La quita de subsidios que el Gobierno anunció días atrás acercará la tarifa de agua de los usuarios de AySAal valor de la boleta promedio de las empresas que operan ese servicio en el interior del país. En el caso del gas, donde también se retiraron beneficios, la competencia nacional del Enargas asegura tarifas parejas en todo el territorio nacional, mientras que en electricidad, donde también hay disparidad regional, la situación es incierta porque hasta ahora no hubo anuncios. Las distancias tarifarias tienen efecto en el nivel de consumo, siempre a favor del área metropolitana. De todas maneras, la economía de escala de las empresas que operan en Buenos Aires asegura allí una tarifa “naturalmente” más barata.

La fuerte reducción de los subsidios al gas y al servicio de agua que brinda AySA genera, además de la polémica alrededor de si la suba de la boleta es excesiva o no, una serie de efectos económicos. En el plano fiscal, en principio el resultado sería neutro, si es que la mayor recaudación, como anticipó el Gobierno, se destina a incrementar las partidas de la Asignación Universal por Hijo y del plan Progresar. A nivel distributivo, la medida tendría efecto positivo, sobre todo si sale fortalecida la política de ingresos. También impactará en la dispersión geográfica de los subsidios y podría hacerlo en el consumo de los servicios, en la medida en que tenga efecto el incentivo al ahorro del gas que propone el Gobierno para evitar la suba del precio de la boleta. A la vez, las distribuidoras recibirían algo más de dinero.

En el servicio de agua y cloacas, la factura bimestral promedio de AySA para usuarios residenciales en marzo fue de 36 pesos con impuestos. Luego de la quita de subsidios que se completará en agosto, la tarifa media pasará a 132 pesos, salvo para los usuarios exceptuados. Es un aumento de casi 100 pesos, del 266 por ciento. En el caso de la factura mínima, pasa de 20 a 74 pesos. Una suba de esa magnitud puede afectar a familias con dificultades económicas. En ese sentido, habrá que ver cómo funciona el sistema de pedido de exención por este tipo de causas.

Sin embargo, cabe destacar que la tarifa pasará a estar en un nivel más acorde con el resto del país y en varios casos todavía por debajo. La tarifa mínima que cobra Aguas Bonaerenses (ABSA) es de 55 pesos y la promedio, 134 pesos; en Santa Fe, la mínima es de 93 pesos y la promedio, de 162 pesos; en la ciudad de Neuquén, 91 pesos y 218 pesos respectivamente; en Corrientes, 90 y 280 pesos, y en Posadas, 90 y 280 pesos. En Río Negro, en tanto, la mínima es de 83 pesos y la media, de 103 pesos, mientras que en San Luis la mínima es de 81 pesos. En Córdoba, el servicio de agua cuesta un mínimo de 42 pesos y un promedio de 191 pesos. El elemento distintivo de AySA es que cuenta con una notable ventaja económica a raíz de que opera con una escala muy superior.

La tarifa y la falta de medidores son dos condimentos centrales para explicar el consumo desproporcionado de agua en el país, pero especialmente en la región metropolitana. Según datos de Planificación, el consumo de agua diario per cápita de los usuarios de AySA es de 500 litros. En los Estados Unidos ese promedio es de 275 litros, y en Europa, de 180 litros. Brasil consume 210 litros y Chile 160 litros. En Uruguay, la otra orilla del Río de la Plata, el promedio es casi cuatro veces menor, de 130 litros. En el interior del país el consumo promedio es alto, superior a los 400 litros por día, porque a pesar de ser más caro el servicio, hay pocos medidores instalados. Una parte de ese dato también se explica por pérdidas del sistema que son previas al consumo del usuario.

En el gas, la quita de subsidios no tendrá efectos regionales, porque en todo el país se paga prácticamente lo mismo, en función de que el Enargas, ente nacional, controla nueve distribuidores. Eso sí, los hogares en asentamientos del área metropolitana y en varias provincias del Norte del país, que deben usar garrafas porque no hay gas de red, subsidiarán menos con sus impuestos el consumo de gas que en lugares más favorecidos. La quita de subsidios procura cubrir parte de la enorme brecha que se abrió por la suba del gas en boca de pozo y el congelamiento de tarifas.

El Gobierno todavía no adelantó cuál será la estrategia en el servicio de energía eléctrica. Las provincias han ajustado en los últimos años la parte de la boleta destinada a pagar la distribución, algo que no se dio en el caso de Edenor y Edesur. Por eso en la ciudad de Buenos Aires (CABA) se paga alrededor de una quinta parte de la factura que rige en el resto del país. Aunque como en el agua, hay una ventaja estructural, por escala, para esas empresas. El consumo per cápita en la CABA es superior al resto del país, salvando el caso de las provincias del Norte, donde la falta de gas incentiva el uso de la electricidad para calefaccionarse. Una quita de subsidios en electricidad afectaría al 96 por ciento de los hogares argentinos.