Una delegación argentina mantendrá durante la jornada de hoy otra reunión con Daniel Pollack, mediador asignado en la disputa judicial con los fondos buitre, ya casi sobre la fecha límite del día 30, cuando vence el plazo para que los bonistas del canje cobren el dinero que la Argentina ya pagó, pero que el juez Thomas Griesa mantiene bloqueado. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, confirmó que la comitiva encabezada por el secretario de Finanzas, Pablo López; el de Legal y Administrativa del Ministerio de Economía, Federico Thea, y la procuradora del Tesoro, Angelina Abbona, intentará convencer al juzgado sobre la necesidad de reponer una medida cautelar que suspenda la sentencia y deje a salvo el canje de 2005. El desenlace todavía es incierto, aunque, de no mediar novedades en el juicio que encabeza NML Capital por parte de los fondos buitre, quedará escrito un nuevo capítulo en el libro de la historia de las finanzas: el de la “cesación de cobro” inducida no por insolvencia o iliquidez del deudor sino por una medida judicial que impide a los acreedores recibir un pago realizado.

Aunque las terceras vías no puedan descartarse, los dos caminos que se presentan para resolver el laberinto de Griesa se volvieron menos alcanzables en los últimos días. El primero sería que la Argentina pague la totalidad de los bonos defolteados que tienen los litigantes o que negocie una forma de pago. Pero la presidenta Cristina Fernández no quiere dar lugar a que se gatille la cláusula RUFO, exponiendo al país a reclamos de los bonistas que sí entraron al canje. La otra opción sería que Griesa suspenda la sentencia hasta fin de año, cuando vence la RUFO, medida que deben pedir los buitres y que hasta ahora no hicieron. Por otro lado, ayer se conoció un fallo de Griesa en donde acepta que se paguen los bonos con ley argentina nominados en dólares que están en poder de tenedores fuera del país (ver aparte).

Los fondos buitre tienen en sus manos la mayor parte de la deuda externa que no ingresó a ninguna de las reestructuraciones ofrecidas por el Gobierno. Representan algo menos del 7 por ciento del total de los títulos defolteados en 2001, mientras que el resto aceptó las condiciones argentinas de repago, lo que les permitió a los acreedores comenzar a cobrar y a la economía local crecer sin el corset de la deuda. Los fondos buitre realizan inversiones de altísimo riesgo y apuestan, con billetera, paciencia y lobby, a cobrar en algún momento y así hacerse de ganancias extraordinarias. NML Capital, de Paul Singer, compró los bonos en 2008 y si logra cobrar lo que la sentencia de Griesa indica, embolsaría una ganancia en dólares de 1600 por ciento. De 50 millones invertidos en esos títulos pasaría a cobrar 800 millones.

La reunión de hoy a las 11 hora de Manhattan será la quinta entre representantes del Gobierno y el mediador Daniel Pollack. No estarán presentes los fondos buitre. “Buscamos llegar a un acuerdo justo para todos los bonistas. Y con ese fin sabemos que toda negociación lleva su tiempo. En virtud de la resolución del juez Griesa, vamos a promover un diálogo que establezca una posición de negociación justa, equitativa y sustentable para todos los bonistas”, indicó ayer Capitanich en su conferencia de prensa matutina.

El juez Griesa firmó su fallo en favor de los fondos buitre en febrero de 2012 a partir de una curiosa interpretación de la cláusula pari passu (de tratamiento igualitario), incluida en los bonos para asegurarles a los que ingresaban a los canjes que luego no vendrían ofertas mejores. Griesa consideró que la Argentina discriminaba a los holdouts y ordenó pagarles la deuda sin quita. Ese fallo fue ratificado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Luego, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió no intervenir en el caso dejando firme la sentencia inicial.

La situación es compleja porque Griesa trabó a los bonistas del canje la posibilidad de cobrar el vencimiento de deuda del 30 de junio hasta que se les pague a los buitres. El Gobierno depositó ese dinero en las cuentas del Bank of New York (BoNY), pero los acreedores no lo recibieron. Si esos tenedores no cobran el miércoles, la Argentina podría ser considerada en default técnico con quienes entraron al canje.

Por su parte, el Gobierno sostiene que pretende acatar el fallo pero que la vigencia de la cláusula RUFO (Right Upon Future Offers) le impide hacerlo. Esa cláusula vence el 31 de diciembre. Por lo tanto, Argentina no puede mejorar la oferta antes de esa fecha sin que toda la reestructuración se vea bajo la amenaza de quedar sin efecto ante los juicios de los bonistas que sí entraron a los canjes. La RUFO habla de oferta voluntaria, por eso los buitres (y también algunos economistas locales) plantean que si el Gobierno acata el fallo, no la incumple. Pero los funcionarios no quieren correr ese riesgo, a la luz del antecedente de este mismo juicio, en donde se dio una interpretación impensada a la pari passu. Por eso buscan que Griesa reponga la medida cautelar (el stay) hasta fin de año. Así, los bonistas seguirían cobrando y la Argentina podría negociar el pago del fallo sin incumplir la ley.