Finalmente, el vaticinio de Pablo Moyano no se cumplió y la sangre no llegó al río en Quilmes. A través de un comunicado, el intendente Francisco “Barba” Gutiérrez anunció que arribaron a un acuerdo con el dirigente nacional de la rama recolección del sindicato de Camioneros Marcelo Aparicio y ratificado en teleconferencia con Hugo Moyano. De esta manera, el jefe comunal destrabó la decisión de municipalizar la recolección de residuos y garantizar la incorporación a plantilla comunal de 412 trabajadores de la concesionaria Covelia –cuyo contrato vence el lunes–, que pasarán al sindicato municipal con el mismo salario que perciben hasta ahora y respetando su antigüedad en la compañía privada. El hijo del pope de la CGT opositora y segundo del gremio de camioneros, Pablo Moyano, había augurado que podría haber muertes, deslizó que se podía repetir la situación del municipio bonaerense de Lobería (donde un empleado municipal mató al intendente) y hasta amenazó con un paro nacional de recolectores si no había solución al conflicto. De todas maneras, los camioneros que ayer por la tarde-noche bloqueaban la municipalidad de Quilmes seguían en pie de guerra porque nadie les había informado del acuerdo y los términos del mismo. El municipio, en tanto, afirmó que el compromiso se rubricará el lunes ante el Ministerio de Trabajo.

La propuesta que el jefe comunal había repetido en más de una oportunidad, anunciado a través de un comunicado oficial del municipio y ratificado públicamente el 1º de mayo, dejó sin argumentos a Pablo Moyano, más allá de la defensa corporativa de su sindicato y de las pretensiones de la propia concesionaria Covelia.

De hecho, fueron los mismos términos en que, según el municipio de Quilmes, se arribó a un acuerdo con Marcelo Aparicio, responsable nacional de la rama de recolección del gremio de Camioneros, el representante de la misma rama a nivel provincial y con el visto bueno de Moyano padre, quien ratificó en teleconferencia el acuerdo que será rubricado el lunes por la mañana en el Ministerio de Trabajo provincial.

Los cuatro puntos del acuerdo son “la municipalización del servicio de recolección de residuos” domiciliarios, que “los trabajadores de Covelia pasarán al municipio como trabajadores municipales”, que los mismos “tendrán un salario y una categoría equivalente a la actual”, y que se les “respetará la antigüedad para el cálculo de vacaciones”. En ese encuentro el municipio también le pidió a los representantes gremiales que desbloquearan el acceso al Ceamse para que el municipio comience con el traslado de los residuos que desde hace cinco días Covelia no realiza por el paro dispuesto por Camioneros.

De esta manera, Gutiérrez destrabó el traspaso del servicio privatizado de recolección de residuos a manos de la comuna, tal cual lo aprobó el Concejo Deliberante de Quilmes con la abstención de algunas bancadas opositoras como la de FA-Unen y el PRO. Una disputa en la que ganó el apoyo de la Federación Argentina de Municipios, a la que tributan la mayoría de las comunas bonaerenses, ante las amenazas de Moyano y a la que ayer se sumó el propio gobernador Daniel Scioli. “Esas son decisiones del ámbito de los municipios. El sentido del gobierno provincial es estar al lado de los intendentes para facilitar y acompañarlos en sus decisiones”, sostuvo Scioli sobre la resolución comunal de rescindir el contrato con la empresa Covelia. Algo en lo que piensan no pocas comunas respecto de sus respectivos y costosos prestadores privados.

En medio de la disputa, el intendente Gutiérrez afirmó que tuvo que prorrogar desde hace un año y medio el contrato con Covelia porque no disponía de la infraestructura para reemplazar el servicio desde la comuna. Incluso, denunció que los prestatarios privados del servicio se “cartelizaron” y que Covelia fue la única empresa que se presentó a una nueva licitación donde proponía aumentar el costo de la recolección en Quilmes de 14 a 24 millones de pesos mensuales, un 80 por ciento más. Una erogación que, según el intendente, representa el 50 por ciento de los ingresos genuinos de la comuna sin contar la coparticipación provincial.

Con un crédito del Estado nacional, Quilmes accedió a la compra de camiones e infraestructura para municipalizar el servicio con un costo mucho menor. De todas maneras, Gutiérrez aclaró que él no podía certificar si existe un vínculo societario de los Moyano con Covelia, aunque –aseguró– “realizan una presión conjunta para conseguir sus objetivos: la empresa más presupuesto, el sindicato mayores salarios”.

La decisión de Quilmes de municipalizar la recolección, pone en riesgo el avance de Covelia –durante la privatización del servicio– en al menos otros nueve municipios bonaerenses donde realiza la recolección de residuos (Escobar, Merlo, San Martín, Tres de Febrero, Lanús, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Partido de la Costa y Pinamar), además de otros servicios como los que presta a la Ciudad de Buenos Aires con desinfección y control de plagas. Algo que la propia empresa reivindica como un servicio a “2.350.000 usuarios por día”.

Esto, obviamente, también amenaza el poder del gremio de Camioneros en ese rubro, uno de los motivos que desató la embestida sindical contra el municipio de Quilmes y que Pablo Moyano tradujo en múltiples amenazas. Vaticinó que el conflicto podría desatar más de una muerte, que se podría replicar en el conurbano lo sucedido en el municipio de Lobería, donde un trabajador municipal despedido asesinó al intendente, y extender las medidas de fuerza a otros municipios, la provincia y a nivel nacional.

Aunque Hugo Moyano no avaló las palabras de su hijo, a su manera también redobló la apuesta. “Si el Gobierno quiere guerra, los camioneros estamos preparados”, sostuvo el pope de la CGT opositora al tiempo que anunciaba una marcha contra el gobierno nacional para el 14 de mayo junto al gastronómico Luis Barrionuevo.

El líder camionero fundamentó su declaración bélica en el supuesto enfrentamiento que el Gobierno tiene con su gremio. Afirmó que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner “les baja línea a los intendentes”, a quienes definió como “bufones del poder”, para enfrentarlos con él. Por eso insistió en que a Gutiérrez “el Gobierno le compró los camiones” a través “del ministro de Planificación, Julio De Vido, y la secretaría de Transporte”.

Gutiérrez entonces les recriminó a los camioneros por qué no le exigen de la misma manera a la empresa privada que presta el mismo y otros servicios en diferentes municipios. Covelia, en tanto, dijo que cumpliría con las indemnizaciones a 412 trabajadores que reconoció como propios pero se mostró disgustada por la decisión del municipio de Quilmes. Con las indemnizaciones en el bolsillo y cumplido el resto de las demandas, los camioneros se quedaron sin elementos para justificar la continuidad de la pelea.