La Corte Suprema de Estados Unidos será escenario de un anticipo del último capítulo en la disputa entre la Argentina y los fondos buitre. Los magistrados escucharán los argumentos de ambas partes en el caso donde accedieron a revisar la autorización otorgada por los juzgados de Nueva York a NML Capital para requerir a distintos bancos información sobre activos y cuentas argentinas en el exterior, y así embargarlos. La causa y su resultado –incluso si beneficia al país– no inciden sobre el juicio principal referido a la forzada interpretación del tratamiento igualitario de acreedores, donde los tenedores especulativos exigen cobrar 1330 millones de dólares en efectivo. El máximo tribunal norteamericano todavía debe expresar si acepta el pedido de revisión presentado por la Argentina, que ya recibió el respaldo de distintos gobiernos como Francia, Brasil y México. Los buitres tienen fecha para presentar su escrito en la causa principal el 7 de mayo, y los abogados que representan al país cuentan con diez días más para hacer lo suyo. El pronunciamiento de los supremos, en favor o en contra de estudiar el caso, recién llegaría durante el segundo semestre del año.

El rechazo de los fondos buitre a participar del proceso de reestructuración (2005 y 2010) que regularizó el 92,4 por ciento de la deuda en default estuvo acompañado por embargos en todo el mundo contra 29 bienes del Estado nacional. La Fragata Libertad, reservas del Banco Central, cuentas de embajadas, inmuebles de la Fuerza Aérea y hasta el Tango 01 se destacan en el listado. En todos los casos, la Argentina recuperó el bien embargado sin haber negociado con los fondos buitre. Como parte de esa búsqueda, los buitres cuentan con un discovery, una autorización del juez Thomas Griesa convalidada en segunda instancia que los habilita a solicitarle al Bank of América y el Banco Nación información de activos argentinos en cualquier lado del mundo.

Antes de decidir si analizaba el caso, la Corte Suprema le pidió su opinión al gobierno de Barack Obama, que ofreció un amplio respaldo a la posición argentina. En diciembre, el fiscal general del Estado, Donald Verrilli, cuestionó la decisión de Griesa y la Cámara de Apelaciones de permitir a los buitres buscar activos de la Argentina en el exterior y consideró que el permiso fue erróneamente convalidado. En sintonía con la posición del país, la autorización viola la ley de inmunidad soberana (FSIA). “El hecho de que se puedan ejecutar activos de otro país en Estados Unidos tiene implicancias significativas sobre las relaciones exteriores”, advirtió entonces el amicus curiae presentado por el Departamento de Justicia.

La audiencia oral del lunes contará con la presencia del secretario de Finanzas, Pablo López, y el responsable del área Legal y Técnica del Palacio de Hacienda, Federico Thea, pero los argumentos orales correrán por cuenta del abogado Jonathan Blackman, del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. No hay plazos y, según especulan en el equipo económico, la decisión de los jueces se conocerá, como mínimo, dentro de dos meses. La jurisprudencia favorece el reclamo del país (las chances de un fallo favorable son mayores que las posibilidades de que el juicio central sea revisado). Pero, aunque el caso llegó a la Corte Suprema, su relevancia es menor: los bancos ya han entregado parte de la información requerida, la Argentina no posee cuentas ocultas en el exterior que puedan ser embargadas y, hasta ahora, el país se defendió exitosamente de esos embates.

Desde el equipo económico mencionan con esperanza el contenido de una nota al pie en el amicus curiae del Departamento de Justicia norteamericano, donde recuerda a la Corte Suprema que sus opiniones no sólo fueron ignoradas en instancias anteriores sino que la Cámara de Apelaciones también desechó sus opiniones sobre “la clara interpretación de la cláusula pari passu que figura en los bonos”, y advierte “que las medidas cautelares pueden poner en riesgo la solución ordenada de la crisis de deuda soberana”.

La Argentina fortaleció su estrategia legal incorporando a su equipo de asesores nuevos letrados especializados en tratar con el máximo tribunal de Estados Unidos. Sin embargo, desde el Gobierno reconocen que las chances de que accedan a revisar el caso son escasas. Si la Corte Suprema de Estados Unidos rechaza el pedido y convalida el fallo dictado a imagen y semejanza del reclamo buitre, la Argentina ser vería forzada a incumplir sus pagos (default técnico) con el 92,4 por ciento de los bonistas que ingresaron al canje. Eso sucedería, ya que el fallo obliga al país a realizar un pago en efectivo por 1330 millones de dólares y condiciona a las entidades (la principal, Bank of New York) encargadas de cursar la cancelación de los vencimientos con los acreedores que ingresaron al canje a la ejecución de la sentencia.