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Figuras del espectáculo o líderes de programas de chimentos participan de publicidades que convocan a endeudarse en compañías financieras que exigen pocos requisitos. Las ofertas de créditos de montos bajos y fácil acceso son permanentes en medios gráficos y audiovisuales. Han proliferado locales financieros y comercios que además de sus mercaderías ofrecen préstamos a sola firma, localizados en los barrios con predominante población de bajos recursos. Zonas que son además nodos de transferencia al conurbano (Constitución, Once, Liniers). El mercado financiero tiene una faceta sofisticada donde intervienen sectores sociales acomodados, otra relativamente masiva donde participan grupos bancarizados y una tercera poco estudiada que involucra a sectores populares no alcanzados por el sistema formal. Esta última pasó a ser un mercado atractivo para operadores financieros con ofertas “Efectivo ya!” o “Créditos en el acto”. Sin regulación estatal, esos préstamos presentados como una oportunidad de compra inmediata que debe ser aprovechada son una máquina de esquilmar al deudor. Las tasas de interés llegan al 165 por ciento anual (Credilogros BST), esto implica que por un crédito de 10.000 pesos, al cabo de un año el tomador debe pagar 26.500 pesos. Los protagonistas principales de este negocio con el ahorro de los sectores populares son Efectivo Sí, Metrópolis, Cordial, Credilogros, Columbia, Credil, Credipaz.

La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) se ocupó del tema, a partir de la renovada acción de la Procuración General de la Nación a cargo de Alejandra Gils Carbó que estableció para esa división del Ministerio Público Fiscal, entre otras tareas, la realización de “investigaciones preliminares respecto de hechos que revistan trascendencia institucional e impacto socioeconómico, con el fin de requerir la instrucción del sumario”. La investigación “Créditos para el consumo. Análisis del fenómeno socioeconómico y su impacto en los sectores populares”, elaborado por Germán Feldman, es un estudio “integral –y al mismo tiempo crítico– sobre un fenómeno socioeconómico en creciente expansión y con alto impacto social”. La Procelac, bajo el comando de Carlos Gonella, tiene un área de fraudes económico y bancario, cuyo coordinador es Pedro Biscay. Este último escribió en la presentación del trabajo que “la expansión de las finanzas hacia los sectores populares no siempre implica un proceso integrador, puesto que en aquellos casos en los que tal expansión no está acompañada por políticas de regulación y supervisión, tiende a generar fuertes vulnerabilidades medibles, por ejemplo en la violencia económica que impacta en las personas que han tomado este tipo de préstamos, quienes a su vez sufren en condiciones más gravosas las consecuencias del proceso de endeudamiento; situación que, en definitiva, refleja uno de los modos en que las condiciones abusivas de ejercicio del poder económico recae sobre sectores sociales medios y de menores recursos”.

Para evitar confusiones sobre el motivo de la investigación, Feldman advierte que “poco importa a los fines de este informe el destino que cada persona le dé al préstamo, ya que no se trata aquí de abrir juicios morales –basados muchas veces en prejuicios clasistas– sobre qué se compra con el dinero”. El objetivo “es explicar cómo se estructura el creciente fenómeno de créditos para el consumo y analizar el impacto que éste tiene en los sectores populares”. Algunos utilizan esos créditos para “llegar a fin de mes”, y otros para consumir determinados objetos por su fuerte valor simbólico. Todos ellos cayeron progresivamente en ese tipo de préstamos para el consumo, “redundando en un proceso de expropiación del ahorro personal”.

El crecimiento de los créditos para el consumo es explicado en términos generales por “la realidad económica y social que atraviesa la Argentina desde el año 2003, momento en que se concluyeron cinco años consecutivos de caída del PBI”. El documento precisa que este fenómeno debe rastrearse entonces en el aumento de los ingresos que hicieron que la clase media recupere su capacidad de consumo, en el incremento del empleo y en las políticas redistributivas. Estas tuvieron como consecuencia el aumento del consumo y, a su vez, el incremento de esos créditos por los siguientes factores: generación de nuevos puestos de trabajo, mejoras en los niveles de ingresos que posibilitaron el acceso y el pago de los créditos. “De esta manera, queda manifiesto que la Argentina, aun con un nivel bajo de bancarización, no escapa a la tendencia global del sistema financiero de volcarse a financiar el consumo”, apunta.

Los protagonistas del financiamiento del consumo son cuatro: los bancos tradicionales, comercios con préstamos en el acto de la compra y tarjetas de crédito propias (locales de electrodomésticos o supermercados), asociaciones mutuales y cooperativas, y compañías de crédito. Estas últimas no captan depósitos para luego prestar esos fondos, sino que otorgan créditos con capital propio, quedando fuera de la regulación del Banco Central. “No tienen un organismo de control ni una legislación específica que regule sus actividades”, señala el informe. Son las que cobran entonces las tasas de interés más elevadas.

Un aspecto destacado de la investigación es que detectó que “el liderazgo de este mercado lo poseen las entidades bancarias tradicionales que, operando a través de compañías financieras y retailers (firmas de consumo masivo) con slogans, marcas y campañas afines a la clientela de este nuevo mercado, posibilitaron la expansión del sistema”. Existe un abanico amplio de situaciones desde compañías registradas con presencia de locales en la vía pública hasta supuestas firmas que actúan mediante folletería callejera en donde colocan un número de teléfono o mail para contactarse. “Estos son probablemente donde se ejercen mayores abusos hacia las personas endeudadas por encontrarse prácticamente ausentes de regulación”, apunta el documento de la Procelac.

En el momento en que se solicita un préstamo se realiza una preevaluación (scoring) en base a la información del tomador del crédito: ingresos mensuales, condición laboral, Veraz y otros antecedentes de deuda. En función de esta información se decide el monto máximo a otorgar, el plan de pago y las tasas de interés. “Este sistema de evaluación al que se enfrenta cada solicitante de un préstamo es una prueba social, o un “pasaporte” económico, para constituirse en consumidor”, describe la investigación. El tomador del préstamo firma un contrato que posee en muchos casos cláusulas leoninas en los denominados gastos administrativos del crédito, en los intereses punitorios y en la firma de uno o varios pagaré ejecutables en caso de incurrir en mora. “El negocio de los préstamos en el acto también está dirigido al atraso en el pago para la posterior aplicación de elevadas tasas de interés punitorias o incluso la ejecución de la letra de cambio para embargar el salario y/o los bienes de la persona endeudada a través de la Justicia comercial”, explica. La utilización del pagaré es “una estrategia que pretende limitar el derecho a una defensa adecuada por parte del deudor y eliminar el control del mismo al momento de liquidarse la deuda”.

El funcionamiento de este segmento financiero no regulado es un reproductor de inequidad económica: las personas de menores ingresos pagan más por las compras de los mismos productos que sectores medios y altos. “Los sectores populares, entonces, son objeto de una violencia económica sin parangón en otros sectores de la población que genera un daño social, cuyas consecuencias repercuten tanto en las familias concretas como potencialmente en la economía nacional en su conjunto”, observa el informe de la Procelac, que propone un desafío para el Estado en el diseño de políticas públicas y la sanción de legislación adecuada para la supervisión del funcionamiento de ese mercado.

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