El plazo para que las medianas y grandes empresas presenten la información de sus precios ante la Secretaría de Comercio venció ayer. El secretario, Augusto Costa, consiguió en buena medida lo que necesitaba: las 700 empresas más importantes del país, que son las formadoras de los precios y que explican casi la totalidad del comercio importador, ya ingresaron al sistema informático de la AFIP. Allí, el Gobierno exige detallar precios por producto y el esquema de bonificaciones a los clientes. De todos modos, están previstas sanciones para las firmas alcanzadas por la normativa que todavía no informaron sus datos. La intención del Gobierno es que este régimen sea una herramienta para controlar los precios en el segundo semestre, a fin de evitar que esos formadores de precios intenten apropiarse de parte de las subas salariales acordadas en paritarias. Los aumentos, en tanto, vienen en baja. Así lo dijo ayer Costa, quien anticipó que “el índice de precios de mayo será menor que el de abril”.

El diagnóstico por parte del equipo económico es que durante el segundo semestre la actividad va a repuntar. Justifica esa proyección a partir del aumento del 40 por ciento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del 20 al 40 por ciento para las asignaciones por hijo de los trabajadores registrados. Son 8500 millones de pesos adicionales hasta fin de año que se vuelcan prácticamente en su totalidad al consumo interno. En esa línea, también el Gobierno subraya que hace un tiempo lanzó el Progresar, por el cual la Anses proyecta volcar hasta fin de año 11 mil millones de pesos.

El principal factor de recomposición del consumo y de la actividad económica son las paritarias. “Hasta ahora eran precios nuevos con salarios viejos. A medida que el impacto de las paritarias empiece a sentirse, serán precios nuevos con salarios nuevos, y eso va a traccionar la economía”, explican en el Palacio de Hacienda. Los “precios nuevos” son los que emergieron de la situación de fuerte inestabilidad en el último trimestre de 2013 sumado a la devaluación, primero paulatina y después brusca, del peso. El avance de los precios deterioró el salario real en ese período, con el consiguiente efecto negativo sobre el consumo. También la suba de las tasas de interés afectó la dinámica económica.

El desafío del Gobierno en materia inflacionaria consiste en procurar que las empresas trasladen en la menor cuantía posible los aumentos salariales y la mejora de la demanda popular a los precios finales de bienes y servicios. La Secretaría de Comercio se armó de tres herramientas para afrontar esa disputa, que en definitiva no es otra que la puja por la distribución del ingreso: a través de Precios Cuidados, que está vigente desde comienzos de año, el nuevo régimen de información de precios de las empresas y de los mercados concentradores, en los cuales el Gobierno deposita expectativas para ampliar los canales de comercialización y con ello reducir los márgenes de ganancia en ese sector.

Ayer venció el plazo para que las empresas presenten a la Secretaría la información de precios. Así lo estableció la resolución conjunta de esa dependencia y de la AFIP, publicada el 21 de mayo en el Boletín Oficial. El Régimen Informativo de Precios (RIP) exige a las empresas que facturaron el año pasado más de 183 millones de pesos al mercado interno (excluido el IVA y los impuestos internos) que presenten información sobre los precios de sus productos y sobre el esquema de bonificaciones: a qué proporción de sus clientes ofrecen, por ejemplo, un 10 por ciento de descuento y qué peso tiene eso en la facturación total. El piso de facturación para distribuidoras y comercializadoras es de 250 millones.

El día anterior al cierre del plazo del RIP habían presentado información alrededor de 700 empresas, el 37 por ciento del total alcanzado, que asciende a más de 1800. Ese número puede sonar poco satisfactorio, aunque en el equipo económico hay conformidad, porque dentro de esas 700 empresas se encuentran todos los grandes formadores de precios y también las firmas que explican prácticamente la totalidad de las importaciones. Deberán informar los precios mensualmente al Gobierno.

La cantidad de empresas que bajo la gestión de Guillermo Moreno presentaba listas de precios a la secretaría era mayor, casi todas lo hacían. Sin embargo, en el Gobierno advierten que el nuevo régimen “representa un instrumento de amenaza creíble” en la medida en que llegado el caso permite actuar bajo la normativa vigente, la Ley de Defensa del Consumidor y la de Lealtad Comercial.

Los aumentos de las empresas van a ser monitoreados a través del sistema informático de AFIP y cotejado con los argumentos de firmas que están aguas arriba y aguas abajo en la cadena de producción. Es decir que si una empresa asegura necesitar aumentar precios porque su proveedor lo hizo, Comercio pedirá documentación para contrastar lo informado frente a los datos que bajo declaración jurada entregó en su momento la empresa proveedora. En definitiva, son más elementos para negociar ante el empresariado de cara a una etapa donde se renuevan tensiones.