En una jornada atípica, los jueces de feria de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial mantuvieron el suspenso hasta entrada la noche. Fue después de varias reuniones en los distintos despachos que resolvieron dos planteos de fuerte impacto político: el pedido de habilitación de la feria para analizar la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el planteo presentado por la Sociedad Rural para impedir la recuperación a manos del Estado del predio ferial de Palermo. Los jueces de turno, Graciela Medina, Francisco de las Carreras y Ricardo Guarinoni, habían comenzado el jueves a analizar las cuestiones, pero recién después de las 22 de ayer dieron a conocer la definición: aceptaron el pedido del Gobierno y también el de la patronal agropecuaria (ver página 3).

En una noche lluviosa, De las Carreras salió personalmente de tribunales junto a dos secretarios a llevar las notificaciones a las partes involucradas. Al regresar al Palacio de Justicia señaló que no se pudo notificar a la administración pública, por lo que recién el lunes se darán a conocer las resoluciones. “Técnicamente no existen las resoluciones y las vamos a dar a conocer recién el lunes, cuando hayamos notificado a las partes”, señaló De las Carreras a DyN. Más allá del tecnicismo, con esta definición podrían acortarse los plazos para que la Cámara Federal dicte sentencia sobre la constitucionalidad de la ley.

En el Gobierno seguían con atención la decisión de la Cámara, aunque no esperaban un resultado favorable, ya que los tres magistrados, de una manera u otra, habían actuado en otras oportunidades en contra del Gobierno. De las Carreras tiene una denuncia penal y otra en el Consejo de la Magistratura por haber viajado con los gastos pagos a un congreso en Miami cuyo sponsor principal era el Grupo Clarín. Medina, designada presidenta durante la feria, está casada con Julio César Riviera, quien asesoró a la empresa Cablevisión, propiedad de Clarín. Guarinoni fue cuestionado junto al resto de los integrantes de la Cámara por las irregularidades en la designación de jueces subrogantes en el juzgado número 1, que ahora ocupa Horacio Alfonso. Además, tanto Guarinoni como De las Carreras integran la Sala I, donde tramita la causa por la constitucionalidad de la ley de medios.

Sin embargo, los camaristas habrían aceptado el pedido del Ejecutivo, buscando equilibrar el impacto de suspender el desalojo y la entrega al Estado del predio de La Rural. El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, cuestionó anoche a la Cámara por concederle la cautelar a la SRA. “Hay una Justicia que actúa a dos velocidades, una para las causas que amparan a las corporaciones y otra para las que involucran a las leyes apoyadas por el pueblo y votadas por una inmensa mayoría parlamentaria”, señaló Abal Medina, en referencia a la entidad agropecuaria y a la prórroga indefinida de la cautelar del Grupo Clarín.

En el escrito presentado el miércoles, la Jefatura de Gabinete y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, en manos de Martín Sabbatella, argumentaron que la cuestión reviste “gravedad institucional” y que debe atenderse el pedido de la Corte Suprema, de “expedirse a la mayor brevedad posible”. Si bien el máximo tribunal utilizó una fórmula ambigua, en el Gobierno señalaron que se mantienen vigentes las circunstancias en las que la Corte fijó la “habilitación de días y horas”, antes del fallo de primera instancia. Según el Código Procesal, los magistrados tienen hasta 60 días hábiles para emitir el fallo, por lo que el plazo comenzaba a computarse a partir de febrero y podía extenderse hasta mayo.

Al habilitarse la feria, la apelación del Grupo Clarín comenzaría a tratarse el lunes 7 de enero, acortándose los tiempos unas tres semanas. De todas maneras, fuentes del kirchnerismo desconfiaban de la actitud de la Cámara y especulaban con una eventual dilación mediante otras maniobras procesales como la apertura de la etapa probatoria.

El último antecedente del Ejecutivo para desconfiar de la reciente celeridad de la Cámara es la medida cautelar que el juez de primera instancia Horacio Alfonso había dejado sin efecto y que la Sala I repuso y luego la Corte ratificó el 29 de diciembre. Hace más de tres años que una medida precautoria impide la aplicación de los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley de medios, lo que se mantuvo a pesar de que Alfonso los declaró constitucionales el 17 de diciembre. “El Grupo Clarín sabe que la ley es constitucional, que más temprano que tarde se va a aplicar, y que en cuanto la Justicia resuelva se continuará con la transferencia de oficio que iniciamos el día que fuimos a notificarlos. Pero la estrategia del grupo es buscar medidas dilatorias que les permitan ganar tiempo y postergar su cumplimiento”, afirmó Sabbatella al realizar la presentación ante la Cámara.

Además de rechazar el levantamiento de la medida cautelar, la Corte rechazó también el pedido de per saltum, a través del cual el kirchnerismo le pedía que resolviera la cuestión de fondo, salteando la segunda instancia procesal. A contramano de la velocidad que le imprimió al juez Alfonso para que dicte la primera sentencia luego de tres años de demoras, la Corte entendió que no debía saltearse la instancia de la Cámara.

En este contexto y si los plazos efectivamente se acortan, el caso podría llegar a la Corte antes de la mitad del 2013. En otras intervenciones, como el fallo del 22 de mayo, el máximo tribunal había dejado en claro que no veía afectación a la libertad de expresión, sino que en todo caso el multimedio podría reclamar posteriormente una reparación económica.