridad de la Afsca y cuestionaba indirectamente a su socio al expresar la voluntad de “prevenir los daños que pudiera causar incurrir en irregularidades y actos no ajustados a derecho”.