Cuando celebre su primer plenario del año, el 14 de febrero, el Consejo de la Magistratura tendrá dos nuevos integrantes, cuya presencia implica una jugada fuerte de la Casa Rosada en busca de un cambio de aire y de rumbo en el organismo y un nuevo intento por empujar reformas en el sistema judicial. La designación de Julián Alvarez como representante del Poder Ejecutivo se concretó ayer con su publicación en el Boletín Oficial. También la del diputado Eduardo “Wado” de Pedro, firmada por el presidente de la Cámara, Julián Domínguez. Ambos jurarán en la sesión del jueves de la semana que viene, en la que además el cuerpo elegirá a su nuevo presidente, en reemplazo del camarista Mario Fera.

Algunos consejeros de la oposición maldicen por anticipado la designación de los dos jóvenes de La Cámpora y vaticinan, alarmistas, un clima de confrontación. “Seguramente vienen a pelear”, protestó el senador radical Mario Cimadevilla a este diario. Pero, a contramano de los dramáticos vaticinios opositores, en sus primeras reuniones informales los consejeros entrantes apuntaron a diseñar una estrategia de “no confrontación” que permita activar al Consejo, que el año pasado no hizo prácticamente nada. Elevó una sola terna para cubrir la vacante del Juzgado Federal de Moreno (cuando tiene 213 concursos pendientes) y promovió un juicio político.

El Consejo –que se ocupa de los concursos y de evaluar la conducta de los jueces– tiene 13 miembros, 6 de ellos oficialistas: dos diputados, dos senadores, el delegado de la Casa Rosada y el académico. Además hay dos radicales, tres jueces y dos abogados. Esa relación numérica seguirá igual, sólo que podría mejorar la cohesión del bloque kirchnerista que el año pasado sufrió fisuras. El hombre del Ejecutivo, Hernán Ordiales, trazó alianzas sorpresivas con los jueces, incluso fuera del Consejo, con la tradicional Asociación de Magistrados, y tuvo una relación cada vez más conflictiva con dos consejeros del Frente para la Victoria, el diputado Carlos Cuto Moreno y el senador Marcelo Fuentes. Ambos, ahora, están exultantes con las incorporaciones.

Aquellas diferencias internas sumaron dificultades a las que ya arrastraba el Consejo por su propia inercia y por la resistencia al diálogo de los opositores. La cuasi parálisis también tuvo relación con el debate sobre el Poder Judicial, la aprobación de la ley de reforma del propio Consejo y luego los cuestionamientos que derivaron en que la Corte Suprema la declarara inconstitucional en sus aspectos centrales (como la elección popular de consejeros). Esa reforma tuvo el sello de Alvarez, De Pedro y otros dirigentes del mismo grupo.

Algunos desafíos que los camporistas ya piensan en cómo resolver son:

- Luego de elegir autoridades del Consejo, apuestan a que en el plenario siguiente se apruebe una reforma del reglamento interno. Es una asignatura que quedó pendiente de 2013 y que tiene el propósito de implementar cambios que sobrevivieron de la ley que se aprobó el año pasado (y que la Corte no invalidó), que impactan sobre los mecanismos de los concursos. Por ejemplo: los jurados los deben integrar sólo académicos y debe haber un régimen de concursos previos para que haya candidatos disponibles cuando se generan vacantes en un fuero sin tener que llamar a un concurso cada vez. También hay una nueva forma de enviar las ternas. Seguro habrá discusión sobre cómo acortar los concursos.

- Intentarían resolver el problema planteado por la Corte Suprema, que anunció que no le prestará más plata al Consejo para pagar sueldos. Se analizan redistribuciones o recortes presupuestarios.

En noviembre vencen los mandatos de todos los consejeros, excepto los dos nuevos, de modo que a lo largo del 2014 todos los estamentos irán eligiendo a sus representantes. Se avecinan debates novedosos: ¿por qué los consejeros jueces sólo pueden ser de la Asociación de Magistrados? ¿Y si Justicia Legítima u otra organización quisiera postular los propios? Es evidente que para fin de año el Consejo será otro, habrá que ver cuánta voluntad de reunirse y trabajar reina en estos meses de transición.