Desde Barcelona

Todo sucedió tal como querían que sucediera. El proceso parlamentario para formalizar la abdicación del rey Juan Carlos concluyó ayer con la votación en el Congreso de la ley que, al día siguiente de anunciar su renuncia al trono, el gobierno de Mariano Rajoy redactó a toda velocidad y aprobó en reunión extraordinaria de ministros. Los dos principales partidos, el Popular (PP) y el Socialista (PSOE), dieron su sí rotundo a la sucesión de Juan Carlos por su hijo, el príncipe Felipe, con 299 votos, mientras que los grupos minoritarios –conformados por la izquierda y los partidos nacionalistas– rechazaron la continuidad de la monarquía con 19 votos en contra y 23 abstenciones.

El debate de ayer en el Congreso ratificó así la existencia de dos posturas claramente enfrentadas acerca del modelo de Estado que se desea para España. Por un lado, el PP y el PSOE defienden a capa y espada la estructura vigente, una monarquía constitucional pactada tras la muerte de Franco y el final de la dictadura, en 1978. Por otro, la izquierda y los grupos soberanistas insisten en que ese consenso no fue tal y que, además, las garantías y libertades estipulados entonces para la instauración de la democracia no se están cumpliendo plenamente hoy en día.

Así las cosas, a nadie sorprendió que el presidente del gobierno iniciara la sesión dejando claro que “la forma política de Estado no está en el orden del día” y que se encontraban ahí sólo “para cumplir con la Constitución”. Acto seguido, Rajoy se remitió a la época de la Transición para remarcar la importancia de la corona a la hora de mantener el sistema democrático y declaró, sin pestañear, que “España es una monarquía porque así lo quieren los españoles. Ven en la monarquía el mejor símbolo de la unidad y permanencia del Estado y estiman que es la opción que mejor garantiza la imparcialidad, la estabilidad política, la continuidad de las instituciones y, en definitiva, la convivencia en paz que es indispensable para el progreso y la posteridad”.

La respuesta del Partido Socialista tampoco se salió del guión que, desde que Juan Carlos anunciara su abdicación, el pasado 2 de junio, sigue a rajatabla en todos sus discursos. Quien hasta dentro de un mes es todavía secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, manifestó su absoluta fidelidad a la monarquía y al pacto constitucional, así como su lealtad al próximo rey. El dirigente explicó, en una de sus últimas intervenciones antes de abandonar la dirección del partido, que apoya el proceso de sucesión porque se trata de “la ratificación del consenso alcanzado en la Transición” y de un “ejercicio de coherencia política”. Eso sí, para no parecerse tanto en su discurso a Rajoy, señaló que la ley orgánica que legitima la sucesión de la corona sirve también “como expresión de la voluntad de colaborar para abrir un tiempo nuevo, que nos permita hacer frente a la crisis social, política y económica que vive España”.

Pero no todos los socialistas piensan como Rubalcaba y es ahí por donde aparecen las sorpresas. En el debate parlamentario de ayer, dos diputados del PSOE, Odón Elorza y Guillem García, se abstuvieron rompiendo la disciplina de voto –ambos serán multados con 400 euros– y la diputada coruñesa Pilar Rodríguez decidió directamente no asistir a la sesión, como forma de visibilizar las cada vez más numerosas voces discordantes dentro del partido.

Entre quienes sí hay un acuerdo unánime es en los grupos que conforman la Izquierda Plural, todos a favor de un referéndum para decidir si en España debe continuar la monarquía o abrirse paso a una república. El líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, se desmarcó de la Constitución al asegurar que el pacto de 1978 se incumplió con “desahucios y rompiendo derechos civiles y laborales”. Al terminar su intervención, el diputado preguntó “¿Por qué tienen miedo a dar la voz al pueblo?” y el resto de sus compañeros de bancada se pusieron de pie mostrando unos carteles en lo que se leía “Referéndum ¡ya!”, además de lucir, durante toda la sesión, sus respectivas escarapelas republicanas.

También votaron en contra de la ley de sucesión los independentistas catalanes, encabezados por el partido Esquerra Republicana (ERC), para quienes en este debate no sólo se juega la posibilidad de decidir entre monarquía y democracia sino también entre un Estado español o catalán. A pocos meses de la consulta soberanista –prevista para el 9 de noviembre– el portavoz de ERC, Alfred Bosch, afirmó que ese día “se elegirá entre la monarquía española y la república catalana, y proclamaremos la república catalana”.

En la misma línea, el partido que gobierna Cataluña, Convergència i Unió (CIU), optó por la abstención en la votación de ayer en el Congreso Nacional, según explicó su portavoz, Josep Antoni Duran Lleida, porque los nacionalistas catalanes “se sienten excluidos del proceso entre PP y PSOE”, a la vez que pidió al nuevo rey “sensibilidad” sobre Cataluña.

Los independentistas vascos mantuvieron también, desde la abdicación del rey Juan Carlos, la semana pasada, una crítica tajante a la continuidad de la corona y por eso, durante la votación en la Cámara, manifestaron su rechazo a la nueva norma. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) se abstuvo porque, de acuerdo con lo explicado por su portavoz, Aitor Esteban, su formación política no estuvo nunca en el pacto constitucional, ni siquiera cuando se elaboró la Carta Magna. “No nos dejaron participar en la elaboración de la Constitución, fuimos excluidos directamente”, apuntó tras recordar que ni el 30 por ciento de la población vasca respaldó el texto constitucional.

Con todo, el Congreso de los Diputados aprobó la ley orgánica que da luz verde para que la próxima semana, lo quieran o no los españoles, la corona se traspase de padre a hijo y España continúe siendo una monarquía constitucional.