Cuando merodeaba el día de las elecciones por el bunker de PRO, difícilmente Eugenio Burzaco, ex jefe de la Policía Metropolitana, imaginara lo que le esperaba a fin de año. El fiscal Sandro Abraldes pidió que sea indagado por el desalojo del Parque Indoamericano, donde hace tres años fueron asesinados por balas policiales Rosemary Chura Puña, de 28 años, y Bernardo Salgueiro, de 22. La reciente indagatoria del entonces superintendente de Seguridad Metropolitana, Miguel Angel Ciancio, reveló que la fuerza porteña tuvo el día de aquel operativo una mesa de operaciones desde la cual el propio Burzaco hacía un seguimiento de los acontecimientos y daba instrucciones en coordinación, a la vez, con la Policía Federal, que era la que había recibido la orden judicial para el desalojo.

La hipótesis de Abraldes es que Burzaco podría ser responsable de las muertes y las lesiones provocadas por los agentes que desplegaron la represión en el predio, ocupado aquel 7 de diciembre por familias con necesidades habitacionales. Ahora, la jueza Mónica Berdión de Crudo debe decidir si respalda el pedido de citación de la fiscalía, que podría ser la última de una larga lista, que incluyó a 56 agentes de la Metropolitana y a 11 de la Policía Federal. La investigación judicial tuvo muchas vueltas y demoras. Hubo con anterioridad un juez, Eliseo Otero, quien sobreseyó a todos los sospechosos en febrero de 2012. Luego fue apartado por la Cámara del Crimen y recién en los últimos meses se concretaron las indagatorias, que trajeron algunas sorpresas.

Hasta ahora se sabía en el contexto de la investigación que la Policía Federal monitoreaba lo que sucedía en el predio de Villa Soldati desde la Dirección General de Operaciones (DGO) y, además, la fiscalía contaba con las modulaciones de los uniformados, lo que permitió establecer qué hablaban entre ellos. De la Federal, los agentes con rango más alto imputados son los comisarios Hugo Lompizano y Roberto Palavecino, aunque este último falleció antes de ser indagado. Lompizano arrastra una condena por el homicidio de Mariano Ferreyra. La Policía Metropolitana se comunicaba con aparatos Nextel, por lo tanto no hay constancia de lo que hablaban sus efectivos. Lo que hay en el expediente son imágenes televisivas y de las cámaras de la zona, así como relatos de testigos, que permitieron determinar la presencia de efectivos de la División Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM) en el lugar y el momento en que cayeron muertos, en distintos extremos del parque, Chura Puña y Salgueiro. Ambos fueron alcanzados por proyectiles muy similares compatibles con escopetas policiales.

La novedad que vino con el relato de Ciancio en su propia indagatoria fue que contó que estuvo junto con Burzaco en el sexto piso del Ministerio de Seguridad porteño, donde funcionaba el Centro de Monitoreo y Control, y que desde allí tenían contacto con la sala de situación de la DGO de la Federal mientras se desarrollaba el violento desalojo en el Indoamericano. Explicó que podían “visualizar imágenes que transmitían los distintos medios de comunicación presentes en el lugar y también de algunas cámaras periféricas de AUSA”. El dictamen de Abraldes dice que Burzaco y Ciancio estaban en contacto con Palavecino y Lompizano.

“La colaboración de la policía porteña surgió de un acuerdo previamente alcanzado entre ambas jefaturas”, sostiene en el texto del fiscal, que también firma la fiscal ad hoc Nuria de Ansó, al que accedió Página/12. Había, así, una suerte de doble comando. La Policía Federal impartía directivas y la Metropolitana retransmitía novedades y daba instrucciones. En lo que a Burzaco respecta, Abraldes sostiene que tenía “injerencia directa” en el “control de la actuación policial” y por las responsabilidades de su cargo le correspondía “extremar los recaudos”. Tuvo intervención, precisa, “en la preparación, el inicio y el desarrollo del desalojo del Parque Indoamericano”. Además de lo dicho por Ciancio, otros efectivos se refirieron a que el ex jefe policial dio indicaciones, por ejemplo, para la firma de un acta que establecía que el parque quedaría en custodia de esa fuerza una vez desalojado. A la mañana siguiente estaba ocupado otra vez.

“Las falencias detectadas en la conducción y dominio del procedimiento resultan igualmente atribuibles a Burzaco”, advierte la fiscalía, que sostiene que debió cuanto menos tomar todas las “precauciones orientadas a evitar la producción de los acontecimientos constatados, preservando la seguridad pública y, fundamentalmente, la vida e integridad física de las personas”, según lo establece la Ley de Seguridad Pública. Además de citar esa norma, Abraldes argumenta que la actuación conjunta con la Federal y la falta de protocolos de la Metropolitana obligaba a aplicar el orden del día interno 184, del que surge un protocolo de actuación policial destinado para los casos en que los agentes intervienen ante concentraciones de personas para prevenir alteraciones del orden público. El objetivo de ese protocolo es controlar a la policía y “corregir definitivamente inconductas” de su personal. Por ejemplo, obliga a que todos los efectivos estén identificados como tales, prohíbe el uso de armas letales e indica que el uso de la fuerza solo puede ser progresivo.

“Se advierte una clara infracción a deberes elementales de cuidado por parte de Eugenio Burzaco, que normativamente se ha traducido en las muertes y lesiones verificadas”, dice el llamado a indagatoria, que de ese modo sugiere una imputación por homicidio culposo y lesiones culposas. “El criterio rector de la actividad del jefe policial, expresamente establecido en las normas, le impide al jefe policial, presente en el centro de monitoreo y control, desentenderse de las obligaciones a su cargo”, explica.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) alertó al cumplirse tres años del desalojo del Indoamericano que los policías de la Metropolitana implicados siguen en funciones como si nada. Las pericias mostraron que no disparaban para disuadir, sino al cuerpo. La jueza Berdión de Crudo deberá resolver su situación en la causa después de las vacaciones. El fiscal analiza la compra de proyectiles de plomo por la fuerza porteña, negada sistemáticamente por el ministro Guillermo Montenegro. Algunos de los policías implicados también participaron de otros desalojos u operativos represivos, como el del Borda, la Sala Alberdi del Teatro San Martín y el Parque Centenario. Actúan como un verdadero grupo de choque.