[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

“El cliente exige garantías de efectividad. Coincido con él, dado que lo teórico termina por ser opinable y refutable también teóricamente. Se requieren entonces concretas acciones materiales coadyuvantes, no teóricas. Esto es, métodos espurios y si se quiere mafiosos que la experiencia indica que han sido siempre efectivos y certeros (...) Antes de radicar las denuncias penales en la justicia –cuya inoperancia conocemos y sería necio no tener ello presente– debemos recurrir a procedimientos extorsivos y amedrentantes para minar las eventuales resistencias y seguridades de los destinatarios.” Estas palabras fueron escritas y firmadas por Carlos Alfredo García, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza bajo la dictadura militar, defensor del escribano del ex almirante Emilio Massera en la causa por el saqueo de los bienes de tres detenidos-desaparecidos en la ESMA, y Procurador General del Tesoro de la Nación durante la primera presidencia de Carlos Menem. Lo hizo en un dictamen presentado al poderoso bodeguero Adriano Senetiner que litigaba por la sucesión de su esposa Rosa Nieto. Los procedimientos recomendados en el dictamen tienen un inocultable aire de familia con otros ocurridos una vez que el escribano Raúl Juan Pedro Moneta dejó la clandestinidad favorecido por un fallo de la Corte Suprema de Justicia y anunció que “perdí quinientos millones y voy a vengarme”. Sus asesores de imagen le recomendaron no hablar nunca más de venganza. García asesoró a Moneta en la causa por el vaciamiento del Banco de Mendoza. La coincidencia entre las recomendaciones del dictamen y casos resonantes que involucran a medios de comunicación de Mendoza y la Capital Federal ¿es mera casualidad?
La amenaza
El dictamen que recomienda los métodos mafiosos fue presentado por Adriano Senetiner ante el juez mendocino en lo civil Luis Plana. En su juzgado se libra una batalla campal entre las dos familias que desde 1969 fueron propietarias de la bodega Nieto&Senetiner, vendida en 1998 al Grupo Pérez Companc. Cada parte acusa a la otra de usar ardides ilegales para despojarla. Al morir su esposa, Rosa Nieto, Senetiner litigó por el testamento con sus cuñadas Susana Victoria y Bernarda Beatriz Nieto. Como abogado de Senetiner, García negoció un convenio para interrumpir el juicio y dividir de común acuerdo bienes valuados en unos 4 millones de dólares. Uno de sus puntos estableció que Senetiner retendría un departamento comprado por Rosa Nieto en Miami con 100.000 dólares prestados por las hermanas. A cambio, devolvería el dinero del préstamo. Luego de librar el cheque, Senetiner viajó a Miami. Según alega, allí revisó la cuenta bancaria de su esposa y descubrió que nunca se había producido el ingreso de los 100.000 dólares. Intentó retirar dinero de las cuentas familiares en Estados Unidos pero las cuñadas invocaron el convenio para impedírselo. A raíz de eso Senetiner decidió desconocer el convenio y reiniciar el litigio. La presentación del dictamen de García forma parte del intento de Senetiner por demostrar que firmó el convenio en contra de su voluntad.
El dictamen afirma que la estrategia “jurídica y extra-jurídica” para lograr una “reparación económica y moral” debe adecuarse a las reacciones personales de los atacados y “a los respaldos” que consiga. Luego especifica “las terceras personas que deberán ser comprometidas a fin de lograr el necesario grado de adhesión y colaboración con el objetivo propuesto. Me refiero a jueces, empleados, funcionarios policiales, etc. de quienes deberé obtener toda su diligente actividad funcional para que tomen las medidas procesales requeridas”. Propuso denunciar al directorio y los accionistas de Nieto y Cía. SA por balances falsos y administración fraudulenta y a los de Las Marías SA por administración fraudulenta y evasión tributaria y de aportes previsionales. Estos últimos delitos, de acción pública federal, permitirían “la detención por un lapso corto o no” aunque las Nieto pagaran lo adeudado. El objetivo era obligarlas a buscar un nuevo “arreglo extrajudicial”. Como la evasión agravada tiene una pena mínima de 3 años y medio de cárcel, “la simple amenaza de su denuncia” implica una “enorme presión”.
Procedimientos extorsivos
Al describir lo que denomina “Esquema práctico”, el dictamen que Senetiner presentó a la justicia con la firma de García y de su hijo homónimo, enumera los “procedimientos extorsivos y amedrentantes” que propone. Lo que sigue es su transcripción textual:
“1. Utilización de presiones telefónicas o por correspondencia anónimas. Ello sirve para conflictuar al destinatario y al grupo que lo rodea.
