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El ex presidente interino Ramón Puerta es un poderoso empresario yerbatero. Al momento en que el Registro de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea) relevaba los testimonios de los tareferos explotados en la finca I Pora, el ex mandatario estaba en Medio Oriente haciendo negocios. Puerta es dueño de 12 mil hectáreas de campo, de las cuales 2600 están dedicadas a la yerba. El último campo inspeccionado era de 1004 hectáreas. La administración de esa finca se realiza a través de la empresa Yerbatera Misiones, de su propiedad. Es decir, el ex gobernador es dueño del campo donde están las hojas de yerba y de la empresa que gestiona y administra esas tierras. Además es dueño del molino donde se finaliza el proceso productivo. En el medio está el proceso de cosecha de las hojas y el secado, actividades que son subcontratadas o tercerizadas por Puerta.

Antes de la Ley 26.727, el dueño del campo podía esconderse detrás de los contratistas, sin asumir ninguna responsabilidad laboral o penal. Sin embargo, la normativa modificó esa lógica. Los abogados del Renatea consultados por este diario explicaron que “como el proceso productivo se inicia en la propia finca de Puerta, y finaliza en una compañía de su propiedad, es penalmente responsable por todo lo que ocurra en la estancia, sobre todo si tiene contratistas que forman parte de un proceso económico que lo beneficia”.

Según los registros oficiales a los que accedió Página/12, el ex funcionario posee al menos cuatro estancias: Yohasa (1480 hectáreas) y Yerbal el 17 (110 hectáreas), ubicadas en Corrientes, y Chacra Cruce Pinal (46 hectáreas) y Estancia I Pora (1004 hectáreas), en Misiones. El resto de las hectáreas estarían dedicadas a otras actividades. La estructura que va desde Puerta hasta los tareferos explotados es la siguiente: el ex gobernador es dueño del campo, que es administrado por una empresa suya. Esa empresa, Yerbatera Misiones, contrató a Sergio Polichuk para que le proveyera tareferos que levantaran la cosecha de yerba, en el propio campo de Puerta.

“Lo que hace Polichuk es subcontratar capataces, que son personas insolventes a las que les compran una camioneta y las hacen aparecer como subcontratistas, que tienen a su cargo a los tareferos explotados. Levantan las hojas, las mandan al secadero y luego vuelven al molino de Puerta. El mismo con sus declaraciones reconoce estas maniobras que antes estaban invisibilizadas, pero ahora la ley lo hace responsable por todo lo que ocurra en su campo”, explicó a Página/12 Martín Ibarguren, delegado provincial del Renatea.

La ley de contratos rurales sancionada en 2011 sirvió para ponerles un límite a los abusos de los empresarios agropecuarios, sin distinción de rama productiva. “Quienes contraten o subcontraten con terceros la realización de trabajos o servicios propios de actividades agrarias, o cedan, total o parcialmente, a terceros el establecimiento o explotación que se encontrare a su nombre, que hagan a su actividad principal o accesoria, deberán exigir de aquéllos el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo, siendo en todos los casos solidariamente responsables de las obligaciones emergentes de la relación laboral.” Así lo establece el artículo 12 de la Ley 26.727.

La normativa también dice que cuando se contraten o subcontraten obras, trabajo o servicios correspondientes a la actividad normal y específica propia del establecimiento, y dentro de su ámbito, “se considerará en todos los casos que la relación de trabajo del personal afectado a tal contratación o subcontratación está constituida con el principal”. Es decir, con Ramón Francisco Puerta.

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