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La promoción de la restauración conservadora cuestiona de una u otra forma la intervención del Estado en la economía. La prédica es constante sobre el agobio impositivo, la restricción de la libertad de mercado que desalienta a empresarios, el despilfarro de recursos en el gasto social o la inconveniencia de manejar empresas que deberían estar en manos del sector privado. En cada uno de los debates económicos en el espacio público subyace el rol adjudicado al Estado en el funcionamiento de la economía. Una visión esquemática dice que el Estado es ineficiente y que el capital y la iniciativa privada son más eficaces para garantizar el desarrollo, y viceversa. Existen casos que avalan una u otra posición, lo que altera el espíritu de quienes no admiten matices. En ese escenario de tensión de construcción del sentido común, por grado de penetración e influencia, la corriente antiestatista tiene mayor participación, sólo compensada por la memoria histórica de la devastación de la experiencia neoliberal y por el actual despliegue de una gestión pública ofreciendo buenos resultados en términos de bienestar social. Aunque les produzca urticaria a los sectores conservadores, la recuperación estatal de empresas manejadas por privados no sólo ha significado una mejora en la ecuación económica, sino también en la social y en la ampliación de servicios públicos esenciales para la población.

Las estatizaciones en estos años fueron forzadas ante la emergencia del fracaso privado más que por la vocación política de avanzar con el Estado en áreas estratégicas. Fueron la última respuesta antes que el deterioro en sectores clave de la economía, manejados por privados, terminara afectando objetivos económicos del proyecto político del kirchnerismo. La revisión de las operaciones más importantes expone ese comportamiento defensivo, que luego se convirtió en uno los principales activos del Gobierno. El Correo Argentino fue la primera estatización concretada el 19 de noviembre de 2003 por el incumplimiento del Grupo Macri del pago del canon y ante la amenaza de despedir a 3000 trabajadores. Aguas Argentinas del grupo francés Suez no invertía en la expansión del servicio reclamando aumento de tarifas, que derivó en la pérdida de la concesión del área metropolitana por el riesgo de que distribuya agua contaminada en el sur del conurbano. El Estado asumió el control de Aerolíneas Argentinas luego de prolongadas negociaciones y promesas incumplidas y porque los españoles del grupo Marsans estaban vaciando la compañía. El sistema previsional manejado por bancos y compañías de seguros a través de las AFJP fue estatizado para recomponer un régimen de reparto, porque la administración privada no garantizaba el pago ni de una jubilación mínima luego de 14 años y medio de gestión de los aportes jubilatorios de los trabajadores. La petrolera nacional YPF pasó a control estatal también después de promesas incumplidas de inversiones de los españoles de Repsol y de un fallido intento de argentinización de la compañía con el grupo local Eskenazi, período de administración privada con la consecuencia de la pérdida del autoabastecimiento energético.

Con el esfuerzo de aislamiento sonoro del cacareo permanente en la tribuna mediática, es interesante saber cómo ha sido la gestión estatal en esos sectores antes manejados por privados. El resultado ha sido el siguiente:

n Correo Argentino. El Grupo Macri hizo descender la participación del correo argentino en el mercado (postal, telegráfico, monetario y mensajerías) del 48,4 al 33,5 por ciento de 1997 a 2003; mientras que la gestión estatal la subió desde ese nivel al 41,6 por ciento en 2012, con una facturación de 3043 millones de pesos. La firma tuvo una rápida recuperación, aumentó sus ventas en un 15 por ciento a los dos años de rescindido el contrato, garantizó la provisión del servicio postal básico universal, incrementó la productividad de la mano de obra y obtuvo resultados operativos positivos en todos sus balances (el primero bajo control estatal arrojó una ganancia bruta de 99 millones de pesos), sin recibir aportes del Tesoro Nacional. Tiene una red integrada por más de 5000 puestos de servicios ubicados en todo el país (agencias y sucursales propias, estafetas y unidades administrativas concesionadas a terceros), y emplea a casi 13 mil trabajadores. Un informe de la Secretaría de Comunicaciones afirma que la estatización del correo posibilitó “la continuidad y regularidad de los servicios postales, monetarios y telegráficos con altos parámetros de calidad y eficiencia, la preservación del patrimonio estatal, el mantenimiento de los puestos laborales y una muestra más de la capacidad de realizar gestiones públicas eficientes y beneficiosas para el conjunto de nuestra sociedad”.

