El proyecto de ley para combatir el trabajo no registrado ingresó ayer al Senado de la Nación. En las próximas horas será girado a las comisiones de Legislación Laboral, que preside la pampeana María de los Angeles Higonet (PJ), aliada del Frente para la Victoria, y de Presupuesto, a cargo de Aníbal Fernández (FpV). Durante su conferencia de prensa matinal, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, destacó el proyecto legislativo. “Con esta iniciativa se buscará reducir la informalidad lo más que se pueda”, sostuvo el ministro coordinador. La batería de instrumentos que presentó el Gobierno apuesta a regularizar a 300 mil trabajadores durante el primer año de vigencia y a 650 mil en dos años, lo que permitiría reducir la tasa de trabajo no registrado del 33,5 por ciento actual a 28 por ciento.

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, cuestionó ayer duramente a los sindicalistas que “no están preocupados” por esta problemática. Gerónimo “Momo” Venegas, titular del gremio de los peones rurales, sostuvo en una entrevista radial que la informalidad laboral no estaba dentro de los reclamos del sindicalismo opositor.

“En los últimos años la informalidad bajó del 50 al 33 por ciento, por lo tanto ahora se buscará profundizar este descenso. La iniciativa impulsa la creación de un registro de empleadores y una mayor capacidad de fiscalización del Ministerio de Trabajo”, explicó Tomada.

El proyecto de ley, que cuenta con 46 artículos, crea además un Régimen Permanente de Contribuciones de la Seguridad Social para micro empleadores que dispone un descuento del 50 por ciento en las contribuciones patronales de todos los trabajadores de las microempresas que empleen hasta cinco trabajadores, sin afectar los derechos de los empleados. Las empresas que tengan hasta 15 trabajadores durante los primeros 12 meses tendrán un descuento en las contribuciones patronales del 100 por ciento por cada nuevo empleado que tomen, mientras que en los siguientes 12 meses, ese descuento será del 75 por ciento.

La presentación de este plan, que se venía elaborando desde hace varios meses, se hizo pública pocos días después del paro general realizado por el sindicalismo opositor. “El trabajo en negro no tiene nada que ver con nuestros reclamos”, lanzó el Momo Venegas. “Entendemos que debería haber un artículo explícito en la ley que establezca que aquella gente que está cobrando un plan social puede registrarse y no perder el plan. Muchas veces el que genera el trabajo en negro es el plan social”, agregó Venegas.

El trabajo rural es el sector con mayor informalidad del país, por encima del 70 por ciento. Cuando Venegas tenía a su cargo la fiscalización del “trabajo en negro”, a través del ex Renatre, había subcontratado esa tarea a una empresa, Gregard SA, por la que pagó millonarios contratos por un trabajo de fiscalización que no se realizó, tal como constató la Sindicatura General de la Nación (Sigen), organismo que elaboró un informe a modo de “estado de situación” al momento en que el Estado recuperó su capacidad fiscalizadora en el sector agropecuario.

“Hay algunas organizaciones sindicales a las que no les interesa el trabajo no registrado. La Uatre no tiene un comportamiento destinado a enfrentar esa problemática”, enfatizó el titular de la cartera laboral.