El Gobierno ya firmó convenios de convergencia eléctrica con 17 provincias y espera acordar con el resto de las jurisdicciones antes de fin de mes. En todos los casos, Nación ofreció financiar obras de distribución, por un monto que oscila entre 150 y 200 millones de pesos en cada provincia, a cambio de que los gobernadores se comprometan a mantener congelada la tarifa de luz durante un año. El objetivo del gobierno nacional es doble: por un lado, busca tener cerrados los acuerdos antes de avanzar con la reducción de los subsidios eléctricos porque no quiere que las provincias compensen el menor aporte nacional con una nueva suba de tarifas que amplíe la brecha entre lo que paga un usuario de Buenos Aires y otro del interior. A su vez, los convenios servirán para apuntalar la inversión en las redes provinciales de distribución, en sintonía con la decisión que se tomó para las áreas de concesión de Edesur y Edenor luego de los cortes de luz de diciembre.

En el Ministerio de Planificación aseguraron a Página/12 que tienen previsto invertir 13.000 millones de pesos en redes de transporte de electricidad y estaciones transformadoras entre 2014 y 2015, lo que derivará en la creación de 18 mil puestos de trabajo directos. Cerca del 30 por ciento de esa inversión serán recursos provenientes del Fondo para Obras de Consolidación y Expansión de Distribución Eléctrica (Focede), que surgen del aporte que realizan los clientes de Edesur y Edenor desde fines de 2012. Parte de ese dinero ya está yendo a financiar la renovación de las redes del área metropolitana de Buenos Aires. De hecho, este diario informó a fines del mes pasado que Edesur ejecutó unos 200 millones de pesos del Focede en el primer trimestre y Edenor otros 170 millones a partir de las directivas que fijó la Subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión, la cual pasó a administrar el fondo luego de los apagones de diciembre.

El resto de los fondos provienen del Presupuesto e irá a reforzar las redes de distribución en provincias y municipios. El Ministerio de Planificación ya puso 740 millones de pesos a disposición de 20 distritos del conurbano bonaerense, con los cuales firmó convenios para renovar y ampliar redes de media y baja tensión, repotenciar centros de transformación y construir nuevos centros. A esto se le sumará la inversión en las redes de distribución provincial que se está terminando de negociar con cada uno de los gobernadores.

El miércoles el ministro de Planificación, Julio De Vido, firmó convenios de convergencia eléctrica con Mendoza y Neuquén. De ese modo, ya son 17 las provincias que acordaron. Ahora, sólo restan Tierra del Fuego, Buenos Aires, San Luis, Chubut, Salta y Santa Fe. Con Tierra del Fuego está previsto firmar el lunes y con Buenos Aires también esperan cerrar el acuerdo la semana próxima.

A todas las jurisdicciones, el Gobierno les ofreció entre 150 y 200 millones de pesos en una primera etapa y la promesa de que el monto se pueda elevar, incluso hasta 400 millones, si aceleran la ejecución de las obras. Con unas pocas jurisdicciones, la negociación todavía no se cerró porque los gobernadores piden más dinero. Santa Fe es uno de esos casos, pero desde Nación responden que la oferta de hasta 200 millones en una primera etapa es satisfactoria si se toma en cuenta que el gobernador Antonio Bonfatti invirtió sólo 60 millones de pesos en las redes de distribución de su provincia durante el año pasado.

Una vez que el conjunto de las jurisdicciones hayan acordado, el gobierno nacional estará en condiciones de avanzar con la reducción de los subsidios a la electricidad, en sintonía con la decisión que se tomó para los servicios de agua y gas. En el caso de la luz, la decisión se demoró porque se buscó evitar que el retiro de los subsidios derivara en una suba de tarifas en las provincias, donde el Estado nacional no tiene la potestad sobre el precio de la electricidad.

La divergencia tarifaria que existe en la actualidad entre los clientes de Edenor y Edesur y los del resto del país a favor de los primeros, se debe a que los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner prácticamente no autorizaron ajustes en las tarifas de las dos compañías que operan en Capital Federal, mientras que los gobernadores les vienen permitiendo a las distribuidoras provinciales subir los precios casi todos los años, pese a que el subsidio alcanza a todas las distribuidoras. Lo paradójico es que las mayores tarifas de luz que se pagan en el interior no sirvieron para evitar los cortes. De hecho, en diciembre, Córdoba y Santa Fe también se vieron afectadas por interrupciones en el servicio, pese a que los usuarios pagan más del doble de lo que se abona en el área metropolitana de Buenos Aires.

La intención del Gobierno es que las tarifas eléctricas de las distintas localidades vayan convergiendo y al mismo tiempo reforzar las inversiones en el conjunto de las redes de distribución. En el Gobierno destacan que la capacidad de generación eléctrica es suficiente para afrontar la demanda del sistema. Según datos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, entre junio de 2002 y junio de 2013 la potencia energética instalada en todo el país trepó de 23.615 a 31.228 megavatios, un 32,2 por ciento. No siempre toda esa energía está disponible por motivos estacionales, pero los datos revelan cierta holgura para enfrentar los picos de consumo. De hecho, el ministro De Vido afirmó en una conferencia de prensa ofrecida el pasado 10 de enero que, en los puntos donde Edesur y Edenor se conectan al sistema, existe una oferta continua de energía de 12 mil megavatios y en el momento en que se batieron todos los records de consumo, a mediados de diciembre, el pico de demanda de Edenor y Edesur llegó a 9 mil megavatios. “Hubo 3 mil megavatios adicionales disponibles que podrían haber sido distribuidos a los usuarios, mientras que la demanda de los clientes con cortes nunca superó los 40 megavatios”, aseguró entonces De Vido. Ese déficit en la distribución es el que ahora llevó al Gobierno a reforzar su intervención para tratar de revertirlo.