Con eje en la reconstrucción del rol que cumplió la Inteligencia militar y el centro clandestino de Campo de Mayo, hoy comienza una nueva etapa en la causa de la llamada Contraofensiva Montonera, que se instruye en San Martín. La jueza federal Alicia Vence hoy empieza a tomar indagatorias a once militares: se trata de jefes y subjefes de los cuatro sectores que, según las querellas, concentraron el núcleo represivo de esta avanzada contra la organización entre los años 1979 y 1980. Entre ellos, hay integrantes de la plana mayor del Ejército, del Batallón de Inteligencia 601, del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo y del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo. Para las querellas, éstos son sólo una parte de los responsables.

“Si hoy fuera el año 1981, habría unas 48 personas para indagar en esta etapa y no sólo 11, porque todos los que formaban parte de esas estructuras de plana mayor estarían con vida”, dice el abogado Pablo Llonto, representante de la querella. “Lo primero que hay que decir sobre este llamado a indagatoria es que está muy bien –agrega– porque por fin se va a indagar a esta primera tanda de responsables, pero también hay que decir que fueron dos años de represión y persecución, donde el eje de la represión se centró en la Contraofensiva Montonera. Entonces, está bien que se agarre a las conducciones militares pero también hay que decir que hay una enorme cantidad de autores directos, tanto del Ejército como de las policías Federal y de la provincia de Buenos Aires que actuaron durante dos años para realizar operativos de secuestros en todo el país, que en la mayor parte de los casos culminó con secuestrados en Campo de Mayo.”

En esa línea también se expresa Gustavo Molfino, hijo y hermano de dos de los militantes secuestrados, pero además parte del grupo de hijos que lleva adelante una tarea de reconstrucción casi arqueológica de la causa. “Esto simplemente significa el comienzo del posible camino de justicia”, dice. “Es un puntapié inicial, importante, pero insuficiente porque todavía queremos más. Acá hubo un aparato represivo con un jefe máximo y hacia abajo hay una cadena que abarca desde los jefes a los operativos”.

La causa tiene por ahora 85 víctimas desaparecidas o asesinadas. Todas fueron secuestradas entre 1979 y 1980. Y puede pensarse como la segunda etapa de una causa inicial que llevó adelante en la última etapa el juez porteño Ariel Lijo, y que reconstruyó los casos de seis víctimas. En este caso, el expediente de San Martín que se abrió en 2012 intenta una mirada global sobre las víctimas y los operativos que se hicieron sobre los militantes. Toma los dos años completos, las caídas que se produjeron en distintos puntos del país, en las fronteras, pero también afuera, en lugares como Perú o Brasil. Trabaja con la reconstrucción de casos de quienes nunca salieron del país pero estaban enrolados en la tarea programada por la organización. Y trabaja con la hipótesis de que la mayor parte de ellos fue trasladada a Campo de Mayo.

La jueza Vence comenzará hoy a trabajar con los primeros acusados. A las 10 indagará a Luis Angel Firpo, que fue jefe de la Central Contrainteligencia y jefe de la División de Seguridad del Batallón 601 entre el 3 de diciembre de 1974 y el 12 de junio de 1980. La semana que viene deberán concurrir Roberto Dambrosi y Raúl Guillermo Muñoz. Dambrosi fue jefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 entre marzo de 1979 y noviembre de 1980. Y Muñoz revistó como jefe del Departamento de Personal, G1, del Estado mayor de Institutos Militares entre 1980 y 1982.

Uno de los nombres más simbólicos de la lista que no podrá ser indagado es Alfredo Sotera, que fue el segundo de Carlos Martínez, uno de los principales cerebros de la represión, ex jefe de inteligencia del Ejército y de la SIDE. Según el legajo, Sotera fue entre 1977 y 1979 subjefe de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto y en 1980 permaneció como jefe. Está imputado en otra causa en el juzgado de Daniel Rafecas y allí tramita un incidente de salud aún irresuelto. Otro de los nombres de acusados que tampoco irán a indagatoria es Mario Guillermo Ocampo, ex jefe de la Segunda Sección del destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo, quien figura en la última lista de prófugos.