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A modo de respuesta a las declaraciones de la número dos del FMI, Anne Krueger, el Ministerio de Economía hizo trascender que propondrá a los acreedores privados atar el pago de la deuda al crecimiento económico. La fórmula consistiría en entregar títulos reajustables según la variación del Producto Interno Bruto. El secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, iniciará pasado mañana una gira por Francia, Suiza, Alemania e Inglaterra para continuar los contactos por la reestructuración de la deuda.
Anteayer, la subdirectora del Fondo reclamó con dureza que el Gobierno acelere los pasos para solucionar los problemas con los acreedores. Desde el Palacio de Hacienda respondieron que ya están haciendo ese trabajo y que, además, una de las fórmulas debería servir de base para la propia negociación con el FMI: primero buscar el crecimiento y que los demás objetivos queden en función de esa prioridad. Krueger había planteado el orden inverso: primero el compromiso con una política fiscal estricta y después el crecimiento, como resultado de la recuperación de la confianza de los inversores.
“No tiene sentido pelearse con Krueger”, contestó el ministro del Interior, Aníbal Fernández. “El año pasado luchamos por demostrar que teníamos una posición distinta a la del Fondo, y logramos una economía estable”, recordó para desacreditar a la funcionaria del Fondo. La respuesta oficial de Economía corrió por cuenta de Armando Torres, portavoz de Roberto Lavagna: “La renegociación de la deuda alcanzó un grado de avance que nos permite prever que antes de fin de año estaremos en la etapa definitoria”. “Un acuerdo a largo plazo con el FMI –agregó– es casi una precondición para hacer verosímil un convenio con los acreedores externos”.
En cuanto a la propuesta de atar el pago de la deuda al crecimiento, cerca de Nielsen dijeron que es una de las propuestas que se harán a los acreedores, dentro de un mix que incluirá otras opciones. Además del tema de la deuda, Krueger se refirió a los problemas del sector bancario –”en las condiciones actuales es inviable”, denunció– y a la suba de tarifas de las privatizadas. Sobre la primera de esas cuestiones, Torres sostuvo que “la reforma del sistema bancario comenzó mediante su autodepuración, sin intervención del Estado nacional”. Y luego subrayó que “aún se avanzó más (en ese proceso) cuando tomó estado parlamentario el proyecto de reforma a la Ley de Entidades Financieras y a la Carta Orgánica del Banco Central”.
Finalmente, Torres precisó que los ajustes en las tarifas de las privatizadas “no se producirá hasta tanto no haya un nuevo marco legal que le permita al Poder Ejecutivo mayor capacidad de definición”. Se refería al proyecto que autoriza al Gobierno a modificar las tarifas. “Durante el gobierno de Duhalde quedó demostrada la necesidad de establecer un nuevo marco legal para producir los ajustes”, indicó, en referencia a las anulaciones en la Justicia de los decretos que establecían los incrementos.