A dos semanas de haberse fijado límites a los precios de venta al público de los combustibles, llueven las críticas mientras se hacen menos visibles los beneficios. La resolución del 9 de abril de la Secretaría de Comercio dispuso que los precios máximos vigentes en cada una de las seis regiones en que se dividió el país, funcionarán como topes durante los siguientes seis meses. Pero no se publicaron ni se establecieron cuáles eran esos valores tope, lo cual en la práctica resultó en un ajuste generalizado de precios. Quienes estaban más relegados –usualmente, YPF– aumentaron más que el resto. Pero nadie se privó de ajustar el precio, de límite incierto ante la falta de publicación fehaciente de los valores “tope” regionales. El aumento tapó, en tanto, un aspecto positivo: el mercado prácticamente no reflejó el desabastecimiento de combustible que podría haberse derivado de la salida de producción de la destilería de YPF en La Plata.

La principal refinadora de petróleo, de la cual sale alrededor del 30 por ciento del combustible que se consume en el país, quedó fuera de servicio por la inundación, seguida por un incendio provocado por el derrame de combustible que tomó contacto con uno de sus hornos. En consecuencia, YPF debió atender en la primera semana posterior a los hechos a su red de estaciones de servicio con el combustible en stock, mientras que volvían a producción las plantas afectadas. El inconveniente es que este regreso es paulatino y, además, no habría condiciones para recuperar la capacidad máxima de producción antes de que transcurran varios meses. El resto del complejo de refinerías del país, tampoco están en condiciones de cubrir la producción faltante.

El establecimiento de topes por región tuvo el efecto buscado de igualar precios entre distintas empresas y “blanquear”, a su vez, la existencia de un diferencial de precios importante entre diversas regiones. Hay dos impactos adicionales que surgen de la medida: YPF mejorará su rentabilidad más que el resto, porque arranca de un punto de partida en precios más bajo. Y además, se repartirá la demanda de modo tal que la petrolera recuperada no sufra en sus surtidores un desequilibrio mayor entre oferta y demanda.

Hubo otros impactos: que hubiera un aumento tan significativo y masivo tras la medida y que se mantuviera un alto nivel de dispersión en las pizarras, aunque marginal, producto de los sobreprecios de algunas estaciones de servicio que operan fuera de las redes oficiales de las petroleras. “No es una regulación estricta, pero es una señal”, apuntó uno de los colaboradores del Gobierno en la materia, tratando de justificar la intención política de regular la oferta y el precio de una variable básica, como el combustible, que aún no escapa a las reglas propias de un mercado cartelizado.