2. Concurrencia de policías uniformados a sus domicilios particulares para efectuar notificaciones falsas. Aportaré mayores explicaciones.
3. Citaciones reales para concurrir al Departamento de Investigaciones Criminales en averiguación de infracciones menores. Por cierto en connivencia con los funcionarios indicados.
4. Denuncia en sede policial de uno o más delitos concretos a efecto de que sean citadas a comparecer en la sede de investigaciones un día viernes después del horario de Tribunales. En caso de concurrir el abogado y no la parte, no se le dará información. En caso de concurrir personalmente será demorada la persona por varias horas en ese ‘tugurio’ policial.
5. Por último, si nada de lo anterior produce los efectos esperados, se procederá a la detención de la persona elegida por medio de la policía, un día viernes por la tarde, para demorar la orden de libertad judicial.
Todos estos pasos deberán ser correlacionados con el arreglo económico que deberá ser planteado en forma simultánea, a través de la persona más adecuada para ello, que deberá actuar como un eventual mediador.
6. Graduar nuevos ataques personales por parte de la autoridad policial, nuevas citaciones, etc. para la hipótesis de no dar resultados inmediatos esta primera embestida.
7. El segundo y más grave grupo de presiones es el referido a la ley penal tributaria, por medio de la policía y de la justicia federal, empezando por el allanamiento a domicilios particulares ‘en busca de documentación contable’.
8. Todas estas acciones deberán ser realizadas en el breve lapso que se estime adecuado conforme a los resultados que se vayan vislumbrando.
9. Todas estas graves medidas como allanamientos y/o detenciones por lapsos que no excedan los dos días son perfectamente conseguibles con el apoyo y connivencia de las autoridades mencionadas”.
Sigue luego el capítulo de Conclusiones:
“1. El cúmulo de denuncias penales antes referidas y en especial el agregado de la Ley Penal Tributaria son en mi opinión elementos de presión más que suficientes para obligar a las personas denunciadas a llegar a un acuerdo económico favorable a nuestras pretensiones.
2. Si ello no fuera poco, restan las medidas o los procedimientos prácticos señalados, que obviamente refuerzan de manera contundente la primera parte del plan.
3. En el análisis de las conductas de la otra parte no se debe descartar las presiones que significan la existencia de terceros involucrados– con una menor responsabilidad– y que puedan influir sobre las mismas obligándolas a resolver los conflictos pendientes.
4. También es importante la repercusión pública, a través de los medios periodísticos que las causas penales pueden provocar, influyendo necesariamente en los denunciados”. Antes de la firma y sello de García, una línea manuscrita ratifica “Es mi opinión”. Esa firma es idéntica a la que García estampaba en sus dictámenes como Procurador del Tesoro de la Nación en 1990. Un funcionario del gobierno de Menem en aquellos años, que pidió no ser identificado, dijo que Eduardo Bauzá eyectó de la Procuración a su hasta entonces protegido García a raíz de una actuación escandalosa. El Estado reconocía una deuda injustificada, al estilo del posterior caso Meller, con un acreedor no menos dudoso pero sin vínculos orgánicos con el Polideportivo de Olivos. También es ostensible la identidad de esa firma con la de la declaración testimonial de García en otra causa mendocina, en la que se discuten los honorarios por el falso divorcio del ex bodeguero Héctor Grecco y su esposa.
Moneda
Al pie de las tremebundas recomendaciones firmadas por García, se lee una cauta anotación manuscrita por Senetiner: “¿No pueden ellos contestar con la misma moneda?”. Alarmado ante la sugerencia del empleo de métodos mafiosos y extorsivos, Adriano Senetiner decidió cambiar de letrado. Recurrió entonces al abogado Carlos Parellada. Consultado por este diario, Parellada dijo que Senetiner le había entregado el dictamen de García, que hoy está en el expediente del juez Plana. Consultado para esta nota, García reconoció la autoría del dictamen. “Es mío. Lo firmó también mi hijo, pero él hace sólo civil. Como Senetiner es un tipo complicado, le puse el diseño de la estrategia por escrito. Era una pelea complicada, se habían quedado con joyas y cuadros valiosos. Las hermanas Nieto tienen una situación social encumbrada aquí en Mendoza y la cuidan. Por eso yo quería asustarlas para que arreglen. No diría extorsionar, sino presionar, por el temor a que se supiera. Como usted bien sabe la justicia es muy lenta. Ese juicio podía durar cinco años y yo quería resolverlo rápido. Y salió bien. Senetiner cobró buen dinero”.
