En la última semana se inició la zafra azucarera en el noroeste del país, en el marco de una crisis internacional que deprimió el precio del producto a valores incompatibles con los costos de producción locales. Sin embargo, en coincidencia con esta fecha, los cañeros del norte recibieron dos buenas noticias: el establecimiento por parte del Gobierno de una suerte de precio sostén para los productores de la provincia de Tucumán al frente de unidades de menos de 15 hectáreas, y la confirmación del inminente relanzamiento del ingenio La Esperanza en San Pedro, provincia de Jujuy, bajo un nuevo esquema productivo que permitiría mantener los dos mil puestos de trabajo y darle estabilidad permanente a esa fuente de empleo. Ambas noticias son parte de una política oficial que busca agregar valor en origen a la producción primaria, alentando así el desarrollo de economías regionales más allá de los vaivenes de los precios internacionales y las políticas de los sectores dominantes en los mercados mundiales de materias primas. Es una respuesta, además, hacia un sector de trabajadores rurales históricamente castigados por las prácticas de explotación de familias tradicionales que cargaban sobre sus hombros cualquier contingencia desfavorable de su negocio.

El martes último, durante su discurso en conmemoración por el 9 de Julio, en Tucumán, la presidenta de la Nación hizo mención a la próxima reapertura del ingenio La Esperanza. “Vamos a estar allí”, anticipó Cristina Fernández de Kirchner, quien señaló además que “tenemos que saber, y tienen que saber productores y empresarios, que vamos a necesitar agregar más valor al azúcar, porque del azúcar, si no, nos van a manejar el precio desde afuera, no lo podemos poner nosotros y con la sobreproducción que tenemos, no tenemos otra salida que agregarle valor”.

“Es una respuesta desde la política, no desde el mercado”, destacó Oscar Solís, subsecretario de Agregado de Valor y Nuevas Tecnologías del Ministerio de Agricultura, respondiendo a la consulta de Página/12. “Por la importancia que tiene la producción de caña de azúcar para la zona, para lograr sostener cada puesto de trabajo del personal del ingenio, inclusive de los contratados, era necesario generar las unidades productivas que le den salida a la producción, que la hagan económicamente viable. Pero eso no se podía lograr con señales del mercado, fue necesario armar una estrategia, desde el Ministerio y con el gobierno provincial, para hacerlo posible”, destaca Solís, titular de un área que precisamente se ocupa de gestionar estos emprendimientos innovadores en todo el interior.

El ingenio La Esperanza está en situación de quiebra desde hace varios años. Cuenta con 70 mil hectáreas, de las cuales apenas 10 mil están plantadas con caña. De esa superficie, apenas la mitad está en condiciones de dar caña de buena calidad. Pero mantiene una planta (entre permanente y contratada) de dos mil personas. Desde que el gobierno nacional intervino para evitar una fractura social en la zona, el objetivo prioritario era mantener el sueldo del personal. Ahora le agregará hacer posible un esquema de producción sostenible, “que no quede atado eternamente a la teta del Estado”, en expresión de Solís.

Aun en condiciones óptimas de precio, la producción azucarera del norte del país no puede ofrecer más que una rentabilidad intermedia, en desventaja frente a la producción de zonas tropicales. El ingenio La Esperanza fue administrado en los últimos años, por concesión, por el Grupo Roggio, cuyo contrato venció el 31 de marzo y fue prorrogado por dos meses más, “al sólo efecto de pagar los sueldos” y en una transición hasta implementar una nueva salida, ya que no tenía ningún interés en seguir.

La salida vino de la mano de un ordenamiento productivo que supondrá la creación de nuevas unidades de negocio para agregar valor a la producción de caña y un mejor aprovechamiento de las tierras actualmente improductivas. El armado de una estructura que contempla una unidad de explotación forestal, otra de productos orgánicos (fertilizantes y azúcar) y una tercera para producción hortícola y avícola permitiría, en principio, ocupar a 400 personas que se integrarían a un proceso productivo autosustentable. La forma que adoptarán estas nuevas unidades de negocio podrían ser la de cooperativas, para lo cual ya se cuenta con el respaldo institucional de la Federación de Cooperativas y de Federación Agraria Argentina de la zona (esta última, no necesariamente con apoyo de las autoridades nacionales de la entidad).

El proyecto más ambicioso es la producción de etanol o alconafta, pero es también el más caro. Aunque existe un programa de financiación de la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 80 millones de dólares ya aprobado, este proyecto deberá montarse sobre un saneamiento previo del ingenio y su normalización en términos legales. Formalmente, La Esperanza sigue siendo una empresa quebrada. A través del Prosap (Programa de Servicios Agrícolas Provinciales), y de su coordinador ejecutivo, Jorge Neme, se constituyó un fideicomiso que convocó a capitales privados que aportarán la tecnología y parte de la inversión para la “puesta en valor” del ingenio en sí. Tras un año de gestión de esta nueva estructura, es decir hacia mediados o fines de 2014, se espera estar en condiciones de levantar la quiebra y permitir el acceso de los mismos capitales privados que participarán en esta etapa para darle continuidad a la unidad de negocios principal.

Hace menos de una semana se volvieron a encender las calderas del ingenio La Esperanza. Algo más que una zafra se puso en marcha en esta oportunidad.