La propuesta elaborada por un grupo de grandes fondos internacionales encabezados por Gramercy y Fintech, para que todos los buitres ingresen al nuevo canje de deuda y desistan en sus demandas contra Argentina, sale a la cancha. Los tenedores de bonos presentarán en los próximos días –incluso podría ser hoy– el grado de adhesión alcanzado entre sus pares y presentarán a los dos bancos europeos involucrados en la operación. La apuesta audaz y de difícil implementación contempla cederles a los buitres como NML Elliot y Dart una porción del rendimiento de los bonos reestructurados que cobrarían entre 2014 y 2018, con un escenario base de 1500 millones de dólares. A cambio, los fondos litigantes que no participaron de la reestructuración deben desistir sus demandas e ingresar al canje de deuda. La novedosa solución de mercado tiene una ventana de negociación reducida: hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se exprese sobre el pedido de revisión del polémico fallo que debe presentar el Gobierno en febrero. Si la tran-sacción es exitosa, Argentina lograría cerrar el capítulo del default con acreedores privados.

El fallo en la disputa legal, política y económica impulsada por los buitres obliga al país a realizar un pago en efectivo por 1330 millones de dólares. Adicionalmente, condiciona a las entidades encargadas de cursar la cancelación de los vencimientos con el 92,4 por ciento de los acreedores que ingresaron al canje, a la ejecución de la sentencia (default técnico). El Gobierno rechaza la forzada interpretación de las cláusulas de tratamiento igualitario –pari passu– de los bonos locales. Como alternativa propuso a los buitres que ingresen a un nuevo canje de deuda, una oferta que ya fue rechazada en dos oportunidades.

Dentro de tres semanas el equipo económico deberá presentar ante la Corte Suprema de Estados Unidos el pedido de revisión –writ a certioriari– del fallo. Si el máximo tribunal rechaza escuchar la posición del país, o si lo hace pero finalmente convalida el reclamo buitre, todos los actores involucrados pierden. Los buitres no cobrarían la sentencia, los tenedores de bonos reestructurados dejarían de recibir sus pagos en tiempo y forma (perderían mucho dinero) y Argentina enfrentaría una situación de crisis financiera aun cuando garantiza el pago de esos pasivos con las reservas. Para evitar una fuerte pérdida de dinero, ya que el precio de sus bonos argentinos se desplomaría con un fallo favorable a los buitres, los titulares de los fondos que concentran gran parte de la deuda como Robert Koenigsberger (Gramercy) y David Martínez (Fintech) –de estrecha y prolongada relación con el Gobierno– elaboraron una propuesta “económicamente atractiva” para que los fondos litigantes ingresen al canje.

Aunque deben ceder parte de su rentabilidad durante un período por un monto cercano a los 1500 millones de dólares, entienden que la normalización de la disputa arrojará una recuperación en el precio de los títulos. Así, limitarán la magnitud del esfuerzo de entregarles a los buitres una porción de sus ingresos futuros. En tanto, como Paul Singer (NML) y Kennet Dart (Dart) adquirieron sus bonos a precio de remate, la solución entre las diferentes facciones de acreedores redundaría en una abultada ganancia especulativa.

Entregar una porción de los intereses para atraer a todos los buitres al canje no es un proceso sencillo, ya que requiere un elevado grado de adhesión. El Exchange Bondholders Group, como se autodenominan, informaría hoy el nivel de compromiso logrado entre sus pares. La cláusula de acción colectiva (CAC) de los títulos permite modificar las condiciones de pago de los bonos –lugar, fechas, agente de pago, tasas o legislación– siempre y cuando logren un nivel mínimo aceptación que fuerce la participación de todos los tenedores de bonos. Para funcionar en este caso se requiere el visto bueno del 75 por ciento de cada serie de bonos o el 85 por ciento del total (con un mínimo del 66 por ciento sobre cada bono).

Pero además de alcanzar esos niveles, algo que ya habrían logrado los impulsores de la propuesta, se requiere el consentimiento del emisor, o sea de Argentina. Hasta ahora el Gobierno no se involucró en la operatoria promovida por Gramercy y Fintech –dos fondos que tienen una larga historia con el Poder Ejecutivo–, pero sí decidió no avanzar en la apertura formal del tercer canje de deuda, a la espera que se materialice la iniciativa. La jugada está en marcha y puede ofrecer un resultado favorable para todos los jugadores: fondos de inversión, buitres y Argentina. Sin embargo, la “racionalidad económica” de la operación, principal atractivo para todas las partes involucradas, no garantiza que los fondos como NML de Paul Singer desistan de sus demandas e ingresen al canje. Tienen espaldas anchas que les permiten perder dinero. Por eso, si su intención es perpetuar sus abusivas operaciones especulativas y extenderlas hacia potenciales defaults en países europeos, el precedente de una solución de mercado en el caso argentino limitaría sus objetivos carroñeros.