Cuarenta años después de su nacimiento, en 1973, en Vera (provincia de Santa Fe), Fundapaz (Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz), una organización dedicada a la promoción humana y el desarrollo solidario de los pobres del norte argentino, trabaja con 3500 familias indígenas y criollas de comunidades rurales del Chaco argentino, en Salta, Santiago del Estero y Santa Fe, promoviendo actividades que consoliden sus derechos, en cuanto a calidad de vida, producción y, sobre todo, acceso a la tierra.

Inspirada en la doctrina social católica, y con la perspectiva de la “opción por los pobres”, Fundapaz enfoca su tarea en la reivindicación del derecho a la tierra y la calidad de vida de los trabajadores rurales, criollos e indígenas. Antonia Díaz, que desde 1987 trabaja como promotora en la organización, subraya que la tarea de promoción se hizo siempre “respetando la cultura y los tiempos” de las personas. En el momento fundacional, la obra contó con el apoyo decisivo del entonces obispo de Reconquista, Juan José Iriarte, un fondo económico inicial donado por la congregación religiosa de las Hermanas del Sagrado Corazón y con la energía y conducción de Silvia Stengel y su esposo, Jorge Pereda.

El director ejecutivo de la institución, Juan Luis Díaz, afirma que Fundapaz “está trabajando con organizaciones de base, campesinas e indígenas” para “apoyarlas a fin de que tengan un rol más importante para facilitar procesos de gobernanza, donde los diferentes actores de un territorio trabajan juntos en función de los objetivos comunes”.

Hoy, la fundación lleva adelante proyectos de organización comunitaria, promoviendo organizaciones criollas e indígenas en bien de su calidad de vida; iniciativas destinadas a regularizar la tenencia de la tierra mediante asesoría legal a las familias rurales; apoyo a la diversificación de los sistemas productivos para garantizar la seguridad alimentaria y mejorar los procesos de comercialización; y, al mismo tiempo, transformar la producción primaria, generando emprendimientos agroindustriales de pequeña escala.

Díaz señala que el desafío consiste en “capitalizar la experiencia para fortalecer el protagonismo de Fundapaz como actor político, a fin de realizar acciones de incidencia pública que permitan promover programas y políticas públicas orientadas a mejorar la vida de las familias campesinas e indígenas, preservar los recursos naturales y desarrollar nuevas actividades productivas y comerciales para este sector de la población”.

Como logros quedan 50 estructuras organizativas e indígenas de primer y segundo grado en las provincias de Santiago del Estero, Salta y Santa Fe, la mitad de las cuales ya cuentan con personería jurídica. En otro nivel, en las mismas provincias se perforaron más de 200 pozos de agua para la producción y el consumo y se logró la titularización de 120 mil hectáreas de tierra que favorecen a 550 familias en Salta, Formosa, Santa Fe y Santiago del Estero.