El ministro de Economía, Hernán Lorenzino, mantuvo ayer dos reuniones en los Estados Unidos para buscar apoyo y ajustar la estrategia judicial en el litigio que enfrenta el país con los fondos buitre, mientras se aguarda por la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, que deberá decidir si toma la apelación presentada por Argentina contra el embargo de sus pagos a los bonistas del canje. El primer encuentro de Lorenzino en Washington fue con el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. El ministro se trasladó luego a Nueva York para reunirse con el bufete de abogados que representa al país en la causa presentada por fondos especulativos con títulos en default por 1330 millones de dólares. Por su parte, el juez del segundo distrito de Nueva York, Thomas Griesa, redobló la presión en contra de la Argentina, al remarcar que un cambio de jurisdicción para el pago de deuda pública “es una maniobra para evadir” sus fallos. El secretario de Finanzas, Adián Cosentino, aseguró que “la orden de Griesa no agrega ningún elemento nuevo a la causa ni al proceso judicial”.

El cambio de lugar de pago de la deuda es una alternativa –no oficial– para evitar un default técnico en caso de un embargo sobre las cuentas en el Bank of New York, a través del cual se canalizan los desembolsos actualmente. Precisamente es el juez Griesa quien en distintos fallos contra la Argentina y en favor de los fondos buitre trabó embargos que ponen en riesgo la reestructuración argentina. La Cámara de Apelaciones ratificó el fallo de primera instancia de Griesa sobre una supuesta discriminación de la Argentina entre los bonistas que ingresaron al canje y los que se mantuvieron fuera de la operación. El estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton, que representa al país, apeló el 23 de junio último en rechazo de ese fallo y solicitó entonces la revisión de este fallo por el pleno de la Cámara (en banc).

También se elevó un pedido ante la Corte Suprema de Estados Unidos para que decida sobre la supuesta discriminación alegada por los fondos buitre. La Corte comenzó el lunes pasado a analizar en forma privada si acepta este pedido. El lunes próximo comienza –luego del receso de verano– sus actividades y se conocerá entonces cuáles casos tratará en el actual período judicial. “Lo que diga no es definitivo ni definitorio porque quedan otras instancias de apelación y porque la Argentina va a seguir pagando la deuda como corresponde”, señaló a este diario el vicepresidente, Amado Boudou.

Con la intención de seguir cumpliendo con los vencimientos de deuda es que Cristina Fernández de Kirchner había deslizado la posibilidad de cambiar la jurisdicción de pago y evitar embargos. Según circuló en agencias internacionales, Griesa habría alertado que esta decisión sería un intento de la Argentina por evadir su sentencia. En su fallo, Griesa impedía cualquier cambio en las condiciones de los bonos reestructurados. “La orden de Griesa (de ayer) no tiene incidencia sobre el 7 por ciento de los bonos endientes de reestructuración”, afirmó Cosentino. “Nuevamente el juez Griesa da un inmediato trámite al planteo de los fondos buitre, especificando en la misma orden un plano para que la Argentina brinde respuesta. No obstante, el país continuará haciendo uso de todas las instancias que el proceso judicial otorga y que hoy supone completar los recursos a nivel de la Cámara de Apelaciones y el proceso de la Corte Suprema”, agregó.

La reunión de Lorenzino con el titular del BID tuvo por objetivo sumar apoyo “explícito” al pedido ante la Corte estadounidense en el conflicto con los fondos buitre. También se analizó el estado de las actuales líneas de crédito del organismo hacia el país, que podrían estar en peligro si la Argentina no logra revertir la causa. El ministro discutió en Nueva York con los abogados que asisten al gobierno nacional la estrategia a seguir en caso de que la Corte decida rechazar la solicitud de intervención en la causa. También se estudiaron los próximos pasos ante la Cámara que, de confirmar su fallo adverso, llevará a un nuevo pedido ante la Corte sobre la cuestión de la modalidad de pago y el riesgo de embargo de las cuentas del país en el Bank of New York.