La Unidad de Información Financiera (UIF) estableció responsabilidades y facultades para organismos públicos en la supervisión de operaciones sospechosas de lavado de activos y financiación del terrorismo. El organismo reglamentó la colaboración del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Superintendencia de Seguros y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social en tal supervisión. En diciembre de 2010 un decreto presidencial convirtió a la UIF en el ente rector en prevención del lavado de activos, que coordinará a los otros organismos. La reglamentación establece que esos reguladores “deberán brindar toda la colaboración necesaria en el cumplimiento de la normativa antilavado por parte de los sujetos obligados”.