Según García, debió dejar la asistencia letrada de Senetiner a raíz de una operación de by-pass cardíaco que se complicó. “Me rompieron el bazo y tuve una serie de infecciones. Ya soy un hombre grande, tengo 76 años, y el médico me recomendó un viaje al calor. Le dije que junto con la receta me hiciera el cheque para pagarlo.” No fue necesario: ayer, García partió hacia Miami, con recursos propios.
Su autoincriminación sería asombrosa en cualquier persona sin sus curiosos antecedentes. García fue el principal testigo en el juicio político contra el ex juez federal Luis Leiva, de quien Parellada fue codefensor junto con Daniel Sabsay. En la audiencia del Consejo de la Magistratura del 18 de setiembre de 2000, García declaró que transmitió al escribano Moneta una solicitud de Leiva de tres millones de pesos a cambio de favorecerlo en la causa por el vaciamiento del Banco de Mendoza.
García dijo que en una conversación informal en un café a media cuadra de los tribunales federales argumentó en contra de la posible detención de sus clientes por subversión económica. Ese es un tipo penal arbitrario creado por la dictadura militar para justificar la privación de la libertad de personas a las que no se les podía probar algún delito preciso y que se ha seguido usando desde entonces. García describió este diálogo:
Leiva: –Hay tiempo para conversar.
García: –¿Qué querés decir?
Leiva: –Moneta se ha llevado 100 millones de pesos. Así que acá dos o tres palos no es nada.
“Como estaba muy violento y muy molesto”, a García no se le ocurrió nada mejor que preguntar:
–¿Vos me autorizás que yo le transmita esto a Moneta?
Obligación moral
Sentía “la obligación moral” de hacerlo, dijo. Aunque dijo que nunca fue defensor de Moneta, García reconoció haberlo informado “con bastante frecuencia” acerca de la causa. Cuando le comunicó el presunto pedido de Leiva, un enfurecido Moneta habría dicho que si aceptaba esa extorsión no podría mirar a la cara a sus hijos. Sin embargo, pasó un año y medio hasta que Moneta denunció la presunta solicitud económica y en vez de incriminar como cómplice a quien le habría transmitido la exacción lo ofreció como testigo. Ni el Consejo de la Magistratura ni el juez Bonadío objetaron esa extraña situación.
Luego de la reunión con Moneta, García dijo haber informado de su resultado a Leiva: “Mirá Luis, yo hice la gestión pero me sacaron a bolsazos. Olvidémonos. No me ocupo más del tema”. Otro aspecto notable de su conducta es que no comunicó lo sucedido a sus clientes, que eran socios de Moneta. “Me da un poco de pudor, no tuve la valentía de decirles con precisión cuál había sido la conversación. Preferí guardármela para mi fuero íntimo.”
Al prestar juramento ante el Consejo, dijo que no era amigo ni enemigo de Leiva ni de Moneta, pero cuando los consejeros le preguntaron por qué creía que Leiva le había encargado la comisión, respondió que porque “yo era conocido amigo de Moneta” y en Tribunales “se comentaba que el abogado de Moneta era yo, cosa que no era así pero yo no desmentía porque no me interesaba entrar en detalles”. Ni siquiera comentó con su socio la supuesta extorsión de la que habría sido vehículo.
El Jurado de Enjuiciamiento no sancionó a Leiva por esa denuncia. Lo removió por haber instruido durante dos meses una causa en la que se investigaban maniobras en contra de su juzgado y de sí mismo y en la cual ordenó escuchas telefónicas. En ese expediente el oficial inspector de la policía de Mendoza Rubén Elías Gorini informó que se había reunido con Eufrasio Mendoza y Silvestre Peña y Lillo, quienes procuraban conseguir los resúmenes de las tarjetas de crédito de Leiva, hacerle una “cama con unas prostitutas” y colocar drogas en su auto. El también escribano Silvestre Peña y Lillo está casado con una hermana de la mujer de Moneta, Claudia Arroyo Benegas. El jurado consideró que Leiva incurrió en mal desempeño por no inhibirse de inmediato.
Falso divorcio
En una causa por honorarios tramitada en Mendoza en 2002, Carlos Alfredo García no vaciló en reclamar la propiedad intelectual de otra triquiñuela de avenegra: simular el divorcio del bodeguero Héctor Grecco hace dos décadas para eludir la pretensión del Estado Nacional de cobrarse deudas impositivas con sus bienes. Estos episodios, reveladores del modo en que se manejó a la justicia federal a partir de la última dictadura militar, se ventilan en dos causas cruzadas: la querella del escribano Moneta contra el ex juez Leiva y la denuncia de Leiva por falso testimonio contra García, Moneta y otros de sus acusadores. Ambas causas se tramitaron en el juzgado federal 11 de la Capital a cargo de Claudio Bonadío.
