Mientras se aguarda por el desenlace judicial del litigio que enfrenta la Argentina con los fondos buitre por 1330 millones de dólares, se conocieron dos propuestas privadas en marcha para acordar una solución al conflicto y evitar un default técnico del país. La semana próxima se formalizará el lanzamiento de un “Grupo de Acreedores Ad Hoc”, como se denominó a un cónclave de grandes inversores que reestructuraron oportunamente sus títulos argentinos en default y que ofrecerán a los holdouts negociar un canje entre privados. La propuesta, encabezada por el fondo Gramercy, consiste en comprar la deuda sin reestructurar con una quita menor a la que ofrece el Estado argentino. Estos bonos comprados por el sector privado ingresarían al canje reabierto por el Gobierno en octubre último y la diferencia se compensaría con la suba de los bonos, luego de que el riesgo de default se disipe. La otra propuesta en danza proviene de un equipo que comanda el abogado Eugenio Bruno y consiste en un menú de bonos y un pago en efectivo al cierre de la operación.

Los fondos buitre, encabezados por NML Capital, cuentan con un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York del 26 de octubre de 2012, que convalida la demanda por una supuesta discriminación de la Argentina en el pago de vencimientos de deuda reestructurada, mientras que no hace lo mismo con la deuda en default. Esa decisión fue llevada por los abogados que representan a la Argentina a la Corte Suprema de Estados Unidos para que se expida y el máximo tribunal todavía no tomó el caso. La Cámara también dispuso que esa discriminación debía salvarse a través de un pago en efectivo por la totalidad del monto demandado, pero dejó la decisión en suspenso. La Argentina pidió una revisión del pleno de esa Cámara y eventualmente hará un nuevo pedido ante la Corte Suprema para que determine la modalidad de pago. El Gobierno ofrece una nueva instancia de canje de deuda.

Si bien los tiempos legales juegan en favor de la Argentina, un fallo de la Cámara que levante la cautelar y una nueva negativa de la Corte Suprema estadounidense podría poner en peligro los pagos futuros de vencimientos para el 93 por ciento que ingresó al canje. Es por eso que se presentaron algunas alternativas para arreglar con los fondos buitre. La clave en este caso es la imposibilidad que tiene la Argentina de ofrecer mejores condiciones a los holdouts respecto de quienes ingresaron al canje. Eso derivaría en una ola de juicios por parte de estos últimos para que se les compense la diferencia. Por ello, Gramercy subraya que la suya se trata de una propuesta entre privados. También participan bonistas de Estados Unidos y Europa.

La iniciativa de este grupo de grandes inversores se sustenta en ofrecer un canje de deuda a los holdouts, que deberían resignar su pretensión de querer cobrar el ciento por ciento que reclaman en las Cortes internacionales y acepten negociar una quita menor con los privados. El universo de acreedores que aspira alcanzar la oferta de Gramercy involucra los 6500 millones de dólares de deuda nominal argentina que permanecen en default. La diferencia respecto de la quita que tendrán esos papeles al ingresar al canje que ofrece ahora el Estado argentino por los bonos en default será abonada por este grupo de bonistas a través de resignar parte de los intereses de los bonos reestructurados. La estrategia prevé que la pérdida inicial de los bonistas sería más que compensada a futuro por las subas en el precio de los bonos. Esto sucedería como consecuencia de que la Argentina cerraría el capítulo del default de 2001 y retornaría a tasas de financiamiento de un dígito.

La propuesta requiere la aceptación de todos los holdouts para evitar la aparición de casos en otras Cortes internacionales –algunas con fallos favorables– que vuelvan a generar riesgo de default. También deberá haber consenso dentro del grupo de inversores, ya que, por estatuto, algunos fondos no pueden comprar bonos defaulteados y realizar pagos en efectivo a cuenta de futuras subas en los bonos. Existen escasas experiencias de este tipo de operaciones en el mundo.

Otra alternativa la está encabezando Bruno, del estudio Garrido. La idea general –todavía se está trabajando y ya habría llegado a las manos del ministro de Economía, Hernán Lorenzino– prevé por el capital vencido al 2001 una quita de 25 por ciento. Por el resto se entregarían bonos con una tasa de interés del cuatro por ciento anual y plazos a acordar entre las partes. Por los intereses adeudados desde 2001 al presente se entregarían bonos a cinco años a una tasa de cuatro por ciento anual y una parte en efectivo al cierre de la operación. Esta propuesta contempla un componente de dinero fresco que le llegaría al país por esta operación a través de bonos de energía.