La Cámara Nacional de Apelación en lo Civil y Comercial volvió a fallar en contra del Estado. Sobre el final del día, habilitó la feria judicial y le concedió a la Sociedad Rural una medida cautelar que frenó la recuperación del predio ferial de Palermo por parte del Estado nacional. La resolución está firmada por Francisco de las Carreras, Graciela Medina y Ricardo Guarinoni. El Poder Ejecutivo apelará la medida cautelar a favor de la SRA, por lo que el trámite continuará en la Corte Suprema de Justicia. “Esta decisión ratifica lo que venimos afirmando sobre que hay ciertos sectores de la Justicia que han inventado una nueva rama jurídica, la justicia cautelar”, sostuvo el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, tras conocerse el fallo a favor de la Sociedad Rural.

La decisión adoptada por la Cámara fue decidida “ante el riesgo inminente” del desalojo fijado por el Poder Ejecutivo, en función de la anulación de la venta del predio. Hay que destacar que los jueces que intervinieron son los mismos que ya le concedieron al Grupo Clarín una medida cautelar. Al igual que De las Carreras, Guarinoni fue recusado por el Gobierno por haber aceptado un viaje a Miami, auspiciado por el Grupo Clarín. Incluso, la Sala II –que tuvo la cautelar de la SRA antes de la feria– es la misma que unificó dos causas diferentes del Grupo Clarín, una iniciada por la empresa Supercanal y una mucho más antigua vinculada con la fusión de Multicanal y Cablevisión. Esta movida, que terminó beneficiando al holding empresario, fue firmada por Guarinoni y Santiago Kiernan, otro juez recusado por haber viajado a Miami y que optó por renunciar a su cargo.

El Gobierno había dispuesto la recuperación del predio tras haber confirmado que en 1991 la Sociedad Rural pagó un “precio vil” por dicho terreno. Luego de la anulación de esta operación, la Agencia de Administración de los Bienes del Estado informó a la SRA que el predio sería desalojado el 20 de enero. Ahora esta medida quedó sin efecto producto de la cautelar.

El Estado tomó la decisión de recuperar el predio de Palermo en base a un fallo del juez Sergio Torres y dos informes de la Procuración del Tesoro de la Nación. Incluso la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional confirmó en 2010 la vigencia de la causa penal contra los empresarios y funcionarios involucrados en la venta del predio.

El pasado 20 de diciembre de 2012, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 2552 con el que declaró nula la entrega del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural. El hecho ocurrió en 1991, en el marco de la reforma del Estado menemista que dispuso el desguace de las principales empresas que eran patrimonio público. Lo mismo ocurrió con las doce hectáreas de ese terreno enclavado en Palermo, según argumentó el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, en el momento en que anunció la medida desde la Casa de Gobierno.

A través del decreto 2699/91, el gobierno de Carlos Menem entregó el predio conocido como La Rural por 30 millones de dólares, un valor que estuvo por debajo del 50 por ciento del precio real en ese momento (precio vil). La cámara patronal había acordado un pago de 10 millones de dólares en efectivo y luego una financiación a 10 años, donde pagaría dos millones de dólares por año. En 2001, luego de la crisis económica tras la caída del gobierno de la Alianza, la SRA dejó de pagar.

Cuando los dirigentes patronales se enteraron del decreto, afirmaron que el Gobierno se estaba “vengando del campo” por su resistencia a la resolución 125 que Cristina Fernández de Kirchner impulsó para tratar de fijar retenciones móviles a los principales granos. Sin embargo, hubo un conjunto de pasos legales e institucionales previos que desembocaron en el decreto 2552, que ahora fue frenado por la Cámara Civil y Comercial. La cautelar de la SRA había sido rechazada por la jueza de primera instancia. En 2010, el juez federal Sergio Torres procesó por el delito de “peculado” al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y al ex presidente de la Sociedad Rural Eduardo de Zavalía, por haber participado en la venta del predio de Palermo. Esta causa penal continúa su curso legal. Además, la Cámara Federal de Casación Penal había dictaminado que el presidente Menem no tenía responsabilidad porque consideró que el delito había prescripto, pero el Estado apeló y la causa se encuentra en la Corte Suprema con dictamen de la Procuración favorable a su reapertura.

Entre los antecedentes, también figura un dictamen de la Procuración del Tesoro que determinó que la Sociedad Rural, en connivencia con el Estado menemista, había pagado un precio vil por dicho predio. Ante esta situación, la Procuración dictaminó que el Estado debía cobrar lo adeudado por la Sociedad Rural o declarar nula la venta. “El decreto 2699/91 se encontraría viciado, al menos en sus elementos causa, objeto, finalidad y motivación (según el artículo 14 de la ley 19.549). El valor del predio forma parte de los aspectos fácticos, por lo que una valuación incorrecta de aquél conllevaría un vicio grave”, sostuvo el informe de la Procuración del Tesoro, que sirvió de base para el dictado del decreto 2552.