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A doce días del vencimiento impostergable de una cuota de unos 3000 millones de dólares con el Fondo Monetario, y en medio de la negociación contrarreloj con los técnicos del organismo, Diputados sancionó anoche dos proyectos reunidos en una misma ley reclamados por Washington para cerrar trato. Ambos están dedicados a la regulación del sistema financiero al tiempo que avalan un pedido histórico del organismo: otorgan protección legal especial a los funcionarios del Banco Central. Las nuevas normas también habilitan a que la autoridad monetaria amplía los límites de financiamiento al Tesoro, ya sea para pagar deuda o para financiar desequilibrios. Como las cuentas dan superávit en estos momentos, esa iniciativa brinda más margen a Lavagna para negociar con el Fondo sobre la deuda con ese organismo. Los diputados también discutieron el momento en que desaparecerá el CVS y la compensación a los bancos por 2800 millones de pesos. Pero no llegaron a un acuerdo, levantando la sesión, pasando el debate para la semana próxima.
Los cambios aprobados por Diputados están incluidos en la Carta Orgánica del Central y en la Ley de Entidades Financieras. Uno de los puntos principales refiere a la cantidad de dinero que el Central podrá girar al Tesoro nacional. Existe un tope para esa operación, salvo para el caso en que la emisión tenga como objetivo el pago a los organismos. En forma textual, la ley dice: “En ningún momento el monto de los adelantos transitorios otorgados, excluidos aquellos que se destinen exclusivamente al pago de obligaciones con los organismos multilaterales de crédito, podrá exceder el 12 por ciento de la base monetaria”. Esta salvedad generó cuestionamientos por parte de los legisladores del radicalismo ya que dejaría a Roberto Lavagna con las manos libres para pagar deuda. El PJ venció la resistencia de la oposición prometiendo la sanción de una ley correctiva para más adelante. Este punto es central de cara al próximo vencimiento de la deuda. El martes 9 vencen 3200 millones de dólares con el Fondo. Si antes de esa fecha sigue el desacuerdo, Néstor Kirchner tendrá que decidir si paga o no. En el Gobierno dejan trascender que no tocarán ni un dólar de las reservas.
Para las demás operaciones que no sean pagos a los organismos, las transferencias del BC al Tesoro tendrán un tope del 12 por ciento de la base monetaria (circulación de pesos sumada a los depósitos de los bancos en sus cuentas en el Central), unos 4500 millones de pesos. A esta suma se podría añadir el equivalente al 10 por ciento de la recaudación del último año, unos 6500 millones de pesos según las proyecciones oficiales. Es decir, la transferencia del Central al Tesoro podría ascender a 11.000 millones de pesos. Si se llega al tope, los giros quedarán suspendidos hasta tanto el Tesoro reintegre la deuda. “El apuro es para que el Fondo tenga una garantía de cobro”, se lamentó el radical Aldo Ostropolsky, al reclamar que este tope figure también para los pagos de la deuda con los organismos.
Otro de los ejes de la flamante norma se relaciona con el paraguas legal que beneficiará a los funcionarios del Banco Central. Si bien la aspiración del FMI era que existiese una total inmunidad para los directores del organismo frente a posibles cuestionamientos, la ley sólo los favorece en forma parcial. En su artículo quinto refiere que las decisiones de los funcionarios “sólo serán revisables en sede judicial cuando hubiera mediado arbitrariedad o irrazonabilidad manifiestas”. Consultado por este diario, un director del BC manifestó su preocupación. “Ante una situación polémica, un juez podría fallar que hubo arbitrariedad y culpe al funcionario”, apuntó.
La nueva ley traba también la posibilidad de que vuelvan las cuasimonedas. “El BCRA es el encargado exclusivo de la emisión de billetes y monedas. Ningún otro órgano del gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, ni las municipalidades, bancos u otras autoridades podrán emitir billetes ni monedas metálicas ni otros instrumentos que fueran susceptibles de circular como moneda”, asegura la norma. Por último se otorgan facultades al BC para encarar la reestructuración del sistema. Si bien la cúpula del organismo planteó que no se esperan cierres de bancos, la ley se encarga de dar atribuciones a la autoridad monetaria en caso de liquidaciones o fusiones. También la habilita a dictar normas de valuación de activos, constituir fideicomisos financieros, excluir total o parcialmente ciertos pasivos en la valuación de una entidad, transferir activos, solicitar la intervención judicial del banco en problemas y modificar el orden de prelación en el cobro de acreencias. En ese sentido, considera acreedores privilegiados a aquellos ahorristas de hasta 50 mil pesos, tomando a una sola persona por depósito.