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Como en ese trillado chiste que reza que uno nunca se asociaría a un club que lo aceptase a uno como socio, es poco probable que algún capitalista elija invertir en la Argentina si ésta siguiera las recomendaciones de los economistas pro mercado y pro establishment. Paradójicamente, nada puede repeler hoy más a los hombres de negocios que una política diseñada según el molde de sus propias ideas. No obstante, los economistas liberales sostienen que el sector público debería alcanzar un superávit fiscal primario (antes de intereses) superior o muy superior al que viene logrando, como condición para encarar una renegociación exitosa de la deuda con los acreedores y “reinsertarse en el mundo”. Ese superávit debería aplicarse por entero a servir la deuda, transfiriendo así cada año a manos de los acreedores recursos equivalentes a varios puntos del PBI. Esto probablemente implicaría una fuerte presión impositiva, para abultar la recaudación, y un moroso ritmo de crecimiento de la demanda, porque se le restarían cuantiosos recursos a la economía para transferirlos al exterior. Puede sospecharse que tan virtuoso comportamiento ahuyentaría a los inversores, que preferirán ver el partido desde la tribuna. ¿Quién querrá involucrarse por propia iniciativa en un país con alta presión tributaria y bajo crecimiento? Así, el desaliento a la inversión volvería aún más difícil crecer, recaudar y cumplir con los acreedores.
Julio Piekarz, principal economista detrás de la perdidosa candidatura presidencial de Ricardo López Murphy, sostiene precisamente que el resultado fiscal obtenido hasta el momento por la gestión de Roberto Lavagna es largamente insuficiente. Hace falta mucho más. “Si quiere se lo firmo: con este superávit primario no se llega a un acuerdo –desafía en diálogo con Página/12–. Los acreedores no se van a sentar a la mesa, porque con este superávit el grueso de los fondos se lo llevaría la deuda no defolteada. Es decir, la contraída con los organismos internacionales, los Préstamos Garantizados y los Boden, emitidos a partir de 2002. Por tanto, para que el resto alcance para servir los bonos defolteados, los tenedores deberían conceder una quita enorme. Lo real es, sin embargo, que no pasarán del 35 por ciento a valor presente que le otorgaron a Rusia, o a lo sumo el 40 por ciento que obtuvo Ecuador.” Ni soñar con “pantagruélicas” quitas del orden del 70 por ciento, como se anduvo mencionando.
Aunque reconociendo que la Argentina, con un superávit que puede frisar en 2,7 puntos del Producto, está sobrecumpliendo el compromiso que asumió con el Fondo Monetario, Piekarz anota dos bemoles, además del de la insuficiencia. Uno es que hoy el superávit está sólo en parte disponible para el pago de intereses, porque una porción se aplica a financiar a las provincias, según el Programa de Financiamiento Ordenado. De modo que un primer objetivo sería eliminar ese desvío, “no me pregunte cómo”, admite el ex gerente general del Banco Central.
Según sus cálculos, sólo es posible sentarse a negociar con los acreedores si se asegura un superávit primario equivalente a 3,5 por ciento del Producto (más de 12 mil millones de pesos anuales, que deben salir de los contribuyentes). Aun así, esos recursos apenas alcanzarían para atender los intereses de la deuda, de manera que un problema aparte es saber cómo afrontar los vencimientos de capital (amortizaciones) que sobrevengan. La única posibilidad consistiría en refinanciarlos; es decir, obtener nuevos préstamos con los cuales cancelar los viejos, lo que implica haber recuperado el acceso del país a la plaza financiera internacional. Pero, lógicamente, sobre esos nuevos créditos habrá que pagar intereses, que exigirán un superávit primario adicional.
Piekarz critica, a propósito de esto, la inexistencia de un plan financiero que prevea cómo se hará frente a los vencimientos de capital, de qué manera se logrará que los mercados de crédito voluntario levanten la veda que pesa sobre la Argentina y cuál será el costo de ese nuevofinanciamiento. Los Boden ya están venciendo –habiéndose amortizado con superávit primario–, y los Préstamos Garantizados comenzarán a vencer el año próximo. Son facturas que sumarán 13.100 millones de dólares en los venideros cinco años. La única manera “adecuada” de abonarlas será colocando nuevas emisiones de bonos en el mercado. Se dice fácil.
De esta lógica se sigue que la Argentina debería orientar su política hacia el objetivo de reducir el riesgo país, para comprimir así el costo financiero de su reingreso al mercado. Para lograrlo debería, entre otras cosas, obtener todo el superávit primario que haga falta. Pero, incluso así, la tasa a pagar por cada refinanciación será notoriamente superior a la de la deuda renegociada, exigiendo más excedente fiscal para hacer sostenibles los nuevos compromisos. El desafío crecerá rápidamente, porque en tres o cuatro años habrá expirado el período de gracia que concederán probablemente los acreedores de la deuda defolteada, y empezarán los vencimientos de capital.
Piekarz sostiene que el superávit primario deberá aumentar, respecto del actual, entre 1,25 y 1,50 puntos del PBI, garantizándose que la recaudación impositiva adicional no derive en una expansión del gasto público primario (excluyendo intereses). El aumento del superávit no necesitaría ser tan drástico si creciese el Producto y se apreciara el peso, aunque quedaría por demostrar la compatibilidad entre un dólar real más bajo y un ritmo más acelerado de crecimiento de la economía. Por otro lado, no puede olvidarse que los márgenes de excedente fiscal que se barajan, incluyendo el que está lográndose ahora mismo, no tienen antecedentes en la historia argentina de las últimas décadas, incluidos los ‘90. El superávit fiscal, aun mínimo, ha sido una rareza. Lo normal fue el déficit. Tampoco se consiguieron, ni por aproximación, las tasas de crecimiento promedio que ahora se postulan para el futuro como si se tratara de objetivos moderados.
Para Piekarz, es posible que se alcance un acuerdo con el Fondo, pero luego no con los acreedores privados, en cuyo caso, según su punto de vista, “no habrá inversión ni crecimiento ni recaudación, de modo que tampoco podrá volcarse al gasto público sin generar inflación ese punto y medio de PBI en que es necesario incrementar el superávit primario”. La situación tiene el ominoso aspecto de una encrucijada: si la Argentina se sacrificase para generar en su sector público el margen de ahorro capaz de conformar a los acreedores, amedrentaría a los inversores, que temerán radicar capitales para pagar altos impuestos y hacer pocos negocios. Esta es una perspectiva. En la opuesta, si la Argentina se decidiese por atender otras prioridades, como la pobreza, los inversores podrían preferir mantenerse alejados de un país que seguirá en default.
En todo caso, el ajuste fiscal que plantea Piekarz es muy severo, por añadidura al de las cuentas actuales. Su argumento es que se precisa un superávit primario de 3,5 por ciento, exclusivamente destinado a servir los intereses de la deuda y además “legítimo”. Lo que en cambio existe es un superávit de 2,5 por ciento, o alguna décima más, del que, una vez restados los préstamos a provincias y otros desvíos, sólo queda 1,7 por ciento del PBI. Pero como medio punto se habría logrado mediante el recurso de gravar utilidades ficticias, al no permitirse el ajuste por inflación en el Impuesto a las Ganancias, la cifra baja a 1,2 por ciento, que cae a sólo un punto tras deducirse los intereses de la nueva deuda, post convertibilidad. Con esta visión, hay un abismo entre la actual performance fiscal y la que exigirían los mercados. Después de asomarse a él, ¿quedará algún inversor dispuesto a embarcarse en esta patera?