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Es posible que la crítica a los planes de seguridad y las políticas criminales parezcan abstractas si se dan en el contexto de hechos graves que preocupan a la opinión pública. Sin embargo, cuando las olas se aquietan se pueden ver los problemas reales que generan. Al cumplirse los 45 días del anuncio de la emergencia en materia de seguridad, el gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer los resultados. Las cifras de éxito del plan se construyeron en base a la cantidad de procedimientos realizados, las personas detenidas y al número de “abatidos” y heridos por el accionar policial. El balance habla más de la perspectiva sobre la seguridad y los derechos humanos que está detrás de los anuncios que de la eficacia del plan para reducir el delito y la violencia.

Si hablamos de detenidos, en los últimos cuatro meses la población privada de libertad en la provincia de Buenos Aires aumentó casi un cinco por ciento. El porcentaje de personas presas en relación con la cantidad de habitantes es el más alto de los últimos 15 años. Hoy, la provincia tiene una tasa de 197 detenidos por cada 100 mil habitantes cuando en 2008 era de 179. Este incremento, mayor que la tasa nacional, se explica sobre todo por la orientación de las políticas de seguridad, los mensajes a fiscales y jueces y el incentivo a la policía para que multiplique detenciones y operativos de control e “interceptación” (razzias). La base del aumento de las detenciones son los delitos callejeros. No se avanza en la investigación de los mercados ilegales ni de los delitos complejos. La Policía Bonaerense sigue controlando el territorio y definiendo el destino de la mayoría de las investigaciones penales.

Como este aumento de las detenciones hace colapsar el sistema carcelario, las comisarías se usan como alojamiento permanente. En diciembre de 2013 había alrededor de 1600 detenidos en estas dependencias. Desde que asumió Alejandro Granados ya no se difunden los números, pero se estima que hoy hay más de 2000. Por esta situación, el viernes pasado el ministro Granados resolvió rehabilitar a dependencias policiales que habían sido clausuradas porque no estaban en condiciones de alojar personas. Según dijo en su resolución serán “reacondicionadas”. La “solución” que tiene Granados para el colapso del sistema carcelario es alojar detenidos en lugares indignos que fueron prohibidos por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Verbitsky en 2005. En esa oportunidad, la Corte afirmó que el alojamiento en comisarías ponía en peligro la vida y la integridad física de los detenidos y violaba los pactos internacionales con rango constitucional.

Como este aumento de las detenciones hace colapsar el sistema carcelario, las comisarías se usan como alojamiento permanente.

En un Servicio Penitenciario sobrepoblado, el ingreso de más detenidos agrava el hacinamiento y la violencia. Ahora, como en un déjà vu cíclico, se usan las comisarías como lugares de alojamiento y se retrocede improvisadamente.

Hay más de 31.200 personas privadas de su libertad en la provincia, el 60 por ciento no tiene sentencia firme. Se destinaron muchísimos recursos estatales para la implementación de un sistema que logre disminuir la cantidad de presos preventivos, pero el ingreso masivo de personas al sistema penal y las contrarreformas constantes para limitar las excarcelaciones vuelven obsoletos estos esfuerzos. Hace por lo menos tres años que la proporción de presos preventivos no disminuye.

A fines de la semana pasada, el gobernador Daniel Scioli hizo público un informe sobre los avances del plan de emergencia en seguridad que anunció en abril. El balance es alarmante por los indicadores que utiliza para construirlo. El éxito de las políticas de seguridad se mide por la cantidad de detenciones y por la cantidad de “delincuentes abatidos”. Según la información oficial, en 45 días hubo 15.900 detenidos (355 por día), 164 enfrentamientos, 62 delincuentes heridos y 35 abatidos por la policía. El gobierno afirmó que hubo 13.000 delitos esclarecidos, pero sin información respecto de qué delitos y qué implica ese esclarecimiento.

Estas mismas políticas autoritarias que abogan por el aumento de las facultades policiales, el incremento de las detenciones y la ampliación del cupo carcelario a partir del uso de las comisarías son las que trece años atrás se implementaron durante la gestión de Carlos Ruckauf. El resultado fue el colapso del sistema carcelario y la violación masiva de los derechos humanos de las personas detenidas.

* CELS.