“El aborto por violación es legal para todas las mujeres, adolescentes y niñas. Es tu derecho exigirlo.” Con este lema, cuatro organizaciones lanzaron un video para concientizar a la población sobre una de las causales de no punibilidad de la interrupción de un embarazo en el país. El spot, que ya se empezó a difundir por redes sociales –y se buscará que los gobiernos provinciales y municipales lo exhiban en salas de espera de hospitales públicos–, se presentó ayer con motivo del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra hoy en todo el mundo. Durante su lanzamiento, las entidades denunciaron que la situación del aborto legal “no cambió sustancialmente” en la Argentina después del fallo de la Corte Suprema, del 13 de marzo de 2012, que confirmó los alcances de ese derecho y exhortó a los gobiernos a eliminar las barreras arbitrarias que históricamente se les imponían a las mujeres que pedían interrumpir un embarazo producto de una violación.

La campaña la impulsan Amnistía Internacional Argentina, el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes), la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), con el apoyo del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai). El video apunta a informar para que las mujeres sepan cómo exigir su derecho a un aborto legal en casos de violación. Se presentó durante una conferencia de prensa en la que las ONG reclamaron al Ministerio de Salud de la Nación una “política pública general” sobre el tema y campañas oficiales para que la información llegue a todo el país.

“Las directrices de la Organización Mundial de la Salud establecen que toda mujer o niña que quede embarazada a consecuencia de violación debe tener acceso a un conjunto de servicios de apoyo, que incluya la información sobre servicios de aborto seguro y legal y la opción de acceder a ellos”, recordó Mariela Belski, directora ejecutiva de AI.

En la Argentina es un derecho –y así lo precisa el video– desde 1921, confirmado hace dos años por el máximo tribunal. De todas formas, apuntó Natalia Gherardi, titular de ELA, todavía persisten obstáculos para que se garantice en todo el territorio del país, como quedó en evidencia hace pocas semanas con el caso de una niña de 13 años que pidió un aborto no punible en un hospital de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Actualmente, detalló Gherardi, sólo ocho provincias tienen guías de atención que siguen los lineamientos que recomendó la Corte Suprema: Chaco, Chubut, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego. Otras ocho jurisdicciones tienen protocolos, pero que se alejan del fallo del máximo tribunal porque imponen algún tipo de exigencias arbitrarias para acceder a la práctica. Esto ocurre en Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Río Negro y Salta. Las restantes provincias no tienen ninguna normativa específica, aunque esa circunstancia no significa que no deban garantizar también en sus hospitales el acceso a la intervención.

“Esta incertidumbre se traduce en litigiosidad que es justamente lo que el fallo FAL de la Corte buscó eliminar. Encontramos juicios en marcha en distintas provincias, en algunos casos se cuestionan los obstáculos que incluyen algunos protocolos, en otros se busca directamente impedir el acceso al aborto legal, otros denuncian las prácticas concretas de operadores del sistema de Justicia o de salud para poner trabas a las mujeres que buscan interrumpir un embarazo producto de una violación”, describió Gherardi.

Mabel Bianco, presidenta de FEIM, repasó las barreras que en el último tiempo padecieron mujeres y niñas que fueron violadas para acceder a un aborto no punible: “Son formas de violencia institucional que se reiteran, cuando funcionarios de distintas dependencias del Estado no cumplen con sus deberes, retardan o impiden que mujeres y niñas ejerzan sus derechos y las revictimizan”, dijo Bianco. Además señaló que, ante una denuncia de violación, en la comisaría deben orientar a la mujer para que concurra al hospital, con el fin de prevenir el VIH-sida y el embarazo, y ordenar la revisión por parte del médico legista, simultánea con la atención preventiva para no duplicar la revisión. Y en el hospital se debe garantizar el aborto si la mujer lo solicita”, explicó.

“Pareciera que ahora se hacen más abortos legales, pero una política pública no se hace a través de las redes informales. Hoy vemos que esas redes informales incluyen también actores del ámbito público. No se hace así en el caso de las campañas de vacunación, por qué hacerlo con el aborto legal”, cuestionó Silvina Ramos, del Cedes.