La Procuración del Tesoro de la Nación calificó ayer de inexacta una nota del diario La Nación sobre el caso del predio de la Rural. El punto central de la crítica es que menciona un impedimento del juez Sergio Torres para que el Estado recupere legalmente estos terrenos, cuando no existe hasta el momento semejante situación. “Hubo una deliberada intencionalidad política”, indicaron desde el organismo. Para agregar que el texto contiene errores que no pueden explicarse únicamente a partir de la falta de información del autor. Alguno de los elementos que muestran la línea con la que fue elaborado es el uso de términos tales como “expropiación”, cuando lo que hubo fue la revocación de un decreto de los noventa que privilegió a ciertos grupos empresarios.

Desde la Procuración del Tesoro se hizo saber que el artículo “La Justicia impidió avanzar en la expropiación del predio de la Rural”, publicado el jueves en la edición impresa de La Nación, tergiversa intencionalmente el contenido de la resolución del juez federal en lo Criminal y Correccional Nº 12, Sergio Torres. Ocurre que desde el comienzo hasta el final de esta nota se afirman que “Torres rechazó el pedido que hizo el Estado nacional para que desapodere a la Sociedad Rural del predio de Palermo”. Pero en la entidad pública explican que “el periodista guarda un absoluto silencio sobre la medida otorgada, en la que subyace que a criterio de Torres, la Sociedad Rural no tiene un derecho indiscutido sobre el predio”. Este juez, en tanto, dictó una medida de anotación de la causa, para evitar posibles lesiones en los derechos del Estado a recuperar el terreno si así se dispone finalmente en la Justicia. Otro punto para señalar es que cuando la Agencia de Administración de Bienes del Estado, con patrocinio de la Procuración, pidió ser parte querellante en la causa penal, el juez le dio curso favorable a esta petición.

Como resultado, queda en evidencia para la Procuración que no existe la intención del juez Torres de impedir que la Rural regrese a la esfera estatal. Aunque sí manifiesta la fuerte puja de ciertos sectores por conservar viejos privilegios. Con la enajenación del patrimonio del Estado durante los noventa, el espacio ubicado en un punto estratégico de la Capital había sido rematado a favor del sector privado. Desde que se conoció el decreto 2552/12, por el cual el Estado buscó recuperar el Predio Ferial de Palermo, la Sociedad Rural Argentina argumentó que el Gobierno actuaba por “revanchismo” y de manera “intempestiva”. Pero lo cierto es que existe desde 2010 un fallo de Torres, donde se había explicitado que el precio pagado por la SRA era vil. Incluso, funcionarios del gobierno menemista y el ex titular de la SRA fueron procesados por “peculado”.

Como señala la Procuración, el mecanismo del Estado para recuperar el espacio que estaba administrado por la entidad agropecuaria fue la revocación por razones de ilegitimidad del Decreto Nº 2699/91, por el cual se aprobó la venta del terreno a un precio vil. Con más precisión los fundamentos de la medida reseñan: “Que al existir en la compraventa analizada una desproporción sustancial en relación con el precio de venta estipulado sobre la base de la cual tampoco encontraría justificación económica la financiación de la operación, el decreto 2699/91 se encuentra viciado en sus elementos, causas, objetivo, finalidad y motivación”.

Por tanto, la nota de La Nación vuelve a caer en inexactitudes, queridas o no, cuando habla de la “expropiación” de la Rural, cuando lo que hubo fue la anulación de un veredicto que favoreció a ciertos grupos económicos, gracias a relaciones con el poder de turno en 1991. Desde la Procuración puntualizaron además una equivocada referencia a la intervención como fiscal del caso de Carlos Rívolo, cuando el que dictaminó antes del fallo de Torres fue el fiscal Carlos Stornelli.

Una de las cuestiones que quedan en evidencia es la disputa que dan los sectores privilegiados durante los noventa por no perder sus beneficios. Frente a esa situación, en la Procuración destacaron que lo importante es que el juez Torres, a partir de evaluar una de las posibles medidas cautelares para preservar los derechos del Estado, está considerando también que existe verosimilitud en el reclamo del sector público.