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La semana pasada, la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral. La norma, si bien contó con el apoyo de distintos bloques opositores, fue criticada desde sectores del poder económico porque en teoría no atacaría la “verdadera causa del problema”: la supuestamente excesiva carga tributaria que pesa sobre los empleadores.

El razonamiento se sostiene sobre la idea según la cual si se abarata el costo de la fuerza laboral a través de una disminución de las cargas patronales, los empleadores tendrían un fuerte incentivo para contratar trabajadores dentro del marco de la legalidad, y no por fuera de ella. Sin embargo, la evidencia empírica no acompaña tan directamente tales suposiciones.

Según datos del Ministerio de Economía, entre 1995 y 2002 bajaron las contribuciones sociales de los empleadores del 2,9 por ciento del PBI al 1,98, y se mantuvo relativamente estable la presión tributaria neta total en alrededor del 20 por ciento del PBI. Sin embargo, durante dicho período los niveles de informalidad laboral aumentaron de 33,1 a 44,1 por ciento. Por el contrario, entre 2003 y 2012 aumentaron las contribuciones sociales de los empleadores, del 2,01 por ciento del PBI al 4,62, así como también la presión tributaria neta total, del 23,4 por ciento del PBI al 37,4, y simultáneamente los niveles de informalidad laboral disminuyeron de 49,5 a 34,4 por ciento.

A su vez, si se compara la experiencia argentina con la de países como Chile o México, se arriba a conclusiones similares. Según datos del Latin American Economic Outlook, entre 2000 y 2012 bajaron las contribuciones a la seguridad social en Chile (de 1,4 por ciento del PBI a 1,1) y se mantuvieron relativamente estables en México (alrededor de 2,8/2,9 por ciento); en simultáneo, según información del Cedlas y el Banco Mundial, los niveles de informalidad no variaron significativamente en Chile (sólo experimentaron una muy moderada baja, de 22,9 por ciento en 2000 a 22 en 2011) y aumentaron considerablemente en México (del 54,8 por ciento en 2000 al 63,2 en 2010).

En nuestro país, la disminución de los niveles de informalidad fue impulsada durante la última década por un modelo económico que protegió el mercado interno e incentivó la creación de empleo; y por un Estado que promovió las instancias de negociación colectiva y diálogo social, sancionó regímenes normativos específicos destinados a la protección de sectores especialmente afectados por la problemática (pasantías educativas, trabajo agrario y personal de casas particulares) y recuperó su rol de fiscalizador, fundamentalmente a través del Plan Nacional de Regularización del Trabajo.

Sin embargo, la persistencia de un núcleo duro y aún elevado de informalidad ameritó el diseño de una nueva estrategia de abordaje (materializada en el proyecto de ley aprobado la semana pasada), que busca operar en dos frentes. En primer lugar, sanciona conductas fraudulentas por parte del empresariado, estableciendo previamente la recuperación de las facultades plenas del Ministerio de Trabajo para controlar la normativa laboral en todo el país. Y en segundo lugar fija un esquema de incentivos económicos orientados fundamentalmente a las microempresas, sector que concentra alrededor del 60 por ciento del total del empleo no registrado, donde la informalidad llega al 74 por ciento de la nómina de empleados, y que experimentó la disminución más moderada de los índices de informalidad durante la última década (poco más de 7 puntos porcentuales).

De esta manera, la estructura de subsidios se canaliza a optimizar la situación de los establecimientos cuya estructura de costos les dificulta realmente la contratación de trabajadores en forma legal. Ello constituye un punto de especial contraste con la normativa diseñada en los años ’90, que no estipulaba una diferenciación en las contribuciones patronales según el tamaño de la empresa, ni la transitoriedad de las rebajas, y que afectaba al mismo tiempo los costos de despido.

En definitiva, tal y como lo demuestra la experiencia reciente, una disminución de la presión tributaria generalizada no ha contribuido a disminuir los niveles de trabajo no registrado. Reconociendo esta situación, la reciente ley orienta la reducción de las contribuciones patronales hacia las microempresas y, en paralelo, se propone combatir la informalidad en las empresas de mayor productividad, extendiendo y fortaleciendo el rol fiscalizador del Estado. El estímulo al crecimiento económico y el sostenimiento de los niveles de empleo serán herramientas tan importantes como aquéllas para alcanzar los objetivos propuestos.

* Centro de Estudios Laborales (Celab).