A mediados del año pasado este magistrado procesó a Leiva por exacciones ilegales. Por una cuestión de competencia, ese expediente está ahora en la Cámara Federal de Mendoza. Además de la denuncia de Moneta, Bonadío consideró los testimonios de García y Daniel Vila, socio de José Luis Manzano en negocios editoriales y televisivos. Hace casi dos décadas, Bonadío atendía los teléfonos en el Centro de Estudios para el Proyecto Nacional, que fue la usina intelectual que el entonces joven diputado mendocino usó para su despegue, cuando estaba más interesado en las ideas que en los negocios. Ello no constituye ninguna de las doce causales de excusación del artículo 55 del Código Procesal. La causa contra García y Moneta sigue en el juzgado federal 11. Bonadío la había cerrado, pero la Cámara Federal dispuso que profundizara la investigación. Los abogados de Leiva, Gumersinda Pérez Hermo de Pisarello y Rubens D. Galante presentaron copia del dictamen de García en el caso Senetiner vs. Nieto y pidieron a Bonadío que solicitara el original al juez mendocino Plana. También entregaron una copia de la declaración testimonial de García ante otro tribunal de Mendoza en la que explica cómo sugirió el falso divorcio entre el bodeguero Grecco y su esposa para burlar al fisco.
Guardián de Hierro
Bonadío también aceptó como prueba indirecta en contra de Leiva el testimonio de Cristian Pérez Barceló, corresponsal en Mendoza del semanario extorsivo El Guardián de Hierro. Hace dos meses, Pérez Barceló fue detenido por el juez mendocino Daniel Carniello, quien lo procesó por coacción al empresario periodístico Sigifredo Alonso, asociado en Magna Inversora al Banco República del escribano Moneta. Alonso, quien es el accionista principal de un canal de televisión y una radio, había denunciado amenazas anónimas dirigidas a que vendiera sus acciones en el canal 9 y en Magna Inversora. Al ratificar su denuncia ante Carniello, Alonso asoció las amenazas con los “artículos difamatorios” que publicaba El Guardián de Hierro “para que me desmorone psicológicamente”. También señaló que había escapado a un intento de secuestro.
Una conversación telefónica de Pérez Barceló con Moneta, grabada por orden de Carniello, sugiere que el escribano es quien decide qué se publica en el semanario. En otra llamada a la sede porteña de El Guardián de Hierro, Pérez Barceló pide 4000 pesos con los cuales pagaría a dos prostitutas contratadas para la operación en contra de Alonso. Sólo les habría pagado la mitad. Las dos mujeres declararon en la causa y confirmaron que Pérez Barceló las había contratado. La primera dijo que el corresponsal le había pedido que enganchara a Alonso “porque Moneta quiere romperle el culo” y hacer que “suelte las acciones de Magna”. La otra le atribuyó una frase similar: “Hay que hacerle escupir las acciones, Moneta lo quiere reventar”. Acusaciones de vínculos con prostitutas también fueron publicadas en El Guardián de Hierro contra el diputado Gustavo Gutiérrez, quien junto con Elisa Carrió investigó el rol del escribano Moneta y sus compañías offshore en el lavado de dinero. Rastros del dictamen de García también se detectan en las dos causas judiciales que mayor entusiasmo han provocado en las páginas de El Guardián de Hierro:
- La detención por la Policía Federal de la directora propietaria de Clarín, Ernestina Laura Herrera de Noble, ordenada por el juez federal Roberto Marquevich por la presunción de que sus hijos adoptivos Felipe y Marcela pudieran ser en realidad parte del botín de la guerra sucia militar contra la sociedad argentina, y
- El allanamiento del diario La Nación dispuesto por la jueza federal María Servini, que investiga el posible lavado de dinero de origen ilegítimo y la eventual evasión tributaria. La mayoría del paquete accionario que maneja la familia Saguier pertenece a una sociedad que a su vez es propiedad de dos fantasmales compañías offshore constituidas en las Islas Vírgenes Británicas y en la isla de Gran Caimán. En una nota editorial publicada el 11 de junio, La Nación reveló que en cuanto se produjo el allanamiento, Manzano llamó al diario para involucrar al gobierno de Néstor Kirchner en la operación.
Oh casualidad: Moneta atribuyó sus desventuras a Clarín, e intentó comprar La Nación.