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Hace 23 años, un 13 de febrero de 1991, miles de ferroviarios protagonizamos una huelga por reclamos salariales y en repudio al plan de privatizaciones que llevó adelante el gobierno de Menem, a instancias del Citibank y del Consenso de Washington. Durante los 45 días que duró el conflicto se acuñó la tristemente célebre frase “Ramal que para, ramal que cierra” y se inició el desguace de una empresa estratégica para el país.

En febrero de 2012, la tragedia de Once motivó al traspaso de los ferrocarriles a la órbita del ministro Randazzo, quien desarrolló una nueva política de inversión en infraestructura y cambios administrativos. En junio de 2013, otro hecho trágico, en Castelar, llevó al Ministerio de Interior y Transporte a instalar cámaras en las cabinas de los motorman y se dispuso que los trabajadores vinculados al movimiento de trenes se sometieran a controles psicofísicos. Ante un nuevo accidente en Once del Sarmiento, en octubre de 2013, el ministro Randazzo tomó la decisión de reestatizar esa línea ferroviaria, decisión que apoyamos y celebramos.

También se dio un importante paso para recuperar el transporte de cargas, que fue víctima del mismo proceso de desmantelamiento y de pésimas gestiones privadas; el Gobierno creó la empresa Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima, con la intención de recuperar el ferrocarril. Sobre la recuperación de la industria ferroviaria, el convenio para que Fabricaciones Militares participe es un paso en consonancia con el proceso de reindustrialización, que debe considerar la infraestructura y los RR.HH. con los que contamos.

El deterioro del sistema urbano de pasajeros, sumado a la destrucción de nuestra industria ferroviaria, no dejó otra alternativa que la adquisición “llave en mano” de material rodante proveniente de China por más de 1000 millones de dólares y un importante plan de obras de infraestructura que se está ejecutando. Pero para que todos estos cambios avancen con ritmo sostenido no alcanza con las decisiones de un gobierno. Es necesario que los pasajeros se relacionen de una nueva forma con el sistema ferroviario. En el contexto actual, los usuarios se sienten fuera, ajenos a los problemas de mantenimiento, a las mejoras o a la posibilidad de tener otra interacción que no sea la meramente utilitaria.

Estamos trabajando en una propuesta que tiene por objetivo dar el primer paso en la construcción de una mejora en la relación usuario-sistema. Para “amigar” a los pasajeros con el servicio hay que poner el énfasis en la ampliación de derechos del usuario. Y un usuario con derechos también debe cumplir con obligaciones.

Sabemos que habrá escollos y dificultades. A la inversión que realiza el Estado, se le contrapone la resistencia y boicot de sectores gremiales y de algunos personajes que provienen de las concesionarias. También resistirán las patronales y sindicatos vinculados al transporte de cargas que utilizan la red vial, que se beneficiaron del desmantelamiento ferroviario. Habrá que generar entonces una masa crítica en favor de la complementariedad entre el transporte de cargas por camiones y ferrocarriles, que piense el país por encima de las mezquindades sectoriales. Consideramos que el modelo de gestión estatal implementado en el Sarmiento es el camino a seguir, a fin de garantizar el mejor servicio para los usuarios y los trabajadores.

* Fraternales por la Recuperación de Ferrocarriles Argentinos; Centro de Estudios Ferroviarios Argentinos (CEFA).