“En este momento no se puede acordar con los buitres. Ni siquiera da para negociar. Tampoco para hacer un depósito ni acatar la sentencia, porque la cláusula RUFO –por Right Upon Future Offers, que obliga al país a igualar las condiciones de los bonistas que ingresaron al canje respecto de cualquier mejora voluntaria a los holdouts– se presta a cualquier interpretación judicial y entonces quedaríamos a un paso de perder totalmente. Es una trampa para que volvamos al sobreendeudamiento”, planteó Stella Maris Biocca, directora del Doctorado de Derecho Internacional de la Universidad de Morón. Biocca dialogó con Página/12 durante el encuentro organizado por la Convocatoria Económica y Social por la Argentina, en donde políticos, intelectuales, sindicalistas y empresarios llamaron “a resistir con firmeza el avance de los fondos buitre”. Realizarán el miércoles un acto público frente al Cabildo.

El convite tuvo lugar en la Comisión Nacional de Valores (CNV). El titular de esa entidad, Alejandro Vanoli, es uno de los que encabeza este agrupamiento, que se reunió en ocasiones anteriores para denunciar la especulación con los precios luego de la devaluación del verano y las maniobras con el dólar “blue”. “Debemos plantarnos y defender lo logrado en materia de renegociación de deuda, conseguido democráticamente entre todos los actores de la sociedad”, indicaron en un comunicado.

Asistieron miembros del Grupo Fénix; Horacio González, en representación de Carta Abierta; Leopoldo Moreau, Juan Carlos Junio (diputado por Nuevo Encuentro); Eduardo Berrozpe, secretario general de la Asociación Bancaria; Alejandro Robba y Agustín D’Atellis (Gran Makro) e Ider Peretti, titular de la Confederación General Empresaria (CGE), entre otros. Para el próximo miércoles 30, día en que vence el plazo para que los bonistas cobren el dinero que la Argentina puso a su disposición en concepto de intereses del Discount, convocaron a un encuentro “frente al Cabildo y en todas las plazas del país para mostrar que el pueblo acompaña al gobierno nacional en no ceder al chantaje de los buitres”, dijo Vanoli.

Un debate que se dio a lo largo de la jornada es en qué medida puede considerarse una situación de default el hecho de que Argentina haya pagado pero los bonistas no lograron cobrar. Para Biocca “un acierto incuestionable es que se dio el dinero ‘en pago’. La diferencia jurídica entre ‘consignar’ y ‘dar en pago’ es lo que hizo inembargable esos fondos. Griesa se enfureció porque lo embromamos. Tiene que reconocer que el vencimiento está pago por la Argentina. Es decir, el pago fue hecho, ahora el problema está entre los bonistas y el juez. Eso no quita que el mercado y la oposición van a decir que entramos en default”.

En la misma línea, el diputado del FpV Héctor Recalde planteó que “los acreedores se tienen que arreglar con el juez Griesa. Nosotros ya pagamos, el propio Griesa lo admitió. Es como si hubiéramos pagado y después le robaron al que cobró”.

Biocca advirtió que “Griesa empezó a salirse de lo que es una competencia normal. Está atacando a terceros que no son parte del litigio y eso en cualquier lugar del mundo es muy grave. Los bonistas no tienen nada que ver, el pleito es entre los buitres y el Estado argentino. Además, Griesa está impidiendo pagar bonos de jurisdicción europea”.

La especialista en derecho internacional también explicó por qué razón se encuentra el Estado nacional negociando cuestiones de deuda en tribunales extranjeros. “El primer antecedente es la derogación del artículo 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por parte de la última dictadura cívico-militar. Esa idea se mantiene en la Ley de Inversiones Extranjeras y se incrementó en los ’90 con la firma de todos los tratados del Ciadi y de protección recíproca de inversiones.”

“Originariamente todos los bonos defolteados en 2001 tenían jurisdicción extranjera. Por eso, en la reestructuración de 2005 de ninguna manera se podía ofrecer sólo jurisdicción nacional. En ese momento se pensó que era mejor poner legislación de Estados Unidos. Pienso que eso fue un error jurídico, porque allí se considera que el Estado en estos casos actúa igual que un actor privado. En Roma, en cambio, todo lo concerniente al default es acto soberano del Estado”, agregó Biocca.