–“Los sectores industriales en la mayor parte de los casos no somos los responsables de la inflación.

–Entonces colaboren con la entrega de la información de los precios, así el Gobierno puede establecer quién se queda con lo que no le corresponde a lo largo de toda la cadena de producción.”

El diálogo se produjo el lunes pasado entre empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA) y el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Comercio, Augusto Costa. La información a la que se refieren es el conjunto de precios de venta unitarios y el esquema de bonificaciones que las medianas y grandes empresas utilizan a diario y que la Resolución 29 de la Secretaría de Comercio exige presentar al Estado. Desde Comercio advierten que si las compañías no mejoran su respuesta a la solicitud de información que supone la Resolución 29, serán multadas.

La semana pasada cerró el plazo de presentación de la información de la política de precios por parte de las empresas que exige el Gobierno nacional. La Resolución 29, que fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 18 de marzo, define que las empresas productoras de insumos y bienes finales cuyas ventas totales en 2013 hayan superado los 183 millones de pesos deben presentar información sobre precios por producto. En el caso de las distribuidoras y comercializadores, el piso de facturación quedó en 250 millones de pesos.

En el Gobierno sostienen que la respuesta fue satisfactoria si se toma en cuenta que se trata del mes del debut y que no todas las firmas todavía tienen pleno conocimiento de la norma, pero lo cierto es que esperan que el aporte del sector privado sea mayor. De hecho, la Secretaría de Comercio todavía prefiere no difundir datos sobre el volumen de presentaciones de parte del sector privado.

Desde el Gobierno apuestan a continuar negociando con las empresas para que presenten la información solicitada. El argumento es que son datos que no sólo pueden servirle a Kicillof y a Costa, sino a los propios empresarios que no están en una posición dominante en el mercado.

En la UIA citan datos del Indec para posicionarse frente a esta situación. “En el primer trimestre la inflación mayorista fue del 13 por ciento. Los productos agropecuarios, ligados al tipo de cambio, aumentaron un 20 por ciento y los importados lo hicieron en un 18,7 por ciento. Para los productos manufacturados de la industria nacional no hubo mejora sustancial de los precios relativos con la devaluación, porque el aumento de precios fue del 11,5 por ciento”, dijo a Página/12 Diego Coatz, economista jefe de la UIA. Los industriales presentaron un argumento similar el último lunes, cuando almorzaron con el equipo económico.

Los funcionarios les respondieron que colaboren con el pedido de información de precios así se puede saber con mayor certeza qué sucede al interior de las cadenas de producción. El diálogo entre las partes es relativamente fluido. De hecho, semanas atrás el Gobierno aceptó realizar algunos cambios a la normativa, a pedido de los industriales. “Pedimos que no deban informarse las bonificaciones por cada cliente, sobre todo porque se trata de datos muy delicados. El Gobierno estuvo de acuerdo en eso, aunque no en otras cosas que sugerimos”, indicó a este diario un dirigente empresarial que estuvo en esa negociación. “Nos parece bien analizar en qué parte de la cadena queda más dinero y en cuál menos”, agregó.

La información de precios que exige la norma también será utilizada por la Secretaría de Comercio para apuntalar el control de los precios en el mercado interno. “Si una empresa dice que vende a un promedio de 10 pesos y su cliente denuncia, con la factura en la mano, que le vende a 20 pesos, se puede advertir sobre una situación de discriminación comercial”, explican en la dependencia oficial. Los empresarios advierten en ese punto que en muchos casos no se informan precios puntuales, sino promedios por grupos de productos, porque las empresas manejan cientos de productos con mínimas diferencias. En ese caso, el dato deja de servir como herramienta para contrastar con el precio “de factura”, que sí es unitario.