La Argentina elevó ayer un nuevo escrito ante la Corte Suprema de Estados Unidos, a través del cual solicitó la revisión de las decisiones “erróneas” de tribunales inferiores que beneficiaron a fondos buitre. Es la última carta que se juega la defensa argentina a la espera de que el máximo tribunal acepte pronunciarse en el litigio contra ese grupo de fondos especulativos, que reclama 1330 millones de dólares en efectivo por su tenencia en bonos defolteados. El escrito refuerza la apelación argentina, luego de que los demandantes solicitaron a la Corte, el 7 de mayo último, que rechace ese pedido. El argumento de los abogados que representan al país es que la sentencia de los juzgados de distrito “en la práctica prohibirían al país efectuar el pago de la deuda reestructurada que se está pagando conforme a sus términos, a menos que pague la totalidad del reclamo de una minoría de bonistas que se negó a participar en la reestructuración de la deuda argentina”, según informaron en el Palacio de Hacienda.

La Argentina arrastra fallos adversos de primera y segunda instancia. En febrero de 2012, el juez del distrito de Manhattan (Nueva York) Thomas Griesa ordenó al país pagarle a los fondos Elliot, NML Capital, Dart, Aurelius, AC Paster y Blue Angel 1330 millones de dólares sin quita. El Gobierno apeló esa sentencia y el 26 de octubre de ese año la Cámara de Nueva York convalidó la sentencia en favor de los fondos especulativos. Ambas sentencias se basan en una reinterpretación de la cláusula pari passu, que establece la igualdad en el trato entre acreedores y que se utiliza en contratos de deuda entre privados. La Argentina llevó a la Corte el pedido para que se expida sobre estas decisiones. En este sentido, son clave los acompañamientos que reciba el pedido argentino de revisión por parte de otros gobiernos como de organismos multilaterales de crédito, principalmente de la administración Obama y del FMI, sea por una decisión propia o por solicitud de la Corte.

“Esas decisiones violan la soberanía de la Argentina porque pretende que se pague a los holdouts con reservas que gozan de inmunidad soberana”, es el núcleo del pedido argentino, según informó el Palacio de Hacienda. De acuerdo con el comunicado de Economía, “el escrito demuestra una vez más el error de los fallos de los tribunales inferiores, así como su impacto negativo y alcance sistémico y refuta los argumentos de los holdouts”. Entre las razones que esgrime la defensa argentina y que fueron apuntaladas por presentaciones de distintos gobiernos, es el mal precedente que implica un fallo a favor de fondos buitre ante futuras reestructuraciones de deuda. Ningún acreedor aceptará las condiciones de un canje si un juzgado de distrito es capaz de permitirle obtener la nominalidad (valor impreso en los bonos) de la deuda. Según se informó, “en esta última presentación, Argentina reafirma su compromiso de continuar cumpliendo con los pagos de la deuda reestructurada y aceptada por 93 por ciento de los acreedores”.

La decisión de la Corte Suprema se publicaría el 12 de junio próximo. El máximo tribunal puede aceptar pronunciarse en el caso, rechazarlo o requerir la opinión del gobierno de Estados Unidos. La definición incluirá tanto el fallo por la causa sobre la violación de la cláusula de pari passu como el denominado Discovery Mundial, que se ciñe al pedido de los holdouts para que la Justicia obligue a bancos e instituciones financieras a que entreguen información sobre activos embargables de la Argentina. Sobre este último caso, satélite de la causa principal, la administración de Barack Obama hizo manifiesta su postura en favor del pedido argentino.

El primer apoyo fue durante la audiencia en la Corte Suprema, a través de la figura del procurador general adjunto del Departamento de Justicia, Edwin Kneedler, quien dejó en claro que “la orden radical de Discovery sostenida por el Segundo Circuito es contraria no sólo a la Ley (estadounidense) de Inmunidad Soberana y su propósito sino, también, a los principios fundamentales de la cortesía y la reciprocidad internacional sobre la que descansa”, señaló Kneedler. Por su parte, el candidato del gobierno estadounidense para el cargo de director ejecutivo del FMI, Mark Sobel, alertó que un fallo de la Justicia de su país contra la Argentina y favorable a los fondos buitre “podría alterar el orden y la previsibilidad de los procesos de reestructuración de deuda soberana”. En su escrito de ayer, el gobierno argentino subraya que, contrariamente a lo que alegan los fondos buitre, su apelación ante las diversas instancias judiciales de Estados Unidos “no puede ser interpretada como una falta de voluntad de cumplimiento”.