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“La protección social y el trabajo registrado crecieron en Argentina a partir de una decisión política que está presente hace once años y está produciendo el mayor proceso de inclusión social de la historia contemporánea”, afirmó el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Durante la presentación de los resultados de la Encuesta Nacional de Protección y Seguridad Social, los responsables de la publicación enfatizaron el rol redistributivo de las políticas de empleo, la Asignación Universal por Hijo y la universalización de la cobertura de las jubilaciones. “En 2003, el 48 por ciento de los niños de cuatro años estaba dentro de la escuela, hoy ese porcentaje ascendió a un 82. Estamos trabajando para que la sala de cuatro años sea obligatoria en nuestro país, ya que tiene una importancia decisiva para la trayectoria educativa de un niño”, expresó el titular de la cartera de Educación, Alberto Sileoni.

La encuesta presentada ayer fue realizada en 2011 para evaluar el avance de las políticas y medidas vinculadas con la protección social. Aunque algunos de los hallazgos quedaron “desactualizados”, los resultados de la investigación fueron utilizados como insumo para el diseño y precisión de las diferentes herramientas desplegadas a lo largo de los últimos años, como el plan Progresar o la nueva ley para combatir el empleo no registrado. El relevamiento alcanza al 74 por ciento de la población urbana del país.

Los datos de la Enapross permiten afirmar que el 90 por ciento de los hogares argentinos está alcanzado por alguna de las prestaciones del Sistema de Protección Social. Se trata del amplio conjunto de instrumentos orientados a garantizar un piso de ingresos, acceso a la educación, infraestructura y salud. “La salud es un derecho y debemos pensarla en conjunto con el trabajo, la educación y el desarrollo social”, sostuvo durante el evento el secretario de Políticas, Regulación e Institutos, Gabriel Yedlin, y exhortó “a defender las políticas públicas que han llevado una década de trabajo continuo”. El evento fue moderado por el periodista de Página/12 Mario Wainfeld.

“Más de 12 millones de argentinos han sido incluidos a través de las políticas de empleo, de trabajo registrado, la AUH, la ampliación de la cobertura de las jubilaciones, el alcance más universal de las pensiones no contributivas”, expresó Tomada. “Estas políticas hacen que estos argentinos tengan transferencia de ingresos y derechos que no tenían antes de 2003”, destacó el funcionario. Según los resultados de la encuesta, las transferencias monetarias que realiza el Estado representan el 30 por ciento del ingreso total de las familias. La relevancia de esas transferencias realizadas a través del gasto público se incrementa hasta el 36 por ciento en los hogares más vulnerables.

Al tiempo que evidencia las mejoras registradas desde 2003, el documento permite identificar con precisión algunos de los problemas laborales y sociales que persisten. Por ejemplo, la Enapross relevó que el 12 por ciento de la población total de menores en condiciones de recibir la AUH no lo hacía por distintas razones, que iban desde “problemas en los trámites” hasta la existencia de incompatibilidades con otros programas. En ese sentido, también se evidencia los mayores niveles de abandono de la escuela y los problemas para terminar los estudios secundarios para los adolescentes, una problemática estructural que apunta a ser abordada por iniciativas como el plan Fines o el más reciente Progresar.