n AySA. Agua y Saneamientos Argentinos nace de Aguas Argentinas del grupo Suez, que recibió la concesión del servicio de Obras Sanitarias. En trece años de gestión privada la ampliación de la red del servicio de agua potable alcanzó a 460 mil personas y de cloacas, a 210 mil. Cuando el Estado se hizo cargo de la empresa había tres millones de habitantes sin agua potable en el área, y desde entonces se incorporaron 2.337.287 habitantes al servicio, previendo que a fines de 2015 la cobertura será del ciento por ciento. En 2006, unos 4,5 millones de habitantes del área metropolitana estaban sin cloacas, y hoy se extendió a 1.838.624 habitantes, y en el 2019 se prevé alcanzar la cobertura total. Para obtener estos resultados el Estado invirtió 15.715 millones de pesos desde 2006.

n Aerolíneas Argentinas. La crítica a la gestión de esta compañía es la patrulla de vanguardia de analistas conservadores para cuestionar la intervención del Estado en la economía. El caballito de batalla es el déficit operativo. Esa evaluación recorta que AA fue vaciada durante la gestión del grupo Marsans, cuyo dueño Gerardo Díaz Ferrán está siendo procesado y con pena de cárcel en tribunales españoles. Además no considera la función social de conectividad que cumple AA en un país con una geografía tan extensa. Hoy cubre la totalidad de las provincias con vuelos regulares (la última fue Entre Ríos con destino a Paraná), además de integrar una red de vuelos interprovinciales que conectan distintas capitales del interior sin pasar por Buenos Aires con los denominados Corredor Federal, Norte y Sur y Corredor Petrolero. Cuando en diciembre de 2008 el Estado argentino recuperó la compañía, el patrimonio neto de Aerolíneas y Austral era negativo de 3862 millones de pesos. Desde entonces el Estado ha invertido unos 1500 millones de dólares que se reflejó en la renovación, ampliación y modernización de las flotas: en julio de 2008 su valor era de 342 millones de dólares y en 2013 de 1335 millones de dólares, con un incremento de 26 aviones operativos en 2008 a 65 en 2013. Desde que el Estado se hizo cargo de la gestión de Aerolíneas Argentinas y Austral, la compañía incrementó su cantidad de vuelos en un 83 por ciento, pasando de 24.632 a 45.049 el año pasado. Aumentó también en un 55 por ciento la cantidad de pasajeros transportados alcanzando el record de 8,4 millones en el año.

n YPF. Los resultados de la administración estatal de la petrolera son positivos lo que inhibe a los militantes antiestatistas. El año pasado aumentó la producción de petróleo y gas en 3,4 y 2,2 por ciento, respectivamente, respecto a 2012. En gas, desde 2004 que YPF no anotaba un incremento anual. Hoy la compañía dispone de 65 equipos de perforación de nuevos pozos y 92 de workover (reparación de pozos) contra los 25 y 49 que tenía antes de la estatización. En 2013, las utilidades netas consolidadas de YPF fueron de 5681 millones de pesos, 45,6 por ciento más que las del año anterior. Las inversiones sumaron 29.848 millones de pesos, un alza de 81,1 por ciento respecto a las efectuadas el año anterior. La estatización de YPF incorporó al patrimonio social el yacimiento de hidrocarburos no convencionales Vaca Muerta, área de una potencialidad elevada según diferentes informes de especialistas locales e internacionales.

n AFJP. Un solo dato es lo suficientemente contundente en la comparación entre la gestión pública y la privada, además de la recuperación de un sistema previsional de reparto y solidario: el fondo de inversión con el aporte jubilatorio de los trabajadores manejado por bancos y compañías de seguro ascendía a 98.083 millones de pesos en diciembre de 2008, año que pasó a manos del Estado. Hoy ese dinero acumulado en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la seguridad social manejado por la Anses se ubica en 383.883 millones de pesos.

Los inspiradores de la restauración conservadora tendrán que hacer un esfuerzo considerable para postular como verdad absoluta la superioridad de la gestión privada sobre la estatal. Estas experiencias en curso sirven para mostrar que además de buenos resultados económicos se pueden alcanzar objetivos de beneficio social con administración del Estado en empresas de sectores estratégicos de la economía.

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