En los últimos meses la Corte Suprema asumió un novedoso papel de liderazgo opositor.
Imagen: Rafael Yohai.

La Corte Suprema no habilitará la feria judicial para pronunciarse sobre la validez constitucional de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Pero intentará, se supone, dictar sentencia una vez terminadas las vacaciones, en teoría antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto. Las posiciones dentro del tribunal todavía parecen dinámicas, sin una mayoría consolidada entre sus jueces, y van muy atadas a los avatares de la escena política, que está movida en estos días e impide predecir resultados electorales nítidos. A diferencia de la causa por la reforma del Consejo de la Magistratura, donde era cantado que la Corte no haría nada para ponerse en contra a la familia judicial (y lo resolvió en un santiamén), no es tan evidente su posición en el caso Clarín, a pesar de que hasta ahora lo benefició con resoluciones favorables al paso del tiempo y, con eso, la retención de sus licencias.

En los últimos meses la Corte asumió un novedoso papel de liderazgo opositor, allí donde las fuerzas políticas fallan con su incapacidad de ofrecerlo. Es una función similar a la que adoptan ciertos medios, en especial los del Grupo Clarín. A la vez la Corte intenta mostrar que lo suyo supera un mero ejercicio de oposición, y que aspira a pasar a la historia por sus actos jurídicos.

El derrotero de la ley de medios se ha convertido en el marcador del pulso de la política desde su aprobación en 2009. El fallo llegará en el momento de mayor tensión del Poder Judicial con el Gobierno.

La Corte tiene que revisar la decisión de la Cámara de los viajes a Miami que declaró inconstitucionales los artículos 45 y 48 de la LSCA, que definen los límites a las licencias de cable, que ponen tope a la audiencia para cada empresa, prohíben la propiedad simultánea de un sistema de televisión abierta y otro de cable y que limitan a una las señales de distribución propias. También deben expedirse sobre el plazo de desinversión. El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó un amicus curiae que los pone también en posición de decidir si llaman a una audiencia pública antes de fallar.

La cocina

Cuentan allegados a la Corte, que hasta hace unos días los supremos estaban cuatro a favor de respaldar la ley y tres en contra. Pero la denuncia que el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti, hizo ante sus colegas de que la AFIP le estaba haciendo espionaje tributario a él, a su hijo y a su amigo, el administrador general Daniel Marchi, potenció el estado de irritabilidad interno.

Dentro de la Corte, las alianzas son móviles y varían con el paisaje. Por estos días, Raúl Zaffaroni –único disidente en el caso del Consejo de la Magistratura– está apartado del bloque mayoritario. En varios despachos se especula con las “verdaderas aspiraciones políticas” de Lorenzetti. Después de la marcha de Justicia Legítima contra el fallo sobre la reforma del Consejo, el juez Carlos Fayt planteó una propuesta de acordada para que magistrados y funcionarios informen sobre su participación en esa protesta con el fin de promoverles acciones legales por discriminación. El decano de los supremos se sintió ofendido porque en la manifestación había muñecos que interpretó que mostraban a jueces con aspecto decrépito. Lorenzetti lo cortó de plano. Fayt no había firmado el comunicado institucional en su respaldo por el affaire con AFIP. Fayt, que no se priva de nada, contrató como abogado personal al titular del Colegio de Abogados, Jorge Rizzo, el impulsor del amparo contra el Consejo que resolvió la Corte.

Cualquier cosa se puede esperar, en este contexto, respecto de la ley de medios. En los despachos cortesanos la versión más escuchada desde hace varias semanas es que Lorenzetti podría avalar la constitucionalidad de la norma pero, a diferencia de la actitud que ha tenido en otros casos, no se puso a gestionar la formación de una mayoría que podrían integrar asimismo Elena Highton de Nolasco y Zaffaroni. El que estaría cerca también es Enrique Petracchi. Juan Carlos Maqueda podría estar en contra según le habría dado a entender al senador Miguel Angel Pichetto. Lo mismo Fayt y Carmen Argibay.

Otras hipótesis que pululan hablan de algún fallo que, aunque avale la constitucionalidad de la ley, favorezca al Grupo Clarín, por ejemplo, reformulando el plazo de desinversión o las proporciones que marcan el tope de licencias. Esas fórmulas pondrían el foco en el derecho de propiedad. La óptica que planteó el viernes en su dictamen la procuradora general Alejandra Gils Carbó consideró que la Cámara ignoró: “la irrenunciable protección de los derechos de las personas a la libre expresión y a la información plural, que resulta incompatible con la elevada concentración de medios de comunicación”.

Contrastes

Era relativamente sencillo para la Corte invalidar la ley que pretendía ampliar el Consejo de la Magistratura para extender la participación ciudadana. Por un lado, el modelo encuentra escasas referencias en el derecho comparado, los supremos se ciñeron a una interpretación de la Constitución sin estudiar demasiado y reforzaron la teoría de que el Poder Judicial y la política no se mezclan o son primas lejanas, para lo cual rechazaron admitir el sufragio universal. Además, el presidente supremo ha construido su legitimidad personal y la del tribunal desde adentro del Poder Judicial mismo. ¿Por qué habría de echar por la borda ese preciado capital? Lo que dejó algo de ruido fue que la Corte reimplantara, como quien legisla, la ley anterior del Consejo.

Con la ley de medios, la Corte dictó fallos que hicieron tiempo. Las espadas más alarmistas del Gobierno comparan esta Corte con la que Franklin Roosevelt terminó por cambiar cuando se oponía a las leyes del Estado de bienestar. En el mismo equipo otros dicen que es una exageración extrema.

En la sentencia sobre el Consejo, la Corte incluyó una lista de fallos donde declaró inconstitucionalidades en temas de interés del Gobierno y otros que ampliaron derechos: desde las leyes de impunidad, la que castigaba la tenencia de estupefacientes para consumo personal, la ley que ponía tope a la indemnización por despido, la de ART en cuanto impedía acceder a una plena reparación ante un accidente laboral, la ley espía, entre otros tantos. La enumeración pretendía destacar su labor de amplio espectro de la última década, que no ha sido frontalmente opositora en sus decisiones, y su función de control de constitucionalidad, que algunas voces del oficialismo empiezan a pensar en quitarle.

Ahora, más allá de la ley de medios, tiene algunos ases en la manga que, según lo que falle, podrían tener consecuencias importantes para el Gobierno: uno son los reclamos de ajustes jubilatorios; otro por el cepo al dólar. Más allá de los planes que pueda tener Lorenzetti, la Corte como tribunal juega su propio poder y su propio liderazgo, judicial y político.